Maru Campos acusa a la Corte de reabrir la puerta al narco en Chihuahua

Maru Campos acusa a la Corte de reabrir la puerta al narco en Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos (Maru Campos), acusó el 29 de septiembre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar la reforma electoral estatal con la que su gobierno pretendía impedir que un candidato se registre, compita y gane con financiamiento ilícito o respaldo del crimen organizado. La acusación traslada al terreno nacional una derrota jurídica local y coloca a la Corte en el centro del debate sobre quién fija las reglas de elegibilidad, a un año del proceso electoral de 2027.

Campos sostuvo que la reforma "a Morena le estorbaba para financiarse con dinero ilícito y usar delincuentes en las elecciones" y que Chihuahua "había cerrado esa puerta al crimen". Según su relato, la iniciativa fue respaldada por la mayoría del Congreso local y rechazada por la bancada de Morena, que después "corrió a la Suprema Corte a pedir que se tumbara".

El blindaje que Chihuahua perdió

El mecanismo era concreto: quien gana con dinero, amenazas y armas del crimen pierde la candidatura. "A Chihuahua le quitaron lo que más le duele al narco: que el candidato que gana con su dinero, sus amenazas y sus armas pierda la candidatura. Hoy ese candidato se queda con ella, y si la elección se repite, vuelve a competir con las mismas armas", dijo. La norma no sólo sancionaba: sacaba de las boletas al beneficiario de la intervención criminal. Campos afirmó que Chihuahua era el único estado que mantenía cerrada esa vía.

El único voto a favor del criterio local que hizo público fue el de la ministra Yasmín Esquivel, quien consideró que la intromisión del crimen vulnera la libertad del voto, según su relato. Y remató: "Cuando un partido hace todo para que la intervención del crimen en las elecciones no tenga consecuencias, está confesando cuáles son sus intereses y a quién protege".

Falta el dato duro: la evidencia disponible no precisa la sala que resolvió, la votación ni los considerandos. Sin ese texto no puede saberse si la Corte invalidó por invasión de competencias federales, por contradicción con la Constitución o por vicios de procedimiento. No es lo mismo avalar una conducta que resolver que Chihuahua legisló donde no le correspondía.

La lectura política

El movimiento funciona, en la práctica, como una operación de encuadre antes que como litigio. Desplaza la pregunta de "¿podía Chihuahua legislar esto?" a "¿quién está dispuesto a castigar al narco en las urnas?", un terreno donde cualquier matiz de Morena se paga en costo reputacional. El partido ganó en lo judicial; la gobernadora le cobra en el flanco donde el oficialismo no puede permitirse dudas: la seguridad.

Ahí está el incentivo. Campos no podrá buscar la reelección: Chihuahua renueva gubernatura en 2027. Su capital se juega en fijar la agenda con la que se medirá a quien la suceda y en colocarse como contrapeso al gobierno federal. Una derrota en la Corte, leída así, rinde más como bandera que como expediente.

Para Morena la lectura es inversa: gana la eliminación de un filtro estatal, pero carga con la apariencia de haber combatido una norma antinarco; sus incentivos apuntan a responder en clave de legalidad y federalismo, no de fondo. Para la Corte, el costo es de legitimidad: cuando una resolución se vuelve pieza de campaña, el tribunal pierde margen para explicar sus criterios en lenguaje jurídico.

Conviene marcar el límite: atribuir a la Corte la intención de beneficiar a Morena es una caracterización política, no un hallazgo judicial, y este material no muestra que la sentencia mencione al partido. Si el criterio se replica en otras entidades después de 2027, el precedente que hoy se discute seguirá siendo el de Chihuahua.

Qué sigue

El primer paso verificable es la publicación íntegra de la sentencia y la votación: de ahí se sabrá si el efecto es general o acotado al caso. Después, la respuesta del Congreso de Chihuahua, que puede relegislar dentro de sus competencias o dejar el tema como está; la evidencia no permite anticipar cuál vía elegirá. También falta ver si Morena responde públicamente a la acusación.

El calendario manda: Chihuahua renueva su gubernatura en 2027 y las reglas de elegibilidad vigentes serán las que apliquen a esa contienda. Lo que se resuelva en las próximas semanas definirá si el blindaje contra el crimen en las campañas corresponde a los estados o a la Federación, y quién carga con el costo político si un candidato gana con dinero ilícito.

Actualización

La SCJN invalidó el blindaje electoral que la gobernadora Maru Campos había defendido, confirmando la resolución que ella denunciaba. Leer el nuevo desarrollo.