RUTA 27 · HIGH
INE: 318 contratos directos por cada licitación en era Córdova
Un análisis de registros de contratación de cuatro años ubica 57.75% del gasto revisado en adjudicaciones directas. La cifra no prueba irregularidad, pero devuelve el escrutinio a la gestión anterior justo cuando el INE organiza 2027.
Un análisis de registros de contratación del INE correspondientes a 2019, 2021, 2022 y 2023 encontró 171 mil 323 adjudicaciones directas frente a 539 licitaciones públicas, casi 318 por cada concurso abierto. Esas adjudicaciones concentraron 57.75% del gasto revisado. No acredita ilegalidad, pero traslada el escrutinio de la gestión de Guadalupe Taddei a la de Lorenzo Córdova y toca la credibilida
Durante la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), las adjudicaciones directas superaron a las licitaciones públicas en una proporción cercana a 318 a uno, según una revisión de registros de contratación de 2019, 2021, 2022 y 2023. El dato no acredita por sí mismo irregularidades —la ley permite la adjudicación directa bajo supuestos definidos—, pero sí mide cuánto del gasto del árbitro electoral se ejerció sin concurso abierto y coloca el debate sobre su control interno en plena ruta hacia 2027.
La revisión de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) identificó 171 mil 323 registros clasificados como adjudicaciones directas frente a 539 de licitación pública. En términos económicos, las primeras concentraron 3 mil 608 millones 880 mil 854 pesos, equivalentes a 57.75% de los 6 mil 249 millones 631 mil 759 pesos identificados en el periodo. Las licitaciones públicas sumaron 2 mil 438 millones 273 mil 113 pesos, 39.01% del gasto registrado.
La diferencia económica entre ambas modalidades alcanzó mil 170 millones 607 mil 741 pesos, con una relación de 1.48 pesos de adjudicación directa por cada peso licitado. El contraste más pronunciado es el numérico: por cada licitación pública aparecen aproximadamente 318 registros de adjudicación directa, una proporción muy superior a la que muestran los montos. Esa asimetría sugiere que buena parte de las compras de menor cuantía se canalizó por la vía sin concurso, mientras los contratos mayores pasaron por licitación. Es una hipótesis que los registros permiten plantear, no una conclusión cerrada.
Los propios datos tienen límites que conviene precisar. Cubren cuatro años y no representan la totalidad de las contrataciones del periodo; además, la clasificación de algunos registros debe depurarse. La diferencia entre modalidades tampoco equivale a falta: la Ley de Adquisiciones admite la adjudicación directa por montos, urgencia, proveedor único o condiciones de seguridad, entre otros supuestos. Lo que las cifras sí permiten es examinar las justificaciones, características y condiciones bajo las cuales se ejercieron esos contratos.
El hallazgo adquiere peso porque el escrutinio sobre el INE ya no se limita a la administración de Guadalupe Taddei, iniciada en abril de 2023. La indagatoria en curso sobre una red de empresas proveedoras de urnas, mamparas y boletas —entre ellas Cajas Graf, Corporativo ZEG, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México y Diseño, Reconstrucción y Comunicación— ha recuperado antecedentes de la etapa de Córdova. Según información difundida, esas compañías ya participaban en procedimientos del INE antes de 2023, aunque participar en una licitación no implica haber obtenido el contrato.
El Órgano Interno de Control (OIC) del INE reportó a la Cámara de Diputados 16 expedientes de investigación abiertos durante 2025 y 2026, y las contrataciones vinculadas a esa red empresarial alcanzarían unos 2 mil 461 millones de pesos al sumar al instituto nacional y a los organismos electorales locales.
La lectura política
El momento del dato importa más que el dato mismo. La administración de Córdova se consolidó como referente de autonomía frente al Ejecutivo, y ese capital político hacía políticamente costoso auditar su gestión. Con Taddei ya bajo cuestionamiento, la revisión de los años anteriores modifica el equilibrio: el escrutinio deja de ser una disputa sobre una persona y se convierte en una discusión sobre el modelo de compras del INE.
Para el oficialismo, el hallazgo ofrece munición: permite presentar el problema como sistémico y no como producto de una administración específica, diluyendo la presión sobre la actual presidencia. Para los defensores de la autonomía, la cifra es incómoda porque asocia el discurso de independencia con un patrón de contratación poco concurrido. Ninguno de los dos bandos puede usar el dato como prueba de ilegalidad; ambos pueden usarlo como argumento político.
La consecuencia electoral es indirecta pero real. El INE organiza la elección de 2027, ya aprobó la boleta de diputaciones federales con los emblemas de PAZ y SOMOS y alista la impresión de más de 100 millones de ejemplares. Cada señalamiento sobre contratación debilita la credibilidad del árbitro en un ciclo donde su desempeño será cuestionado por todos los partidos. La pregunta que queda abierta es si el OIC y la contraloría interna tienen capacidad y voluntad para revisar los expedientes de la etapa anterior con el mismo estándar que aplican a la actual.
Qué sigue
El OIC deberá definir el destino de los 16 expedientes abiertos en 2025 y 2026 y precisar cuántos corresponden a contrataciones previas a 2023. La Cámara de Diputados, que recibió el informe, puede citar al titular del órgano de control para ampliar la información. En paralelo, el INE continúa la organización de 2027: la convocatoria para supervisores y capacitadores electorales ya está abierta, y el Comité Técnico Asesor del PREP quedó instalado. La prueba política será si el instituto transparenta las justificaciones de sus adjudicaciones directas antes de que la campaña las convierta en tema de debate.