MC lleva al INE contratos del OPLE Veracruz por 450 millones

Movimiento Ciudadano (MC) llevó este martes al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) una solicitud para que se investiguen contrataciones del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz por más de 450 millones de pesos y un posible conflicto de interés que involucra a su secretario ejecutivo, Luis Fernando Reyes Rocha. El planteamiento no es un trámite menor: coloca al árbitro nacional frente a la pregunta de hasta dónde puede auditar a un organismo autónomo estatal cuando la elección de 2027 ya se prepara en el calendario.

Durante la sesión, el representante de MC, Juan Manuel Ramírez, sostuvo que un medio local documentó cinco contratos con las empresas Litho Formas y Cajas Graf, dos de ellos correspondientes a 2025, que sumarían más de 282 millones de pesos y habrían sido firmados por Reyes Rocha. El partido pidió esclarecer la existencia de un poder a nombre del secretario ejecutivo para actuar por Cajas Graf y determinar, mediante documentos notariales, a quién fue otorgado, si fue utilizado y si existió conflicto de interés.

La petición tiene dos carriles. Uno es la revisión de los contratos y del poder notarial; el otro es el reclamo de que el INE dé seguimiento a los procedimientos de remoción que MC promovió contra consejeros electorales de Veracruz. Sobre ese segundo punto, el consejero Uuc-kib Espadas Ancona reconoció que el INE es la instancia facultada para determinar, eventualmente, la remoción de consejeros locales, pero acotó el alcance: los consejeros electorales no forman parte de la administración del organismo y la responsabilidad administrativa recae fundamentalmente en la Secretaría Ejecutiva. "Si hay una denuncia, desde luego que nosotros, al límite de nuestras posibilidades, investigaremos", respondió Espadas.

MC solicitó que los señalamientos se turnen al Órgano Interno de Control del OPLE para las auditorías e investigaciones correspondientes. La ruta importa: el INE puede revisar, requerir información y, en su caso, remitir, pero la auditoría de contratos y la responsabilidad administrativa de un secretario ejecutivo local corresponden primordialmente a instancias estatales. Esa división de facultades es la que el partido busca tensar.

El contexto inmediato añade una arista. El propio Reyes Rocha anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por una presunta suplantación de identidad, un movimiento que, leído en el mismo periodo, puede funcionar como respuesta anticipada al señalamiento sobre el poder notarial. La evidencia disponible no permite afirmar que ambos hechos estén conectados; sí permite registrar que ocurren en la misma secuencia pública.

La lectura política

El movimiento de MC cumple una función práctica distinta a la de una simple denuncia: instala en la agenda nacional un cuestionamiento sobre la autonomía del árbitro veracruzano justo cuando el proceso de 2027 empieza a ordenarse. Veracruz es una de las plazas donde el partido busca consolidarse y donde el OPLE tendrá a su cargo la organización de la elección local. Cuestionar la imparcialidad del organismo es, en los hechos, una forma de posicionamiento previo: no es una candidatura formal ni una precandidatura, pero sí una maniobra que busca colocar el tema de la integridad electoral antes de que las reglas se apliquen.

El incentivo de MC es doble. Por un lado, el partido ha construido un perfil de denuncia sistemática ante autoridades electorales —acción de inconstitucionalidad contra la revocación de mandato en Veracruz, denuncias por actos anticipados en Yucatán y ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE—, lo que le permite aparecer como vigilante del sistema sin cargar con la responsabilidad de gobernar. Por otro, la denuncia llega en un momento en que su intención de voto ronda el 11.6 por ciento en los 17 procesos con relevo de gubernatura, según cotejos de bases de datos del INE y organismos locales difundidos por medios nacionales. Ese posicionamiento no se traduce automáticamente en votos, pero sí en presencia mediática y en capacidad de fijar temas.

El límite es claro: el INE no es el órgano que sanciona administrativamente a un secretario ejecutivo local. Espadas lo dijo con precisión. Si el Consejo General turna el asunto al Órgano Interno de Control del OPLE, la investigación quedará en manos de una instancia estatal cuya independencia es, precisamente, lo que MC cuestiona. Esa circularidad es el punto débil de la estrategia y, a la vez, su combustible político: permite al partido insistir en que la autonomía del OPLE también implica exigirle cuentas.

Para el resto de las fuerzas, la señal es que el escrutinio sobre los organismos electorales locales se intensifica conforme se acerca 2027. Morena y sus aliados pueden leer la denuncia como parte de una campaña de desgaste; el PAN y el PRI, que también han cuestionado la integración de organismos locales, quedan ante la disyuntiva de sumarse o guardar silencio. Ninguna de esas lecturas constituye aún una resolución: no hay sanción, no hay remoción y no hay dictamen.

Qué sigue

El Consejo General del INE deberá definir si turna la solicitud al Órgano Interno de Control del OPLE de Veracruz y si abre una revisión propia dentro de sus atribuciones. En paralelo, los procedimientos de remoción promovidos por MC contra consejeros electorales veracruzanos siguen su curso, sin que exista aún una resolución de fondo. La denuncia de Reyes Rocha ante la FGR por presunta suplantación de identidad añade un expediente que podría cruzarse con la revisión del poder notarial. El calendario electoral de 2027 marca el plazo político: cualquier definición sobre la integración del OPLE veracruzano tendrá que ocurrir antes de que arranque formalmente el proceso.