Humphrey atribuye el caso Taddei al 'maxipoder' del INE

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Carla Humphrey vinculó el presunto favoritismo de la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, hacia dos consorcios ligados al empresario José Alfredo Hernández con una causa institucional concreta: el "maxipoder" que el Consejo General le otorgó para nombrar funcionarios de alto nivel sin consultar al resto de los consejeros. La declaración, hecha en entrevista, convierte una investigación periodística sobre contratos en una disputa abierta sobre cómo se reparte el poder dentro del árbitro electoral a menos de un año del arranque formal del proceso 2026-2027.

El detonante son los señalamientos sobre Cajas Graf y Corporativo Zeg, empresas vinculadas a Hernández —descrito como amigo de la consejera presidenta— que han recibido contratos del INE para materiales electorales. Taddei ofreció un mensaje a medios para responder, pero Humphrey criticó que avisara 15 minutos antes y que no presentara el micrositio que anunció para alojar los contratos del instituto. Para la consejera, la explicación no dio certeza sobre la actuación de la presidencia.

La discusión escaló en la sesión del Consejo General del jueves. El consejero Arturo Castillo admitió que la información pública "sí está generando suspicacias alrededor del instituto" y que eso "no le conviene a nadie", aunque dejó en Taddei la decisión de renunciar. En sentido opuesto, el bloque afín a la presidenta —Frida Gómez, Jorge Montaño, Uuc-kib Espadas— pidió esperar las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación y del Órgano Interno de Control. Montaño sostuvo que pedir la renuncia "se puede interpretar como un acto de violencia de género"; Espadas reconoció que las conductas atribuidas son graves, pero consideró que no bastan para removerla.

La lectura política

El movimiento de Humphrey no es una renuncia ni una candidatura: es un posicionamiento que busca trasladar el conflicto del terreno de la amistad al del diseño institucional. Al nombrar el "maxipoder", coloca la discusión donde puede resolverse con reglas —reparto de facultades, contrapesos internos, transparencia contractual— y no solo con la salida de una persona. Eso le da margen para criticar sin cargar con la demanda de renuncia que el bloque taddeísta ya etiquetó como violencia de género.

El equilibrio interno del Consejo queda a la vista. Taddei llegó a la presidencia con un acuerdo político que le dio facultades de nombramiento poco usuales; hoy ese arreglo se vuelve el argumento en su contra. Quienes la respaldan no defienden los contratos: defienden la estabilidad del instituto y trasladan la carga de la prueba a auditorías que tardarán meses. Quienes la cuestionan no piden necesariamente su cabeza: piden certeza antes de que el INE tenga que organizar 17 gubernaturas y los conteos rápidos que ya asumió por unanimidad.

La consecuencia electoral es indirecta pero real. El INE entra a 2027 con su presidencia bajo escrutinio y con un Consejo dividido en bloques identificables. Cada acuerdo sobre paridad, fiscalización, encuestas o casillas se leerá a través de esa fractura, y los partidos tendrán incentivos para impugnar decisiones que antes habrían pasado sin ruido. La señal a aliados y adversarios es que la presidencia del árbitro ya no opera como espacio neutral.

Qué sigue

La pelota está en dos canchas: la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control, cuyos resultados no tienen fecha pública confirmada. En paralelo, el Consejo General deberá resolver los pendientes de paridad para las 17 gubernaturas y los lineamientos de acciones afirmativas, donde la correlación de bloques ya importa. El micrositio de contratos anunciado por Taddei sigue sin presentarse a los consejeros; su publicación —o su ausencia— será el primer termómetro verificable de si la presidencia del INE puede recuperar margen institucional.