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IEEM obligará a partidos a postular migrantes; listas, en disputa
El Tribunal Electoral del Estado de México ordenó garantizar el derecho a ser votado de quienes radican fuera del país en diputaciones plurinominales. El IEEM aún debe definir en qué lugar de la lista y con qué acción afirmativa.

El IEEM hará obligatorio que todos los partidos postulen a mexiquenses residentes en el extranjero en las diputaciones de representación proporcional de 2027, por mandato del Tribunal Electoral del Estado de México. La regla todavía no define lugar en la lista ni escaño reservado, y los partidos no podrán hacer campaña fuera del país. Es la primera vez que la diáspora mexiquense entra a las listas
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) convertirá en obligación para todos los partidos postular a mexiquenses residentes en el extranjero en las diputaciones locales de representación proporcional de 2027. La consejera presidenta del organismo, Amalia Pulido Gómez, confirmó que la medida no será opcional y que los institutos políticos tendrán que ajustarse a lo que determine el árbitro electoral local porque deriva de una sentencia. El movimiento tiene consecuencia inmediata: toca el instrumento que las dirigencias partidistas controlan con mayor celo, la integración de sus listas plurinominales.
El origen es una resolución del pleno del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), emitida la semana pasada, que determinó que las personas nacidas en la entidad con credencial para votar actualizada y radicadas fuera de México deben tener a salvo no sólo el derecho a votar, sino también el de ser votadas, al menos en la elección de diputaciones de representación proporcional. El tribunal mandató al IEEM hacer los ajustes necesarios.
La sentencia, sin embargo, dejó abiertos los puntos que más importan en la práctica. No precisa en qué lugar de la lista deben colocarse esas candidaturas ni si debe tratarse de una diputación reservada. Pulido Gómez explicó que el instituto deberá determinar "en qué sentido se va a dar esta acción afirmativa" y que la discusión inmediata es instrumental: si la regla se incorpora al reglamento o a los lineamientos para la postulación de candidaturas, o si se emite como un acuerdo separado del Consejo General. "Tenemos que hacer un acuerdo del Consejo General; estamos ahorita en el análisis", dijo.
Hay un límite que la propia consejera presidenta subrayó: la ley impide a los partidos hacer campaña fuera del territorio nacional. Es decir, la obligación alcanza a la postulación, no a la propaganda en el exterior. Para difundir la medida, el IEEM prevé apoyarse en la comisión del voto de mexiquenses que radican en el extranjero, aunque primero deberá revisar su calendario de actividades y la suficiencia presupuestal. El instituto sostiene que cuenta con condiciones financieras y operativas para organizar el proceso de 2027 pese a la reducción de recursos, en un año en que prevé contratar a por lo menos cinco mil personas de manera temporal entre vocales, consejeros, capacitadores y asistentes electorales.
El dato que ordena el debate de fondo: en el Estado de México no existe legalmente la figura de la diputación migrante, como sí ocurre en otras entidades. Por eso el registro que se delimite en los próximos días abriría, por primera vez, la posibilidad de que alguien fuera del país llegue al Congreso mexiquense. Pulido Gómez anticipó que se prevé una propuesta al Congreso local en ese sentido.
La lectura política
El movimiento funciona, en la práctica, como una cuota de elegibilidad sin cuota: obliga a los partidos a incluir candidaturas migrantes, pero todavía no les garantiza una posición. Ahí está el pulso real. En un sistema de representación proporcional con listas cerradas por partido, el valor político de un lugar no depende del derecho reconocido sino del número que ocupa. Si el IEEM no reserva posiciones, la obligación puede cumplirse con lugares de baja o nula probabilidad, y el derecho quedará formalmente satisfecho con efecto político mínimo.
Los incentivos están claros. Para las dirigencias partidistas, cada espacio comprometido en la lista es margen que se resta a la negociación interna, a los grupos locales y a los acuerdos de coalición. Para el IEEM, en cambio, el mandato judicial es una ampliación de su facultad regulatoria: gana centralidad al fijar criterios de acción afirmativa, pero también hereda el costo político y la probabilidad de impugnación. Y para el Congreso local queda la decisión estructural, la creación de la diputación migrante, que es la vía que resolvería de raíz lo que hoy se atiende por sentencia.
Conviene precisar qué no ha ocurrido. No hay candidatura, precandidatura ni aspirante registrado; lo que existe es una regla de elegibilidad en construcción. Tampoco hay todavía una decisión sobre el lugar en la lista ni sobre el número de espacios. La señal que se envía a las asociaciones de paisanos, con las que el instituto mantiene acercamiento desde varios procesos, es que su peso empieza a traducirse en obligaciones exigibles; la señal a los partidos es que el acomodo de sus listas rumbo al 6 de junio de 2027 ya tiene un candado externo.
Qué sigue
El IEEM debe someter al Consejo General, en los siguientes días, el acuerdo que defina el instrumento: reglamento, lineamientos de postulación o acuerdo específico. De esa decisión depende el calendario. En paralelo deberá fijar los criterios de la acción afirmativa, es decir, cuántos espacios, en qué segmento de la lista y si se reserva una diputación, además de revisar la suficiencia presupuestal de las tareas de difusión con la comisión del voto en el exterior. Cualquiera de esos puntos es impugnable ante el TEEM y, eventualmente, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La otra ruta corre por el Congreso mexiquense, donde la eventual propuesta de diputación migrante entraría a la agenda local antes del arranque formal del proceso electoral de 2027.