Morena manda a sus aspirantes a pedir protección a Segob, sin protocolo

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, confirmó el 20 de octubre que quien considere en peligro su integridad podrá presentar una solicitud de protección a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), pero descartó que la seguridad personal sea una práctica del partido y no anunció un protocolo para quienes compiten en sus procesos internos. La respuesta llega tres días después del homicidio de un aspirante a coordinador municipal en Guerrero y define ya una postura: el riesgo se atiende caso por caso, con una ventanilla federal, no con una política partidista.

Arturo Marín Acevedo se registró el 9 de octubre como aspirante a la coordinación municipal de Defensa de la Transformación en Cuajinicuilapa, municipio de la Costa Chica de Guerrero, una posición de organización territorial y no una candidatura. El sábado 17 de octubre fue atacado a tiros cuando viajaba en su camioneta, en las inmediaciones de las calles San Nicolás y 2 de Abril de la colonia Centro; su esposa resultó lesionada. La Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió una carpeta por homicidio calificado en agravio de Arturo “N” y lesiones calificadas en agravio de Citlali “N”, y hasta el reporte oficial consultado no se había establecido públicamente el móvil. Montiel pidió no adelantar conclusiones: “No podemos nosotros adelantar que es derivado del proceso electoral”.

Al ser cuestionada sobre dispositivos especiales, la dirigente explicó que la protección dependerá de solicitudes individuales y de la valoración que hagan las autoridades. “Nosotros no usamos seguridad, no es nuestro estilo”, afirmó, y aclaró que el recurso debe estar disponible para personas de cualquier partido. Sostuvo que “el proceso electoral debe tener estabilidad, seguridad”, pidió a la dirigencia estatal de Morena mantenerse pendiente de lo ocurrido y no confirmó si hoy existen medidas para aspirantes, ni cómo se evaluarán las peticiones de quienes aún no tienen candidatura oficial, ni en cuánto tiempo responderían las autoridades.

El antecedente de 2024 no cubre a los aspirantes

En 2024 existió un mecanismo federal: las candidaturas presentaban su solicitud ante el Instituto Nacional Electoral (INE), que la canalizaba a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para evaluar el riesgo y, en su caso, desplegar protección en niveles alto, medio y bajo, con competencias separadas para cargos federales y locales. Según cifras oficiales de la SSPC, al 15 de abril de ese año se habían recibido 273 solicitudes: 250 derivaron en servicios de protección y 23 fueron declinadas por los solicitantes. Ese procedimiento, sin embargo, se activaba con candidaturas registradas y no hay certeza de que las mismas reglas rijan para 2027.

La dimensión del problema es otra en el próximo proceso: Integralia Consultores reporta 20 mil 61 cargos en disputa en 2026-2027, entre ellos 17 gubernaturas, y coloca la violencia política y la intervención del crimen organizado entre los principales riesgos. La presidenta Claudia Sheinbaum informó el 11 de septiembre que el Gobierno federal identificaba regiones de riesgo para reforzar presencia de la Guardia Nacional, y el INE instaló una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas cuya función es revisar posibles vínculos delictivos, no asignar escoltas.

La lectura política

El anuncio no es un protocolo: es una forma de repartir responsabilidad. El aspirante solicita, el Ejecutivo federal evalúa y el partido no aparece como garante. Con “no es nuestro estilo”, la dirigencia convierte la ausencia de mecanismo en una seña de identidad, lo que políticamente la libera de costo, de presupuesto y de precedente: si Morena emitiera un protocolo propio, admitiría por escrito que no puede garantizar la integridad de sus propios cuadros y fijaría un estándar exigible en las 32 entidades. La frase también evita el debate incómodo sobre qué hacer en los territorios donde el partido tiene responsabilidad de gobierno.

El hueco central es de estatus jurídico, no de retórica. Una coordinación municipal de la Defensa de la Transformación funciona en la práctica como una precandidatura de facto —organiza territorio, mide lealtades y coloca a alguien en posición de salida—, pero no es una candidatura. Montiel ya había trazado esa distinción para el caso de Verónica Díaz en Zacatecas, al aclarar que una coordinación estatal corresponde a organización interna y no representa una candidatura. Aplicada a la seguridad, la distinción produce un efecto perverso: quien enfrenta exposición política real no encaja en la plantilla de 2024, diseñada para candidaturas registradas ante el INE. La consecuencia electoral es concreta: compiten mejor quienes pueden costear su propia protección, y el miedo opera como filtro silencioso de candidaturas en municipios de riesgo.

El episodio también envía una señal interna. Días antes, desde Chilpancingo, Montiel había resuelto el pulso de Guerrero al refrendar a Beatriz Mojica Morga en la coordinación estatal y cerrar la puerta a Félix Salgado Macedonio. Ahora, ante un homicidio en ese mismo estado, la respuesta delega el seguimiento a la dirigencia local. Para aliados y adversarios el mensaje es similar: la dirigencia nacional no federalizará el costo político de la seguridad interna, y la protección será un trámite individual, no un derecho de quien participa.

Qué sigue

La Fiscalía de Guerrero debe informar avances y, en su caso, la línea de investigación, que hasta ahora no se ha hecho pública. En el partido no hay fecha ni documento anunciado para un protocolo de seguridad de aspirantes; la pregunta es si la dirigencia emitirá lineamientos antes de que arranquen las definiciones municipales. Para 2027 falta saber si el Ejecutivo y el INE replicarán el esquema de 2024 y, sobre todo, si su cobertura incluirá a quienes aún no tienen candidatura: sin ese ajuste, la ventanilla anunciada seguirá sin responder al universo que el propio caso de Cuajinicuilapa puso a la vista.