Morena acelera reforma anticorrupción antes del 15 de diciembre

El bloque de Morena cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum prepara una ofensiva legislativa anticorrupción con fecha límite: presentar una parte del paquete antes del 15 de diciembre, cuando concluye el periodo ordinario de sesiones. Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, encabeza una parte de los trabajos y ya presentó este lunes un primer bloque de propuestas al presidente del Senado, Higinio Martínez. El escándalo por presuntas irregularidades, conflictos de interés y delitos vinculados con contratos y manejo de recursos públicos en el Instituto Nacional Electoral (INE) —que derivó en la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo— precipitó un paquete que avanzaba lento desde el verano.

La maniobra tiene dos tiempos. Primero, un grupo de legisladores de Morena presenta una parte de las enmiendas en los próximos días; después, Sheinbaum envía otra parte desde el Ejecutivo. Ante la falta de margen para discutir un paquete de ese calado, el oficialismo prevé convocar a un periodo extraordinario en enero, un mes antes de que arranque el siguiente periodo legislativo. El proyecto contempla modificaciones a una decena de legislaciones, entre ellas la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), para fortalecer su autonomía presupuestal y la de las fiscalías especializadas en corrupción. También incluye la transformación del Sistema Nacional Anticorrupción, la reingeniería de las auditorías, la eliminación del fuero constitucional y la extinción de dominio sobre bienes y recursos desviados.

El grupo promotor incorporó a la discusión a representantes de la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, el Consejo Mexicano de Negocios, la Asociación de Bancos de México y el CIDE, además de magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción. Ramírez Cuéllar ha defendido que la nueva arquitectura debe tener capacidad para actuar y coordinarse. El huachicol fiscal y las redes de facturación falsa figuran entre los objetivos.

La lectura política

La reforma funciona, en la práctica, como una operación de recuperación narrativa: Morena necesita reordenar su flanco más sensible —la promesa de que el poder no sería espacio de privilegios— después de que el caso Taddei golpeó la credibilidad del discurso anticorrupción. El cálculo, según una fuente de peso del oficialismo citada en la evidencia, es enviar una señal de autoridad frente a la corrupción y la impunidad. No es solo una reforma administrativa: es un reposicionamiento político rumbo a 2027, cuando el partido buscará revalidar su mayoría y la oposición intentará capitalizar los escándalos.

El movimiento también ordena lealtades internas. Ramírez Cuéllar ha evitado confirmar que las resistencias dentro de Morena afectan intereses del propio partido, pero tampoco lo ha negado: "Vamos a presentar las propuestas. Veremos quién las apoya", ha zanjado. Esa frase es una prueba de lealtad legislativa. La eliminación del fuero constitucional, que Sheinbaum respaldó con reservas en marzo de 2025, es el capítulo más espinoso: afecta a legisladores y altos funcionarios, incluidos los del propio oficialismo. El antecedente de la reforma contra el nepotismo, que no logró consenso, advierte que el paquete puede quedarse en declaración.

Hay un límite que la evidencia no permite resolver: la intención de reorganizar el sistema anticorrupción vuelve a abrir la pregunta sobre quién vigila a quienes concentran el poder, sobre todo después de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) en mayo de 2025. La autonomía de las fiscalías, la independencia de las auditorías y la publicidad de sus resultados serán las pruebas para medir el alcance real de las reformas. Si el paquete fortalece contrapesos, la señal será distinta a si solo concentra atribuciones.

Qué sigue

El primer plazo es el 15 de diciembre: antes de esa fecha deben presentarse las iniciativas de Morena y las que envíe Sheinbaum. Después, la discusión se trasladaría a un periodo extraordinario en enero, un mes antes del arranque del siguiente periodo legislativo. La pregunta verificable es si el paquete incluye la eliminación del fuero y si la FGR y las auditorías ganan autonomía real o solo coordinación. También queda por verse si las resistencias internas de Morena se traducen en votos en contra o en dilución de las enmiendas.