Lixa condiciona la convocatoria del INE: sin transparencia, nacería muerta

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, advirtió que la próxima presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) "no solo nacerá cuestionada, nacería muerta" si la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no transparenta el proceso de selección y emite la convocatoria con candados verificables. La frase no es una hipérbole aislada: condensa el principal riesgo político que hoy enfrenta el árbitro electoral a menos de un año del arranque formal del proceso 2027.

Lixa sostuvo que la falta de credibilidad no se limitaría a quien sustituya de forma permanente a Guadalupe Taddei, sino que alcanzaría a todo el Instituto. "Estaría todo el proceso cuestionado si no le ponemos los candados de máxima transparencia", dijo el legislador, quien insistió en que la convocatoria debe emitirse porque es una obligación constitucional, no una concesión política.

El planteamiento del PAN tiene un componente procedimental concreto. La bancada presentó ocho propuestas ante la Jucopo y espera respuesta formal para inicio de la próxima semana. Entre ellas destaca que las personas que integren el comité técnico de evaluación estén desvinculadas de los partidos. Lixa pidió que ese requisito, que según él todas las bancadas dicen compartir en privado, quede escrito en la convocatoria. "¿Por qué no ponerlo en la convocatoria? Así de simple", planteó.

El calendario aprieta. El coordinador panista anticipó que espera que el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, presente los comentarios a sus demandas a más tardar el martes o miércoles para poder emitir la convocatoria sin extender el proceso. Monreal ya había advertido que, sin consenso entre las fuerzas políticas, la nueva dirigencia podría nacer cuestionada de origen.

La lectura política

El movimiento de Lixa cumple una función práctica: fija un estándar público de legitimidad antes de que exista un nombre, de modo que cualquier designación que no lo cumpla quede marcada de origen. No es una candidatura ni una precandidatura; es un posicionamiento parlamentario que busca trasladar el costo político de una eventual imposición al partido que la ejecute.

El incentivo es claro. Morena y sus aliados tienen mayoría calificada en la Cámara de Diputados y podrían, en teoría, designar a la presidencia del INE sin acuerdo con la oposición. Pero hacerlo con un proceso opaco entregaría al PAN y a sus aliados un argumento duradero sobre la parcialidad del árbitro justo cuando se definen reglas, fiscalización y eventuales impugnaciones rumbo a 2027. La apuesta opositora es que el costo de credibilidad sea mayor que el beneficio de imponer un perfil afín.

Para el bloque oficialista, el margen de maniobra consiste en conceder transparencia procedimental —comité sin militantes, criterios públicos— sin ceder el control del resultado. Esa es la negociación que se anticipa: no quién gana la convocatoria, sino qué tan verificable será el filtro. El precedente relevante es la propia salida de Taddei, cuyo caso el PAN ya había exigido aclarar y sancionar, y que dejó al Instituto en una crisis de credibilidad que la oposición capitaliza.

La señal que se envía a aliados y adversarios es doble: el PAN se coloca como guardián del arbitraje electoral de cara a 2027, y advierte que no avalará una convocatoria sin garantías. Falta un elemento para sostener una lectura más fuerte: no hay evidencia pública de que Morena haya decidido imponer un perfil ni de que la Jucopo haya rechazado las ocho propuestas. Hasta ahora, lo verificable es una advertencia y una negociación en curso.

Qué sigue

La Jucopo debe responder las ocho propuestas del PAN a más tardar el martes o miércoles, según el propio Lixa. De esa respuesta depende que la convocatoria se emita en breve y que incluya, por escrito, el requisito de un comité evaluador sin vínculos partidistas. Si no hay acuerdo, el escenario que se abre es una convocatoria emitida por mayoría, con la oposición impugnando su legitimidad y anticipando un conflicto de credibilidad que se extendería al proceso electoral de 2027.