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INE en SLP: calendario en marcha, pero la confianza es el reto rumbo a 2027

La vocal ejecutiva Patricia Santos Quevedo reporta avances en padrón y consejos distritales, mientras el presupuesto y la credibilidad se perfilan como los puntos frágiles de la organización electoral.

Ilustración editorial de Ruta 27 sobre financiamiento y fiscalización electoral
Ilustración editorial de Ruta 27.
EN 30 SEGUNDOS

La vocal ejecutiva del INE en San Luis Potosí, Patricia Santos Quevedo, informó que la organización electoral avanza conforme al calendario rumbo a 2027, con actualización del padrón e integración de consejos distritales. Identificó tres desafíos: presupuesto suficiente, participación ciudadana y recuperación de la confianza pública. El mensaje busca transmitir normalidad institucional en un conte

La vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí, Patricia Santos Quevedo, afirmó que la organización electoral avanza conforme al calendario rumbo a los comicios de 2027, con la actualización del padrón y la integración de los consejos distritales en marcha. En una entrevista, la funcionaria reconoció que el instituto atraviesa un momento complejo por los cuestionamientos públicos, pero sostuvo que la estructura profesional del organismo permite mantener la operación más allá de sus titulares.

Santos Quevedo identificó tres desafíos principales: contar con presupuesto suficiente, promover la participación ciudadana y recuperar la confianza pública. El calendario electoral avanza, pero la legitimidad del árbitro se juega en tres frentes que no dependen solo de la estructura técnica: dinero, ciudadanía y credibilidad.

La funcionaria explicó que los trabajos comenzaron meses atrás e incluyen la actualización del padrón electoral y la integración de los consejos distritales. En la misma conversación, el consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), Juan Manuel Ramírez García, informó que ese organismo trabaja en la integración de los comités municipales de los 59 ayuntamientos y las comisiones distritales de los 15 distritos locales, con previsión de concluir las designaciones antes del 31 de diciembre. Ramírez advirtió que los recortes presupuestales complican la planeación y pueden afectar la contratación de servicios y la adquisición de materiales, por lo que consideró necesario fortalecer la transparencia en esos procedimientos.

El diputado del PAN, Rubén Guajardo Barrera, puso el acento en la independencia de las autoridades electorales y en la certeza de los resultados. Recordó que la construcción de la democracia electoral moderna en México tiene alrededor de cuatro décadas, con la creación del IFE en 1990 y del CEEPAC en 1992, y expresó preocupación por posibles vínculos de algunos consejeros con el poder político. También cuestionó el mecanismo de insaculación para elegir a la presidencia del INE. La diputada de Morena, Gabriela López Torres, coincidió en que las instituciones deben recuperar credibilidad, aunque consideró que las presuntas irregularidades deben investigarse sin responsabilizar a todo el organismo por las actuaciones de algunas personas.

La lectura política

El mensaje de Santos Quevedo no es un reporte administrativo neutro. Funciona como una operación de contención institucional: transmitir que el INE sigue en pie pese a los cuestionamientos, mientras se reconoce que la confianza pública es un problema real y no un malentendido. La distinción importa porque el árbitro electoral no solo organiza la jornada: su credibilidad condiciona la aceptación de los resultados, y en 2027 se elegirá gubernatura en San Luis Potosí, además de los cargos federales y locales.

El primer desafío, el presupuesto, no es un trámite menor. Un recorte en año electoral puede traducirse en menos capacitadores, menos casillas o menos materiales, y eso afecta directamente la calidad de la operación. El CEEPAC ya advirtió que los recortes complican la planeación; el INE local, en cambio, prefiere subrayar que el calendario se cumple. Esa diferencia de énfasis no es casual: la autoridad federal busca proyectar normalidad, mientras el organismo local expone con más crudeza la presión financiera.

El segundo desafío, la participación ciudadana, es el más político de los tres. Una elección con baja participación no solo produce resultados menos representativos: alimenta el discurso de quienes cuestionan la legitimidad del proceso. En un contexto de desencanto y de ataques cruzados entre partidos, la abstención puede convertirse en el principal adversario de todos.

El tercer desafío, la confianza pública, es el que más se cruza con la política partidista. Los cuestionamientos a los consejeros y al mecanismo de insaculación no son un debate técnico: son una disputa por el control del árbitro. Guajardo los plantea desde la independencia; López desde la investigación sin generalizaciones. Ambos coinciden en el diagnóstico, pero difieren en el remedio, y esa diferencia se trasladará a la discusión presupuestal y a la integración de los organismos electorales.

El contexto verificado refuerza la lectura: el INE local ya anunció la proyección de 4 mil 058 casillas para 2027, un incremento de 3.89% respecto a 2024, y se incorporó a las mesas estatales de seguridad convocadas por el Gobierno del Estado. La organización avanza, pero lo hace en un terreno donde la confianza no se decreta: se construye con presupuesto, transparencia y resultados aceptados.

Qué sigue

El CEEPAC prevé concluir las designaciones de comités municipales y comisiones distritales antes del 31 de diciembre. En paralelo, la discusión presupuestal para 2027 definirá si el INE y el CEEPAC cuentan con los recursos que ambos identifican como condición para operar. La integración de los consejos distritales y la actualización del padrón son los siguientes hitos verificables del calendario. La recuperación de la confianza pública, en cambio, no tiene fecha de conclusión: dependerá de cómo se resuelvan las impugnaciones, se fiscalicen los recursos y se acepten los resultados.