INE pide auditoría externa a sus contratos en plena crisis por Taddei

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una fiscalización extraordinaria de las adquisiciones y contrataciones realizadas por el organismo. La decisión se adoptó como parte de las medidas para recuperar la confianza institucional, en medio de la crisis que desató la salida de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia del árbitro electoral.

La solicitud no es un trámite menor. El INE entrega a un órgano externo la revisión de sus propios contratos, en un momento en que la presidencia provisional, a cargo de Blanca Yassahara Cruz García, prepara una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos de corrupción vinculados a contratos, proveedores y decisiones administrativas de la gestión anterior. Según la información disponible, la denuncia cuenta con el respaldo de las diez consejerías electorales y los equipos jurídicos trabajan en integrar el expediente.

El caso tiene un nombre en el centro: el empresario José Alfredo Hernández Casillas, señalado por sus relaciones comerciales con el instituto y por presuntos vínculos con funcionarios de la administración anterior. Las controversias surgieron tras investigaciones periodísticas sobre contrataciones que involucrarían más de mil 800 millones de pesos. Esas sospechas motivaron cuestionamientos sobre conflictos de interés y normas de contratación, aunque las responsabilidades penales todavía deberán determinarse. Desde sectores de oposición se han planteado posibles delitos de peculado, cohecho, ejercicio abusivo de funciones, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita; ninguna de esas acusaciones equivale a delito acreditado.

La revisión, según la presidencia provisional, no estará limitada a una persona ni a un cargo específico. Podría alcanzar a Taddei, a antiguos responsables de la Secretaría Ejecutiva, directores, subdirectores y cualquier servidor público cuya actuación presente indicios de irregularidades. En paralelo, la nueva conducción prepara un paquete de acciones administrativas urgentes para fortalecer controles internos y revisar los procedimientos de contratación.

El contexto interno es igual de relevante: el INE atraviesa una reestructuración que, de acuerdo con reportes periodísticos, registra 30 renuncias, incluidas 17 personas vinculadas a la oficina de la expresidenta. La solicitud a la ASF ocurre además en una semana en que el Consejo General declaró desiertas dos consejerías de los institutos electorales de Oaxaca y Guerrero por presuntos vínculos de los perfiles con Taddei, y después de que el organismo fijó topes de gasto para las precampañas de 2027.

La lectura política

La fiscalización extraordinaria funciona, en la práctica, como una operación de contención institucional: separa la revisión administrativa de la pesquisa penal y coloca a un tercero externo como árbitro de los contratos cuestionados. Para el Consejo General, el incentivo es claro: si la ASF revisa y no encuentra irregularidades graves, el organismo gana un argumento de defensa frente a sus adversarios; si encuentra indicios, la responsabilidad se distribuye fuera del INE y la nueva conducción queda en posición de haber actuado.

El movimiento también ordena el equilibrio interno. La denuncia ante la FGR respaldada por las diez consejerías sugiere un frente común contra la gestión anterior, pero ese frente no elimina la competencia por la presidencia definitiva, que aún debe designar la Cámara de Diputados. La reestructuración de comisiones vigente desde el 29 de octubre permanecerá hasta esa designación, de modo que cada consejería tiene incentivos para mostrarse firme en el escrutinio sin quedar asociada al desorden administrativo.

La señal hacia 2027 es doble: hacia adentro, el INE intenta demostrar que puede auditarse a sí mismo sin tutela política; hacia afuera, envía a partidos y aspirantes el mensaje de que la organización del proceso electoral no quedará subordinada a la crisis. El riesgo es que la fiscalización se convierta en arena de disputa partidista y que cada hallazgo, o cada ausencia de hallazgo, sea leído como posición política. La evidencia disponible no permite afirmar que exista una intención de proteger o de castigar a Taddei; lo que sí permite sostener es que la nueva conducción necesita un gesto verificable de transparencia antes de que arranque formalmente el proceso 2026-2027.

Qué sigue

La ASF deberá recibir y procesar la solicitud de fiscalización extraordinaria; no hay aún plazo público para sus resultados. La presidencia provisional prevé entregar el expediente a la FGR, sin que se conozca fecha exacta ni el alcance final de la denuncia. El paquete de acciones administrativas urgentes será sometido al Consejo General en una próxima sesión. La Cámara de Diputados mantiene pendiente la designación de la consejera presidenta definitiva, paso que definirá la correlación interna del organismo durante el proceso electoral.

Actualización

El legislador Alfonso Ramírez Cuéllar se suma a la exigencia de fiscalización y castigo por corrupción en el INE, un tema central en la crisis que motivó la auditoría externa acordada en esta historia previa. Leer el nuevo desarrollo.