Gobernadores de Morena blindan a Ariadna Montiel frente a Maru Campos

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y otros mandatarios estatales de Morena emitieron un pronunciamiento conjunto de respaldo a Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional del partido, luego de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la señalara de presuntos vínculos con el crimen organizado. El texto, difundido el 23 de octubre, no aporta elementos probatorios ni anuncia una investigación: el respaldo es político, no jurídico, y convierte una acusación unilateral en un pulso entre gobiernos estatales de distinto signo partidista.

La acusación de Campos se produjo en una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola. Ahí sostuvo que Montiel habría trasladado su residencia a Chihuahua tras adquirir propiedades en la capital y en la Sierra Tarahumara, y afirmó: "Chihuahua no va a dejar que entre ningún narcocandidato ni ningún narcopartido al estado". La gobernadora no presentó documentos ni denuncias formales en esa conversación; hasta ahora se trata de una imputación pública sin sustento probatorio conocido, lo que no la vuelve irrelevante políticamente, pero sí la distingue de una acusación judicial.

Montiel respondió en redes sociales: "Si tiene pruebas de algún delito, preséntelas ante las autoridades competentes". Rechazó los señalamientos y contraatacó al vincular el gobierno de Campos con la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo en territorio nacional, un tema que la gobernadora había mencionado en la misma entrevista. El intercambio escaló de una acusación personal a una disputa sobre soberanía y seguridad, dos ejes que ordenan buena parte del debate rumbo a 2027.

El pronunciamiento de los gobernadores calificó de inaceptable el uso de acusaciones para afectar reputaciones y sostuvo que "quien acusa tiene la obligación moral y legal de presentar pruebas". Durazo escribió en X: "En la política no todo se vale. La calumnia y la difamación nunca estarán por encima de la verdad, la integridad y el trabajo honesto al servicio del pueblo". El documento no menciona a Campos por nombre ni anuncia acciones legales; su función es mostrar cohesión interna y desactivar el costo político de la acusación.

La lectura política

El respaldo cumple una función práctica: coloca a Montiel en posición de ser protegida por el aparato territorial de Morena antes de que la acusación se institucionalice. No es una candidatura formal ni una precandidatura registrada; es un posicionamiento defensivo que busca que el señalamiento no se convierta en tema de campaña en Chihuahua, donde el PAN gobierna y donde Morena necesita disputar la gubernatura.

El incentivo de Durazo y los demás gobernadores es doble. Por un lado, preservan la unidad de un partido que enfrenta una acusación de alto costo simbólico en una plaza estratégica. Por otro, envían una señal a la militancia y a los aspirantes: la dirigencia no queda sola cuando es atacada desde el PAN. Esa señal importa porque la sucesión de 2027 exige que Morena llegue con un mando nacional sin fisuras visibles.

El límite es claro: el pronunciamiento no sustituye una investigación ni una denuncia. Si Campos presenta pruebas ante la Fiscalía General de la República o la Fiscalía de Chihuahua, el blindaje político podría convertirse en costo. Si no las presenta, la acusación queda como un episodio de confrontación partidista que Morena intentará capitalizar como "guerra sucia".

Qué sigue

La pelota está en dos canchas. La primera es la fiscal: no hay denuncia conocida de Campos contra Montiel, y sin ella la acusación no tiene cauce institucional. La segunda es la política: Morena definirá si el respaldo se traduce en actos de campaña en Chihuahua o se queda como declaración. También queda pendiente la respuesta de la dirigencia nacional del PAN y el uso que Campos dé al tema en su propio posicionamiento rumbo a 2027.