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RUTA 27 · MEDIUM

IEE Colima se deslinda de proveedores señalados; presión sube al INE

El presidente provisional del órgano electoral colimense negó cualquier negociación con las siete empresas cuestionadas por la ASF y la UIF. El deslinde llega cuando el proceso 2026-2027 ya está en marcha.

Ilustración editorial de Ruta 27 sobre coaliciones y negociaciones partidistas
Ilustración editorial de Ruta 27; no representa una fotografía del acontecimiento.
EN 30 SEGUNDOS

Juan Ramírez Ramos, presidente provisional del IEE Colima, negó que el órgano local haya contratado a las siete empresas señaladas por la ASF y la UIF como favorecidas por el INE. Dijo que trabaja con Talleres Gráficos de México. El deslinde ocurre con el proceso electoral 2026-2027 ya instalado y mientras la ASF revisa a OPLEs de al menos 13 estados, incluido Colima.

El presidente provisional del Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE Colima), Juan Ramírez Ramos, rechazó que ese órgano haya negociado o adquirido bienes con las siete empresas que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han señalado como beneficiarias de adjudicaciones del Instituto Nacional Electoral (INE). La declaración no es un trámite: llega cuando el proceso electoral local 2026-2027 ya está formalmente instalado y cuando la ASF anunció que su revisión alcanzará también a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Ramírez Ramos sostuvo que el IEE Colima trabaja desde hace años con Talleres Gráficos de México, organismo público descentralizado, y que no ha contratado a Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández ni Comercializadora Grupo Selati. El deslinde es puntual: no niega las irregularidades que investiga la ASF, sino la participación del órgano colimense en ese circuito de proveedores.

El contexto que hace relevante la precisión es la cifra: esas empresas acumulan alrededor de mil 767.1 millones de pesos en contratos con institutos electorales locales entre 2018 y 2024, según los expedientes citados. La ASF informó que investigará "con absoluta independencia, objetividad y rigor técnico" los indicios de irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos, y que sus revisiones abarcarán al INE, a los OPLE y a las empresas proveedoras. La UIF y la ASF deberán establecer qué empresas participaron, qué relaciones corporativas y financieras mantienen y si hubo irregularidades en las adjudicaciones o en el uso de recursos públicos.

El nombre de Colima aparece en el universo de la investigación porque los OPLE de al menos 13 estados contrataron con el mismo conglomerado, no porque exista hasta ahora una resolución que acredite irregularidades en el órgano local. Esa distinción importa: el deslinde de Ramírez Ramos es una declaración política y administrativa, no una exculpación documentada. La evidencia disponible no permite afirmar que el IEE Colima haya sido beneficiado ni que haya sido omiso; tampoco permite descartarlo. Lo que falta es el cruce de contratos locales que la ASF deberá publicar.

La lectura política

El movimiento de Ramírez Ramos cumple una función práctica: separar al árbitro electoral colimense del escándalo que ya toca al INE y a su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala. En un año en que el IEE Colima puso en marcha el proceso 2026-2027 y en que el propio Ramírez Ramos invitó a los colimenses en el extranjero a votar por la gubernatura, la credibilidad del órgano es un activo político. Un OPLE cuestionado por sus compras contamina la elección antes de que empiece.

El incentivo es doble. Hacia adentro, el deslinde busca contener cualquier sospecha sobre la cadena de adquisiciones de boletas, urnas y materiales. Hacia afuera, envía una señal a los partidos y a los aspirantes a la gubernatura de 2027: el árbitro local no está en la lista de los señalados. No es una candidatura ni una precandidatura de facto; es una operación de blindaje institucional en la antesala de una elección donde el IEE tendrá que organizar, sancionar y calificar.

El límite es claro: el deslinde no sustituye la revisión de la ASF. Si la auditoría encuentra contratos locales con las mismas empresas, la declaración de Ramírez Ramos quedará como posición inicial, no como conclusión. Y si no los encuentra, el órgano colimense habrá ganado margen para exigir que la investigación no se convierta en una sospecha generalizada sobre todos los OPLE.

Qué sigue

La ASF deberá precisar qué OPLE contrataron con el conglomerado y en qué fechas; la UIF, determinar si hubo triangulación financiera. Para Colima, el paso verificable es la publicación de los cruces de contratos 2018-2024 del IEE Colima y la respuesta del órgano a cualquier requerimiento federal. En paralelo, el proceso electoral local 2026-2027 sigue su curso y el IEE tendrá que adjudicar materiales para la jornada; ahí se verá si el deslinde se sostiene en los hechos.

Actualización

El INE Colima inicia la campaña de renovación de credenciales, un paso operativo concreto que avanza la organización electoral local mencionada en la historia previa sobre el IEE Colima y el proceso 2026-2027. Leer el nuevo desarrollo.