INE cede 6% a trabajadores del MAC y frena paro rumbo a 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) cerró el 9 de noviembre de 2026 un paro nacional de trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) con un aumento salarial del 6%, anunció la consejera presidenta Blanca Cruz. El servicio de credencialización se reanuda este 10 de noviembre, después de que casi 90% de los módulos permaneciera cerrado y miles de trámites quedaran detenidos.

El acuerdo desactiva un conflicto laboral que ya había tocado la operación más visible del INE: la expedición y actualización de la credencial de elector, documento base del padrón rumbo a 2027. La consejera presidenta explicó que los trabajadores aceptaron el 6% porque el instituto no puede ofrecer un incremento mayor sin conocer el techo presupuestal del próximo año. El aumento, en los hechos, queda atado a lo que la Cámara de Diputados apruebe para el ejercicio 2027.

La negociación no fue solo salarial. Cruz dijo que se investigarán las denuncias de los trabajadores sobre presiones y amenazas atribuidas a Vocales Ejecutivos, un punto que el acuerdo deja abierto y que puede reabrir el conflicto si no hay respuesta verificable. La consejera presidenta también arrastra un frente interno: días antes informó que las diez consejerías presentaron un documento para investigar irregularidades de la administración anterior y que las contrataciones están detenidas mientras se revisan procedimientos.

La lectura política

El paro obligó al INE a negociar en el terreno donde su autoridad se vuelve tangible para el ciudadano: la ventanilla. Un módulo cerrado no es una abstracción administrativa; es un trámite de identidad detenido y, en clave electoral, un padrón que no se actualiza. La concesión del 6% funciona como un cierre de crisis inmediato, no como una solución estructural: el instituto gana tiempo y preserva la continuidad del servicio, pero traslada la presión al presupuesto.

El incentivo de Cruz es claro. Como presidenta provisional, necesita demostrar capacidad de gestión y legitimidad interna en un organismo que llega a 2027 con recorte presupuestal, revisión de contratos y cuestionamientos sobre la gestión previa. Ceder en salario y prometer investigación de las denuncias le permite presentarse como interlocutora que resuelve, no como administradora que impone. El costo es que el aumento queda como promesa condicionada: si Diputados no lo respalda, el conflicto puede reactivarse con mayor respaldo sindical.

Para los partidos, la señal es que el árbitro electoral entra al año previo de la elección federal con tensiones laborales y financieras, no con un frente interno resuelto. Ninguna fuerza política gana aquí de forma directa; lo que se juega es la percepción de que el INE puede sostener su operación cotidiana mientras organiza el proceso de 2027. Un paro prolongado habría abierto cuestionamientos sobre la capacidad del instituto para garantizar credencialización y logística; el acuerdo cierra esa ventana, pero no la elimina.

No hay aquí candidatura, precandidatura ni posicionamiento partidista: el movimiento es laboral y administrativo. Su relevancia política es indirecta pero verificable: mide la margen de maniobra real del INE frente a su propio personal y frente al Legislativo, y anticipa que el debate presupuestal de 2027 será también un debate sobre la capacidad operativa del árbitro electoral.

Qué sigue

- La reanudación del servicio en los MAC este 10 de noviembre y la normalización de los trámites de credencial de elector. - La investigación interna sobre las denuncias de presiones y amenazas atribuidas a Vocales Ejecutivos, cuyo alcance y plazo no fueron precisados. - La aprobación del presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, de la que depende que el 6% se consolide o se convierta en un nuevo foco de conflicto. - La revisión de contrataciones y procedimientos administrativos que el INE mantiene en curso mientras se prepara el proceso electoral federal.