IEEH: su presidenta calla ante TEEH e INE y Hidalgo 2027 espera árbitro

La presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), María Magdalena González Escalona, enfrenta dos frentes abiertos al mismo tiempo: un recurso ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) por la aprobación del manual de organización del instituto y un expediente de remoción en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE). Cuestionada tras la sesión extraordinaria del lunes 9 de noviembre, la consejera presidenta evitó pronunciarse sobre ambos y sostuvo que esperará a que concluyan los procedimientos jurisdiccionales antes de emitir una postura.

El expediente en el INE, identificado con la clave UT/SCG/PRCE/BMO/JL/HGO/13/2026, fue promovido por Benjamín Martínez Ortiz. Según la evidencia disponible, el promovente señala presuntas faltas graves relacionadas con la independencia e imparcialidad de la función electoral, así como posibles nombramientos o ratificaciones contrarios a las disposiciones aplicables. Entre los señalamientos aparece un supuesto conflicto de interés en la asignación de cargos a favor de Juan Carlos Mendoza Meza, quien se desempeñó como secretario ejecutivo de la Junta Local del INE en Hidalgo hasta mediados de 2023 y posteriormente fue designado director técnico de la Presidencia del IEEH. La queja también refiere una presunta contratación directa por 410 mil pesos de un exfuncionario vinculado a la agrupación política Somos México para servicios de asesoría.

González Escalona afirmó que no ha recibido notificación oficial del procedimiento de remoción en su contra y que, cuando exista una comunicación formal, la dará a conocer públicamente. Sobre el recurso ante el TEEH, indicó que se trata de un asunto que debe resolverse en el ámbito jurisdiccional y que primero debe agotarse ese procedimiento antes de que ella fije una postura, incluso si el Tribunal llegara a encontrar irregularidades en el manual.

Respecto a la creación de la dirección ocupada por Mendoza Meza, la presidenta evitó justificar directamente el cargo y remitió al procedimiento en curso. Aclaró que toda la estructura administrativa del IEEH ha sido aprobada por el Consejo General mediante los proyectos de presupuesto, práctica que, aseguró, se incorporó desde su llegada a la presidencia. Sostuvo que cualquier persona que consulte esos documentos puede conocer los cargos contemplados y que todas las direcciones perciben un salario mensual de 42 mil pesos, cantidad que dijo corresponde a sus recibos de nómina.

El punto jurídicamente sensible es el que describe la propia queja: la aprobación del manual de organización mediante la Junta Estatal Ejecutiva, sin intervención del Consejo General. Si el TEEH confirma que ese procedimiento debió pasar por el órgano colegiado, el conflicto deja de ser un diferendo administrativo y se convierte en una discusión sobre la validez de la estructura con la que el IEEH operará el proceso electoral de 2027. La presidenta sostuvo que las controversias no afectarán la colegialidad ni los consensos dentro del Consejo General de cara a ese proceso.

La lectura política

En la práctica, el caso coloca a la presidencia del IEEH en una posición de fragilidad institucional en el momento menos conveniente: el arranque formal del proceso electoral local de 2027. No es una candidatura ni una aspiración partidista, pero sí es un cuestionamiento directo a la autoridad que organizará la elección. La decisión de no pronunciarse hasta que resuelvan el TEEH y el INE funciona como una estrategia de contención: evita dar material a los promoventes y traslada el costo político a los tribunales, aunque también deja a la presidencia sin narrativa pública mientras el expediente avanza.

El equilibrio interno del Consejo General es el otro flanco. La queja cuestiona que la Junta Estatal Ejecutiva aprobara el manual sin el Consejo, lo que toca la distribución de poder entre la presidencia y el órgano colegiado. Si el TEEH da la razón al promovente, no solo se revisa el manual: se redefine quién manda en la estructura administrativa del instituto. El señalamiento sobre Mendoza Meza —exsecretario ejecutivo de la Junta Local del INE en Hidalgo y hoy director técnico de la Presidencia— introduce además un elemento de redes profesionales entre el INE y el IEEH que los promoventes presentan como conflicto de interés y que la presidencia no ha desmentido públicamente.

La señal rumbo a 2027 es doble. Para los partidos y aspirantes, un árbitro cuestionado ante el TEEH y el INE es un árbitro cuya imparcialidad será disputada en cada resolución relevante. Para el propio IEEH, el antecedente verificable es que ya opera con 31 procedimientos sancionadores abiertos antes del avance del proceso electoral, según informó la propia González Escalona el 7 de octubre. La acumulación de frentes —sancionadores, recurso jurisdiccional y expediente de remoción— no prueba irregularidad, pero sí anticipa que la autoridad electoral hidalguense entrará a 2027 con su legitimidad bajo escrutinio.

Qué sigue

El TEEH debe resolver el recurso sobre el manual de organización; la fecha de resolución no está confirmada en la evidencia disponible. En paralelo, la UTCE del INE debe sustanciar el expediente UT/SCG/PRCE/BMO/JL/HGO/13/2026 y, en su caso, notificar formalmente a la presidenta, quien dijo que hará pública cualquier comunicación oficial. El Consejo General del IEEH tiene pendiente el calendario rumbo a 2027, incluidos los criterios de postulación con paridad y acciones afirmativas que se abordarían en octubre. La pregunta verificable es si el TEEH y el INE resuelven antes de que arranque formalmente el proceso electoral local.