Izquierda de Chiapas exige piso parejo en encuestas de Morena

Un grupo de fundadores y líderes de izquierda en Chiapas pidió este fin de semana transparencia en los procesos de encuesta con los que Morena definirá a sus Coordinadores de Defensa de la Soberanía y exigió a la Comisión Nacional de Elecciones una revisión de los aspirantes. La demanda, planteada en conferencia de prensa por representantes de Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa de Domínguez, Tuxtla Chico, Cacahoatán y Tapachula, no es un trámite interno menor: el nombre de "coordinador" designa en la práctica a quien encabezará la estructura territorial y, con alta probabilidad, la candidatura al Distrito 12 federal por Tapachula en 2027.

Joaquín del Pino, fundador de Morena y referente de la izquierda en Tapachula, fue el más directo. Dijo que el partido conserva mayoría calificada en diputaciones federales y Senado, pero advirtió que no quiere que esa ventaja se llene de "chapulines". "Si esos chapulines fueran hombres de bien, mujeres de bien y que trabajaran respondiendo a la gente pues bienvenidos, pero han demostrado que no han trabajado por la gente, la Cuarta Transformación no ha llegado a los distritos que les corresponde", expresó.

La exigencia no se quedó en la crítica genérica. Carlos Díaz Saldaña, aspirante a la Coordinación de Morena en el Distrito 12 federal, reclamó justicia para quienes construyeron el partido desde el movimiento democratizador de Cuauhtémoc Cárdenas. "Hubo que caminar las calles, tocar puertas y hablar con la gente. Venimos de esa lucha, y la gente que ha tenido acceso a los cargos no provienen del movimiento social, provienen del oficialísimo, provienen de padrinos políticos, provienen de alianzas", lanzó. Su propuesta incluye un órgano colegiado para la diputación federal del distrito 12 que reúna a representantes de todos los sectores sociales.

Arim Asael González González, activista y operador político de Morena, llevó la demanda al plano institucional: llamó a la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, y a Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, a revisar a los aspirantes. "Que lo piense muy bien la comisión nacional de elecciones y de alianzas si no hay piso parejo, si hay mano negra, porque Tapachula y el Distrito 12 no lo vamos a permitir, que quede muy claro", externó.

La lectura política

El conflicto chiapaneco revela que la disputa por las coordinaciones no es una contienda de encuestas, sino una negociación por el control territorial de la frontera sur. En Morena, el método de encuesta abierta ha funcionado como filtro formal para decisiones que en la práctica se resuelven por peso político, alianzas con gobiernos estatales y municipales, y capacidad de movilización. Quien controla la coordinación del Distrito 12 no solo administra la estructura partidista: queda colocado en posición de salida para la candidatura federal y, con ella, para disputar la presidencia municipal de Tapachula en el siguiente ciclo.

La acusación de "chapulines" y "mano negra" es una señal hacia adentro del partido, no solo hacia la Comisión Nacional de Elecciones. Los firmantes se presentan como fundadores y militantes de origen, y con ello reclaman legitimidad histórica frente a perfiles que llegaron al partido desde el oficialismo, padrinazgos o alianzas recientes. Esa distinción —fundadores contra recién llegados— es la misma que ha atravesado otras disputas internas de Morena en el sureste, donde la expansión electoral del partido trajo consigo élites locales que no provienen de la militancia original.

El movimiento no constituye todavía una candidatura ni una precandidatura formal. No hay registro ante el INE, no hay solicitud de licencia ni un proceso interno reconocido por el partido. Lo que existe es un posicionamiento público de aspirantes que buscan influir en la definición antes de que la Comisión Nacional de Elecciones emita su resolución. En la práctica, funciona como una precandidatura de facto de Díaz Saldaña y como una advertencia de que la militancia de base puede impugnar políticamente el resultado si la encuesta favorece a un perfil ajeno al movimiento fundador.

El costo político para Morena es doble. Hacia afuera, la exigencia de transparencia alimenta la narrativa de que el partido reproduce prácticas que criticó en el pasado. Hacia adentro, si la Comisión Nacional de Elecciones no atiende la demanda, el grupo de Tapachula puede optar por la abstención activa o por respaldar a un disidente, lo que en un distrito fronterizo con alta competencia podría restar votos al partido en 2027. La presidenta nacional, Ariadna Montiel, y Citlalli Hernández tienen en sus manos una decisión que no solo define un nombre: define si la encuesta se percibe como método legítimo o como fachada.

Qué sigue

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena deberá resolver la definición de los Coordinadores de Defensa de la Soberanía en Chiapas en las próximas semanas, conforme al calendario interno del partido. No se ha hecho público si la revisión de aspirantes solicitada por el grupo de Tapachula será atendida ni si la encuesta del Distrito 12 se repetirá o se ajustará. Los aspirantes han advertido que no aceptarán un resultado sin piso parejo; queda por ver si esa advertencia se traduce en una impugnación formal ante las instancias internas o en una fractura abierta de cara a 2027.