Mijes atribuye a Clara Luz el desplome de Morena en Nuevo León

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, puso cifras el 20 de octubre de 2026 a una inconformidad que hasta ahora había formulado en términos de método: la intención de voto de Morena en Nuevo León habría caído de 27% a entre 12 y 15% después de que Clara Luz Flores Carrales fue nombrada coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación. Con esa estimación, el edil traslada la disputa por el procedimiento interno a un terreno más costoso para su partido: el de la viabilidad electoral de cara a la gubernatura de 2027.

La aritmética que presentó es contundente y, a la vez, incompleta. Según sus cálculos, la disminución equivale a entre 12 y 15 puntos porcentuales, es decir, entre 250 mil y 300 mil votos. No precisó la encuestadora, el tamaño de muestra ni las fechas del levantamiento. Tampoco lo hizo cuando cuestionó el mecanismo de selección: sostuvo que las encuestas internas compararon atributos de los aspirantes con muestras pequeñas y que no evaluaron suficientemente las opiniones negativas de cada uno entre la ciudadanía.

Sobre esa base pidió a la dirigencia nacional revisar la decisión y enumeró las salidas que, a su juicio, siguen abiertas: una designación por consenso, una asamblea o un nuevo proceso interno. "Yo lo que sí veo es que ahorita, en este momento, con los números que estamos viendo, no es la mejor opción", dijo respecto a las posibilidades de Flores Carrales de encabezar la candidatura. Aclaró que el nombramiento como coordinadora no garantiza la candidatura, que no descartó participar en una eventual nueva definición —sujeta a valorar las condiciones políticas— y que permanecerá al frente del municipio el resto de su administración.

De la queja metodológica a la advertencia electoral

La secuencia es verificable y muestra una escalada. El 21 de septiembre de 2026, Mijes pidió al entonces delegado Alejandro Murat dar a conocer quién encabezaría el proyecto rumbo a 2027. El 6 de octubre cuestionó que la metodología de designación no hubiera considerado los errores. El 13 de octubre calificó de "inquietud legítima" los señalamientos sobre las encuestas internas. El 16 de octubre exigió retirar a Flores Carrales de la coordinación. Cuatro días después llegaron los porcentajes.

A eso sumó dos advertencias sobre el costo organizativo: la inconformidad ya estaría provocando la salida de liderazgos territoriales que trabajan en colonias, distritos y municipios, algunos de los cuales se habrían incorporado a otras fuerzas políticas. Y reportó fricciones en la construcción de una alianza local, con el Partido Verde inclinado a competir por separado y el Partido del Trabajo sin incorporarse plenamente a las negociaciones. Afirmó, además, que las conversaciones entre inconformes y la dirigencia nacional todavía no arrojan acuerdo.

La lectura política

El nombre formal es "coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación". La función práctica es otra: coloca a Flores Carrales en posición de salida hacia la candidatura de 2027, con la ventaja de ocupar la estructura y el calendario. Es una precandidatura de facto, no una candidatura registrada; la definición legal sigue pendiente y ocurrirá en los plazos del proceso electoral local. La diferencia importa porque permite a la dirigencia nacional presentar la designación como un cargo organizativo y, al mismo tiempo, tratar cualquier impugnación como un asunto interno.

Mijes no es un observador externo: es un aspirante que perdió ese proceso y cuyo capital político depende de que la derrota sea reversible. De ahí su incentivo para convertir el método en el problema y el método en la cifra. El estándar debe aplicarse parejo: si su exigencia de transparencia sobre las encuestas internas es legítima, la cifra de desplome que él mismo difunde adolece del mismo defecto que critica, pues no hay encuestadora ni metodología que la respalde. Lo que el hecho acredita es una declaración política con números, no un dato verificado.

Aun así, la señal es nítida y tiene destinatarios claros. Hacia dentro, mide lealtades y advierte que la unidad no está cerrada: quien impugna busca que la dirigencia nacional pague un precio por el destape, ya sea con espacios, con una revisión del procedimiento o con una nueva medición. Hacia fuera, entrega a los adversarios un argumento listo sobre la debilidad de Morena en el estado. Quien gana margen de maniobra es el grupo inconforme, que conserva la capacidad de seguir escalando; quien lo pierde es la coordinadora, obligada a gobernar su propio arranque antes de ser candidata. La dirigencia nacional queda ante un dilema conocido: sostener la designación y absorber el costo de la fractura, o reabrirla y aceptar que cada impugnación con cifras reordena el proceso.

Qué sigue

La pelota está en la dirigencia nacional de Morena, que hasta ahora no ha respondido públicamente al planteamiento de revisar el procedimiento. Los pasos verificables son acotados: si se convoca a consenso, asamblea o nueva medición; si se publican las encuestas internas completas y su metodología, que es el elemento que hoy falta para sostener o descartar la caída de 12 a 15 puntos; y cómo se resuelven las negociaciones con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. El plazo duro es el registro formal de candidaturas ante la autoridad electoral local, que fijará el calendario de 2027. Antes de esa fecha, todo lo demás —incluida una coordinación estatal— es posicionamiento.