INE frena nombramientos locales ligados a la red de Taddei

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) bajó del orden del día el proyecto de acuerdo que designaba consejeros locales en 16 estados, luego de que el representante de Somos, Emilio Álvarez Icaza, advirtiera que el documento se construyó con la intervención de Guadalupe Taddei y que una red de complicidades y tráfico de influencias ya alcanza a distintos Organismos Públicos Locales (OPLE). La sesión terminó con dos nombramientos retirados, tres rechazados y dos presidencias declaradas desiertas: un ajuste que, en la práctica, reordena quién controla la organización de las elecciones de 2027 en buena parte del país.

El proyecto que se iba a votar era el último tema que Taddei trabajó con sus pares, en una sesión virtual de mesa de consejeros celebrada el sábado, 24 horas antes de anunciar su renuncia. Según la evidencia disponible, en esa reunión se construyó la mayoría en torno a presidencias y consejerías de los OPLE, designaciones que requieren ocho de los once votos del Consejo General. Álvarez Icaza señaló que Taddei incluso formó parte de los grupos que entrevistaron a candidatos e hizo observaciones sobre la idoneidad de los perfiles.

La advertencia del representante de Somos no fue un episodio aislado. La preocupación por el origen del acuerdo fue compartida por casi todos los partidos, y el representante de Movimiento Ciudadano, Juan Zavala, secundó la petición de prudencia al advertir que sigue sin conocerse el alcance de la corrupción en los OPLE. La presidenta provisional del Consejo, Blanca Yassahara Cruz, abrió un receso para analizar la solicitud; de ahí salió el acuerdo de retirar a Víctor de la Paz Adame, en Guerrero, y a Flor Angélica Enríquez, en Oaxaca, presuntamente vinculados a Taddei y a partidos políticos, además de votar cada nombramiento por separado.

El resultado final fue más lejos que la sola posposición: el Consejo rechazó las presidencias de los OPLE de Campeche y Coahuila, y una consejería en Veracruz, y declaró desiertas las presidencias de Baja California Sur y Tamaulipas. La sospecha que gravitó sobre la votación era que los próximos funcionarios sirvieran para extender la influencia de Taddei y su grupo en los estados, precisamente donde opera desde hace décadas la red de empresas ligadas a José Alfredo Hernández Casillas, proveedor que grabó los videos en los que la expresidenta y su hijo aparecen disfrutando de lujos.

La lectura política

El movimiento de Álvarez Icaza funcionó como un veto anticipado: no impugnó los nombramientos uno por uno, sino que puso en duda la legitimidad del paquete completo. Eso obligó al Consejo a fragmentar la votación y a cargar con el costo político de cada designación por separado. Para Somos, un partido en construcción rumbo a 2027, el gesto tiene doble rendimiento: se posiciona como vigilante de la integridad electoral sin alinearse con el oficialismo ni con la oposición tradicional, y aprovecha el desgaste de Taddei para exigir que la persona que la sustituya cuente con aprobación de todas las fuerzas políticas.

El incentivo de los demás partidos es distinto pero convergente. Ninguna fuerza política quiere consejeros locales designados por una presidenta saliente bajo investigación de la Auditoría Superior de la Federación, porque esos organismos organizan las elecciones locales y administran el gasto de los partidos en el territorio. La desconfianza en Taddei operó como el mínimo común denominador que permitió a representantes de casi todo el espectro coincidir en una decisión que, en otro contexto, habría sido rutinaria.

El límite de la lectura es claro: no existe aún resolución que acredite responsabilidad penal de Taddei ni de los perfiles retirados; lo que hay son investigaciones en curso, señalamientos de partidos y una sospecha compartida. La renuncia de Taddei y la salida de su jefe de Oficina y once asesores son hechos; la calificación jurídica de los mismos está pendiente. Por eso el acuerdo del INE debe leerse como una medida de prudencia institucional, no como una sentencia.

Qué sigue

La Cámara de Diputados debatirá este viernes la corrupción en el INE y llamó a comparecer a Víctor Hugo Cervantes, titular del Órgano Interno de Control, para que explique por qué no denunció antes las irregularidades. El consejero Arturo Castillo sugirió que la Fiscalía General de la República investigue de oficio presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y abuso de funciones. El INE abrirá un buzón de denuncias anónimas y mantiene la revisión de contratos firmados durante la gestión de Taddei, incluido el multianual de la credencial para votar. Queda por definir la nueva fecha para designar a los consejeros locales faltantes y el mecanismo para sustituir a la presidencia del instituto.