RUTA 27 · MEDIUM
Gobernadores de Morena replican comunicado y blindan a Sheinbaum en caso INE
Cinco mandatarios difundieron casi al mismo tiempo un texto idéntico, con solo el nombre del estado cambiado, para respaldar la versión presidencial sobre los contratos electorales y desmarcar a Taddei de Morena.
Gobernadores de Morena difundieron casi simultáneamente un comunicado idéntico para respaldar la acusación de Sheinbaum sobre irregularidades históricas en contratos del INE y rechazar vínculos de Guadalupe Taddei con el partido. La sincronía sugiere una operación coordinada de defensa política rumbo a 2027, cuando el árbitro electoral vuelve a estar en el centro de la disputa.
Gobernadores de Morena difundieron casi al mismo tiempo un comunicado con la misma redacción —solo cambiaba el nombre del estado y del mandatario— para respaldar la acusación de la presidenta Claudia Sheinbaum de que las irregularidades en contratos de materiales electorales se remontan a varias décadas y no nacieron con la Cuarta Transformación. El texto también rechaza que exista una relación entre la ex presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y el partido gobernante.
Entre los firmantes están Eduardo Ramírez, de Chiapas; Américo Villarreal, de Tamaulipas; Salomón Jara, de Oaxaca; Margarita González, de Morelos, y Graciela Domínguez, de Sinaloa, quien además difundió un video en el que sostuvo que "la corrupción tiene historia" y aludió a los integrantes de la organización Somos. La réplica casi simultánea y con redacción idéntica es el dato políticamente relevante: no se trata de cinco posicionamientos independientes, sino de una línea coordinada que busca instalar una versión única sobre el caso INE.
El comunicado retoma la información presentada por Sheinbaum y por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, durante la conferencia matutina. Menciona una estructura empresarial que durante décadas concentró contratos con organismos electorales y cita nombres como los de Guadalupe Acosta Naranjo, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo —integrantes de Somos—, así como del ex presidente del INE Lorenzo Córdova. También aparecen los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, con antecedentes en la Secretaría de Gobernación de los años ochenta y en el CISEN.
El texto pide, sin embargo, distinguir "los hechos documentados de aquellos que requieren una investigación más profunda" y sostiene que "no se trata de emitir juicios anticipados". Sobre Taddei, los gobernadores subrayan que su trayectoria en organismos electorales comenzó antes de la llegada de Morena al gobierno federal: en 2014 fue designada presidenta del organismo electoral de Sonora por el Consejo General del INE que encabezaba Córdova, y en 2023 llegó a la Presidencia del INE mediante insaculación, luego de que la Cámara de Diputados no alcanzó la mayoría calificada.
El comunicado omite un elemento verificable: Morena tenía mayoría en San Lázaro y su bancada participó en la integración del Comité Técnico de Evaluación que elaboró las quintetas de aspirantes, entre ellos Bertha Alcalde, identificada con el partido. Esa omisión no invalida el argumento de la insaculación, pero acota su alcance: la llegada de Taddei no fue una designación partidista directa, aunque el proceso que la hizo posible no fue ajeno a la correlación de fuerzas en la Cámara.
La lectura política
El movimiento cumple una función práctica de contención. La acusación presidencial sobre los contratos del INE coloca al árbitro electoral en el centro del debate público a menos de un año del arranque formal del proceso 2027, y los gobernadores salen a respaldarla con un texto homogéneo que busca dos cosas: fijar la versión oficial de que la corrupción electoral es heredada y no atribuible a la 4T, y desmarcar a la actual presidenta del INE de cualquier lectura de complicidad con Morena.
El incentivo de los mandatarios es doble. Por un lado, alinearse con la Presidenta en un tema de alto perfil les garantiza posición dentro de la coalición gobernante en un ciclo donde se disputan gubernaturas y espacios de poder territorial. Por otro, la réplica idéntica funciona como una medición de lealtades: quien no firma o tarda en hacerlo queda expuesto. En la práctica, el comunicado opera como un posicionamiento coordinado de cara a la sucesión, no como una candidatura formal ni como una precandidatura de facto, pero sí como una señal de disciplina interna.
El límite es claro: ningún gobernador ha presentado pruebas propias ni ha abierto una investigación estatal sobre los contratos. El texto remite a "las autoridades competentes" y evita juicios anticipados, lo que le permite respaldar políticamente la acusación sin comprometerse jurídicamente con ella. Esa ambigüedad calculada es, a la vez, su fuerza y su fragilidad.
Qué sigue
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno deberá definir si la investigación presentada en la mañanera se traduce en denuncias formales ante la Fiscalía General de la República o en procedimientos administrativos contra servidores públicos en activo o retirados. El INE, por su parte, enfrenta la presión de pronunciarse sobre la concentración de contratos y sobre la relación institucional con los proveedores señalados. En el Congreso, la discusión sobre el presupuesto y la integración del árbitro electoral para 2027 será el siguiente punto de fricción verificable.