IEM prepara reglas para que la paridad no se quede en municipios perdidos

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) trabaja en lineamientos que obligarían a los partidos a postular mujeres no solo en el número que exige la ley, sino en municipios donde efectivamente puedan ganar. El movimiento se presenta como un ajuste técnico de reglas de paridad, pero toca la zona del arreglo electoral donde los partidos ejercen su margen real: el mapa. Cumplir una cuota numérica es relativamente barato si se paga con candidaturas testimoniales; repartir posiciones competitivas implica ceder territorios, presupuesto y estructura.

El consejero electoral Ian Aguilar Madrigal —quien preside las comisiones de Fiscalización; Transparencia; y de Igualdad de Género, No Discriminación y Derechos Humanos— reconoció que la participación de las mujeres en las presidencias municipales sigue siendo uno de los pendientes mayores: actualmente ocupan alrededor del 30 por ciento de esos cargos. De ahí la fórmula que planteó: "La idea es que también en los municipios podamos tener o exigir una cuota mínima para integrar".

El nudo está en el complemento. Aguilar advirtió que fijar porcentajes no basta, porque el resultado puede ser que las candidatas se concentren justo donde el partido no tiene nada que perder: "Aquí el tema es cuáles son los municipios en los que vamos a estar solicitando que se integre una mujer, porque finalmente pudiera pensarse que se integrarían únicamente en municipios que a lo mejor no son competitivos". La evidencia disponible no precisa cómo se medirá esa competitividad: no se sabe si se usará el resultado de la elección anterior, el tamaño del padrón, el desempeño de la coalición o una combinación. Ese vacío es, por ahora, la parte más relevante del anuncio.

Cuota, competitividad y el problema de las alcaldías

Los lineamientos se elaboran con los partidos políticos y deberán pasar al Consejo General del IEM para su definición. En paralelo, el Instituto realiza consultas para fijar criterios de autoadscripción y mecanismos de acreditación de las acciones afirmativas dirigidas a personas de la diversidad sexual, indígenas, afromexicanas, con discapacidad y migrantes, con el objetivo declarado de "evitar la simulación que se estuvo dando en procesos anteriores".

Aguilar distinguió una dificultad específica: mientras las acciones afirmativas para el Congreso local ya están contempladas y en sindicaturas y regidurías el panorama está más definido, en las presidencias municipales los criterios siguen en discusión. La razón es estructural: la alcaldía es un cargo uninominal, con un solo ganador por municipio, así que la paridad no puede resolverse dentro de un ayuntamiento; tiene que resolverse sobre el conjunto de los municipios. Y eso es precisamente lo que convierte la "competitividad" en una decisión política y no en un dato neutral.

El consejero abordó otros dos frentes. Sobre violencia política en razón de género, consideró insuficientes las sanciones actuales y planteó medidas más drásticas, aunque aclaró que hablaba a título personal. En seguridad, informó acercamientos con la Secretaría de Gobierno para instalar una mesa de coordinación con instancias estatales, federales y municipales, y delimitó responsabilidades: al IEM le corresponde garantizar casillas, boletas y conteo; la seguridad, a las autoridades competentes. También dijo que el Instituto ya definió su presupuesto para 2027 y solicitó ampliación para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), órganos distritales y material electoral.

La lectura política

El movimiento desplaza la discusión de la paridad desde el "cuántas" hacia el "dónde", que es el terreno donde los partidos negocian de verdad. Una cuota de género se puede cumplir formalmente colocando mujeres en municipios donde la derrota está cantada; esa es la simulación que el IEM dice querer frenar, y el incentivo partidista para hacerlo es evidente: nadie pierde una plaza rentable por cumplir.

Si el criterio de competitividad se aprueba con dientes, el partido que hoy administra su cuota con candidaturas de relleno pierde ese margen y debe reacomodar cuadros, acuerdos locales y compromisos de coalición. Ahí está la señal rumbo a 2027: Michoacán renueva gubernatura, Congreso local y ayuntamientos, y el modo en que el árbitro decida meterse en el reparto territorial será leído por los partidos como medida de su margen de maniobra para las coaliciones y las candidaturas municipales.

El punto delicado es institucional: el regulado participa en el diseño de la regla que lo va a constreñir. Los lineamientos se trabajan con los partidos, de modo que la negociación se trasladará al texto —qué se entiende por competitivo, con qué fórmula, con qué excepciones— antes de llegar al Consejo General. Si la regla no cubre el reparto de candidaturas dentro de coaliciones, puede diluirse en la letra pequeña; la evidencia disponible no permite afirmar todavía si esos acuerdos quedarán comprendidos.

Conviene precisar el límite: no hay norma aprobada ni candidaturas. Lo que existe es un lineamiento en elaboración, una declaración de un consejero y consultas en curso. Nada de esto constituye aún una candidatura, una precandidatura ni un posicionamiento de aspirante alguno; es diseño de reglas, y su alcance real se conocerá cuando el Consejo General vote el documento.

Qué sigue

El primer paso verificable es la presentación del proyecto de lineamientos ante el Consejo General del IEM; la evidencia no precisa fecha. Después vienen los criterios de autoadscripción y acreditación de acciones afirmativas, hoy en consulta, y la instalación —también sin fecha confirmada— de la mesa de coordinación en seguridad con la Secretaría de Gobierno.

El calendario aprieta: según el calendario difundido el 8 de octubre de 2026, las precampañas de la gubernatura arrancan el 4 de enero de 2027 y las de diputaciones locales y ayuntamientos el 14 de enero. Para que la regla no llegue a destiempo, la definición tendría que producirse antes de esas fechas. En paralelo, el Instituto espera respuesta a su solicitud de ampliación presupuestal para el PREP y la operación del proceso.