Militantes de Morena piden revisar candidatura de Guerrero en Ixtapaluca

Integrantes de Morena en Ixtapaluca exigieron formalmente a las instancias de selección interna y a la dirigencia estatal revisar el registro de candidatura de Gerardo Guerrero como aspirante a la presidencia municipal, a quien señalan por presunto tráfico de influencias tras la liberación de su hijo Kevin Guerrero Torres. La demanda no es un trámite menor: coloca al partido ante la disyuntiva de sostener un perfil cuestionado o abrir un proceso de revisión que exhiba fisuras internas en uno de los municipios más poblados del Estado de México, entidad que en 2027 renovará gubernatura y 125 ayuntamientos.

El detonante es judicial. Kevin Guerrero Torres había sido sentenciado en agosto de 2025 a 62 años y tres meses de prisión por el homicidio de María Enedelia García, ocurrido en mayo de 2023 cuando la víctima intentó proteger a su hija Paola Alondra Mejía, pareja del acusado y quien también denunció violencia y privación ilegal de la libertad. Un tribunal de alzada resolvió después liberarlo bajo el argumento de falta de pruebas, decisión que los inconformes atribuyen a la intervención del aspirante. Los militantes advierten que otorgar la candidatura a un personaje salpicado por acusaciones de manipulación de la justicia vulnera los principios éticos del movimiento y envía un mensaje de solapamiento hacia la violencia de género.

Hasta ahora no existe resolución judicial ni administrativa que acredite el tráfico de influencias imputado; se trata de una acusación de militantes, no de una sentencia. Tampoco hay confirmación de que Guerrero haya sido registrado formalmente como candidato: la evidencia lo ubica como aspirante dentro del proceso interno. Esa distinción importa porque la exigencia de revisión opera en la fase donde el partido aún puede corregir sin costo legal, antes de que el registro oficial cierre la puerta a cualquier ajuste.

La lectura política

El movimiento de las bases cumple una función práctica: medir la temperatura interna y trasladar al partido el costo reputacional de un perfil que, en la conversación pública local, ya está asociado a impunidad y violencia de género. No es una candidatura registrada ni una precandidatura formal; es un posicionamiento que presiona a la dirigencia en un momento en que Morena define sus reglas de selección para 2027.

El incentivo de los inconformes es doble. Por un lado, proteger la marca partidista en un municipio donde la competencia por la alcaldía será reñida. Por otro, enviar una señal a las instancias de selección de que la lealtad no basta cuando el perfil arrastra un pasivo judicial que la oposición puede explotar. Quien gana margen de maniobra es la dirigencia estatal, que puede usar la demanda interna como argumento para reabrir o filtrar el registro sin aparecer como autora del veto. Quien lo pierde es el aspirante, cuya permanencia depende ahora de que el partido decida si el costo político es asumible.

El precedente verificable es la tensión recurrente entre autonomía de las bases y disciplina partidista en Morena: cuando la militancia levanta la voz por un perfil cuestionado, la dirigencia suele responder con revisiones de elegibilidad que, en la práctica, funcionan como filtros políticos antes que jurídicos. La señal rumbo a 2027 es clara: en el Estado de México, donde la sucesión gubernamental ordenará las candidaturas municipales, los perfiles con pasivos judiciales se convierten en un riesgo que el partido deberá administrar, no ignorar.

Qué sigue

La dirigencia estatal de Morena y las instancias de selección tienen pendiente responder a la solicitud de auditoría del perfil. El calendario interno de definición de candidaturas municipales en el Estado de México marcará el plazo real: si el registro oficial se cierra sin revisión, la demanda de las bases quedará sin efecto práctico. También queda por ver si el tribunal de alzada que liberó a Kevin Guerrero hace públicos sus argumentos, elemento que podría reforzar o debilitar la acusación de los militantes.