INE Chihuahua se deslinda de contratos y acota el escándalo nacional

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chihuahua, Alejandro Sherman, descartó que las presuntas irregularidades en contratos con proveedores del organismo, señaladas a nivel nacional, tengan relación con la delegación estatal. La respuesta, breve y categórica —“No, en lo absoluto, en lo absoluto”—, no solo niega una conexión local: traza una frontera de responsabilidad entre la operación centralizada del instituto y sus oficinas estatales, en un momento en que el cuestionamiento se concentra en la presidencia nacional que encabeza Guadalupe Taddei.

Sherman explicó que los procedimientos de licitación mencionados corresponden al ámbito federal, porque las contrataciones y el manejo de esos recursos están centralizados y no se desarrollan desde las oficinas locales. El INE en Chihuahua, dijo, se limita a cumplir sus atribuciones legales, el calendario electoral y las disposiciones aprobadas por los órganos colegiados. Es una defensa institucional basada en la arquitectura administrativa: si el dinero y las adjudicaciones se deciden en el centro, la delegación no tiene margen para contratar ni para auditar esos procesos.

El deslinde tiene un límite evidente. Que Chihuahua no aparezca en los señalamientos no acredita que las irregularidades nacionales no existan, ni que la estructura local esté blindada frente a proveedores que operan en varias entidades. La evidencia disponible es la negación de un funcionario estatal, no una revisión documental de contratos locales. La afirmación de Sherman es verificable en un punto concreto: si las licitaciones señaladas fueron adjudicadas por oficinas centrales, la delegación carece de competencia sobre ellas; lo que no se desprende de su dicho es que no haya habido empresas con presencia en Chihuahua entre las beneficiadas.

El funcionario fue más cauteloso al preguntársele por el posible impacto de las acusaciones de corrupción en la confianza ciudadana de cara a las elecciones de 2027. Evitó una postura personal: “Yo no tengo opiniones como autoridad, lo que tengo es el deber de informar a las secciones de esta institución; mi responsabilidad es en Chihuahua y termina en Chihuahua”. La frase delimita jurisdicción, pero también deja sin respuesta la pregunta política de fondo: cómo se sostiene la credibilidad del árbitro electoral cuando su cúpula está bajo escrutinio.

La lectura política

El movimiento de Sherman funciona, en la práctica, como un deslinde preventivo. No es una candidatura ni un posicionamiento partidista: es la operación de un delegado estatal que busca separar la marca local del INE del desgaste que se concentra en la presidencia nacional. En términos de incentivos, el cálculo es comprensible: Chihuahua ya formalizó el inicio de los trabajos rumbo a 2027 con la instalación de su Consejo Local, y ese calendario necesita una autoridad electoral que no cargue con el pasivo de un escándalo ajeno.

El equilibrio interno del instituto queda expuesto. Un consejero local que declara que su responsabilidad “termina en Chihuahua” envía una señal de autonomía operativa, pero también de distancia política respecto de la conducción nacional. No es una ruptura formal —Sherman no cuestionó a Taddei ni pidió explicaciones—, pero sí una delimitación pública de riesgos que, en un organismo colegiado, se lee como gestión de daños.

Rumbo a 2027, la señal es doble. Para los aliados del instituto, el deslinde busca contener la erosión de confianza en el territorio donde se organizará la elección. Para los adversarios, la negativa a opinar sobre el impacto del escándalo puede leerse como una omisión deliberada. Lo que falta para sostener una lectura más fuerte es un elemento verificable: la lista de proveedores y contratos señalados, y si alguna de esas empresas operó en Chihuahua. Sin ese dato, la afirmación de Sherman queda como una negación institucional, no como una verificación independiente.

Qué sigue

El Consejo Local del INE en Chihuahua continuará con las tareas de organización del proceso de 2027 conforme al calendario aprobado. La pregunta abierta es si la presidencia nacional del instituto dará a conocer el detalle de las licitaciones cuestionadas y si ese desglose permite confirmar o matizar el deslinde estatal. Hasta que exista esa información, la frontera que Sherman trazó entre el centro y Chihuahua es una declaración de competencia administrativa, no una conclusión sobre la integridad de los contratos.