INE cancela 49.5 millones para escáneres y módulos siguen sin equipo

El Instituto Nacional Electoral (INE) canceló la autorización para disponer de 49 millones 545 mil pesos del fideicomiso de infraestructura y mejoramiento de los Módulos de Atención Ciudadana, recursos que desde junio de 2024 estaban etiquetados para comprar escáneres de huellas dactilares y lectores de documentos. La compra nunca ocurrió. Dos años después, el Comité Técnico dejó sin efectos el acuerdo original y el dinero regresó a la disponibilidad del fideicomiso, mientras los módulos siguen operando con equipos que los propios trabajadores describen como obsoletos.

El acuerdo 07/2024, aprobado el 27 de junio de ese año, contemplaba dos mil cuatro escáneres decadactilares por 30 millones 875 mil 519.78 pesos y mil 829 lectores de documentos por 18 millones 670 mil 432 pesos. Entre marzo de 2024 y 2026 el INE encadenó cotizaciones, actualizaciones de propuestas a cinco proveedores, revisiones de especificaciones técnicas e investigaciones de mercado sin cerrar una sola adjudicación. Para 2026 el organismo concluyó que necesitaba más equipos —tres mil 432 escáneres y dos mil 955 lectores—, un alza de dos mil 554 unidades que obligaba a tramitar una nueva autorización. El 26 de junio de 2026, mediante el acuerdo 06/2026, el Comité Técnico revirtió la autorización original; cuatro días después la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pidió liberar los 49.5 millones.

El segundo informe trimestral de 2026 reportó cero pesos ejercidos y la liberación total del monto. Registró además avances administrativos de 40 por ciento para los escáneres y 15 por ciento para los lectores, porcentajes que no corresponden a equipos adquiridos sino a trámites. La compra no se realizó.

El asunto llegó a la sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del 23 de septiembre, donde el titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente Contreras, expuso inconsistencias en varios proyectos financiados con el mismo fideicomiso. El OIC señaló el acuerdo INE/JGE10/2022, que autorizó dos millones 96 mil pesos para mejorar 16 módulos: el proyecto aparecía como concluido, pero el informe registraba cero pesos ejercidos, la totalidad como remanente y ningún módulo atendido. También detectó una diferencia de un millón 725 mil 557 pesos entre ministraciones reportadas y gasto comprobado en cuatro acuerdos de 2025 y 2026, y pidió aclarar el caso de 51 millones 68 mil 460.88 pesos para equipo informático que finalmente se compró con ahorros presupuestales y no con recursos fiduciarios.

A la sesión no asistió la entonces consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala; la condujo Roberto Carlos Félix López, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva. Alejandro Sosa Durán, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, reconoció que las observaciones debían incorporarse al documento. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene tres pliegos de observación a la Cuenta Pública 2024 del INE por un posible daño al patrimonio público de 66.5 millones de pesos.

El telón de fondo es material: el día previo al informe, trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana pararon labores para exigir aumento salarial y denunciar equipos de cómputo y dispositivos con años de antigüedad.

La lectura política

El caso no es una falla administrativa aislada: es la evidencia de que el fideicomiso de módulos funciona en la práctica como una bolsa subejercida cuya planeación cambia más rápido que su ejecución. El patrón —autorizar, actualizar especificaciones, ampliar cantidades, revertir y liberar— traslada el costo a la operación cotidiana del padrón electoral, que es la infraestructura sobre la que se monta cualquier elección.

El incentivo institucional es comprensible pero políticamente costoso: ante observaciones del OIC y de la ASF, la respuesta natural es no ejercer antes que ejercer mal. Esa prudencia protege a los funcionarios de una observación futura, pero deja sin equipo a los módulos y sin respuesta a los trabajadores que protestan. La cancelación cierra un expediente de fiscalización y abre otro de credibilidad: el INE puede exhibir cero pesos ejercidos, pero no puede exhibir un solo escáner nuevo.

El equilibrio interno también se mueve. La ausencia de Taddei en la sesión donde se discutieron las inconsistencias, y la conducción del encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, ocurren en un momento de definición de la presidencia del Consejo General. Rumbo a 2027, el árbitro necesita credibilidad técnica y presupuestal: cada señalamiento del OIC y cada pliego de la ASF se convierte en argumento para quienes, desde el Ejecutivo o el Legislativo, cuestionan la autonomía o la eficiencia del organismo. No hay aquí una candidatura ni una precandidatura de facto; hay algo distinto y también relevante: la construcción de un expediente que puede usarse para condicionar la negociación presupuestal del INE en el año previo a la elección presidencial.

Qué sigue

El OIC pidió conciliar montos y explicar el destino de la diferencia de un millón 725 mil 557 pesos; el Registro Federal de Electores se comprometió a incorporar las observaciones al informe trimestral. Falta que la Junta General Ejecutiva fije postura formal sobre el acuerdo INE/JGE10/2022 y que el INE defina si relanza la compra de escáneres con una nueva autorización o con recursos presupuestales, como hizo con el equipo informático. Los tres pliegos de la ASF sobre la Cuenta Pública 2024 siguen abiertos y su desahogo será el siguiente termómetro. En paralelo, la demanda salarial de los trabajadores de módulos no tiene respuesta pública registrada.