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INE amplía pesquisa de proveedores a toda su historia y esquiva el cerco a Taddei
Arturo Chávez y Arturo Castillo llevaron la revisión de contrataciones más allá de la gestión de Guadalupe Taddei, en medio de exigencias de Morena para revisar hasta la década de 1990.
Dos consejeros del INE ampliaron la investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de proveedores electorales: de 10 años a todo el periodo en que el organismo tiene competencia. Justifican la medida como transparencia institucional sin dedicatoria, después de que Claudia Sheinbaum y Morena exigieron revisar hasta los años noventa. La decisión define el alcance de una pesquisa qu
Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) Arturo Chávez y Arturo Castillo ampliaron el alcance de la investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de proveedores electorales: de una propuesta inicial de 10 años pasaron a revisar todo el periodo en el que el organismo tiene competencia legal para indagar. La decisión no se limita a la gestión de la expresidenta Guadalupe Taddei y, según ambos, responde a un ejercicio de transparencia institucional sin destinatario político específico.
La modificación ocurrió después de que la presidenta Claudia Sheinbaum y dirigentes de Morena exigieran que las pesquisas sobre los presuntos negocios de los Hernández Casillas con autoridades electorales se extendieran hasta la década de 1990, periodo en el que, según esos señalamientos, habría comenzado la relación comercial. Castillo rechazó que la ampliación obedezca a presiones o posicionamientos de otros actores políticos, incluido el gobierno federal, y la atribuyó a una determinación propia del Instituto.
"La propuesta inicial fue de 10 años. Y después, a propuesta del consejero Arturo Castillo, se amplió a todo el periodo que tenga competencia. ¿Por qué? Porque justo decíamos: la institución no tiene nada que ocultar o no debe tener nada que ocultar en ningún momento de su historia", explicó Chávez. Castillo añadió: "No tiene dedicatoria. Es apertura. Se trata de limpiar la institución, finalmente, sea como sea".
El movimiento tiene una doble lectura que conviene separar. En términos formales, ampliar el periodo de revisión es una decisión administrativa sobre el alcance de una investigación interna; no constituye una resolución, no determina responsabilidades ni sustituye el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR), ante la que el INE ya presentó una denuncia por presunta corrupción durante la gestión de Taddei. En términos políticos, en cambio, la ampliación reubica el debate: desplaza el foco de una gestión concreta hacia la historia completa del organismo, lo que diluye la asociación entre la pesquisa y la administración de Taddei y, al mismo tiempo, responde a la exigencia morenista de revisar décadas atrás.
La lectura política
El primer incentivo es de protección institucional. Un árbitro electoral que enfrenta cuestionamientos sobre manejo de recursos y relaciones con proveedores necesita, antes de entrar al periodo de competencia rumbo a 2027, demostrar que no acota la revisión a un periodo conveniente. Al abrir todo el historial, los consejeros compran margen de credibilidad frente a la acusación de que la pesquisa se diseñó para golpear o para proteger a alguien en particular.
El segundo incentivo es de equilibrio interno. La exigencia de Sheinbaum y de Morena de revisar hasta los años noventa colocaba al INE ante una disyuntiva incómoda: negarse a ampliar el periodo podía leerse como encubrimiento; aceptarlo sin condiciones podía interpretarse como subordinación al gobierno federal. Castillo intenta resolver esa tensión declarando que la decisión es propia del Instituto y sin dedicatoria. Es una operación de autonomía declarativa: el INE hace lo que el poder le pide, pero lo enmarca como iniciativa propia.
El tercer incentivo es de calendario. La revisión de contrataciones es materia sensible para la integridad del proceso electoral de 2027, cuando el INE deberá organizar comicios federales y, probablemente, concurrentes. Una investigación que abarque toda la historia del organismo puede prolongarse y tocar administraciones de distintos signos políticos, lo que reparte el costo entre varias gestiones y reduce la posibilidad de que el conflicto se personalice en una sola figura.
El límite debe decirse con claridad: no existe aún una candidatura, una precandidatura ni un posicionamiento sucesorio en juego. Lo que está en disputa es el control del relato sobre la integridad del árbitro electoral y la capacidad del Instituto de fijar el perímetro de su propia revisión. Quien gana margen es el INE como institución; quien pierde capacidad de dirigir el escrutinio es el actor político que pretendía marcar el alcance de la pesquisa desde fuera.
Qué sigue
La investigación deberá traducirse en actos verificables: definición del periodo exacto conforme a la competencia legal del Instituto, integración de expedientes, eventuales vistas a la FGR y, en su caso, informes al Consejo General. El precedente relevante es la denuncia ya presentada ante la FGR por presunta corrupción durante la gestión de Taddei, cuyo desenlace marcará la pauta. Falta también conocer si la ampliación se formaliza en un acuerdo del Consejo General y con qué cronograma, elemento que la evidencia disponible no precisa.