RUTA 27 · MEDIUM
Morena, PAN y PRI anticipan 2027 con coordinadores fuera de plazo
Los tres partidos ya recorren el país con figuras que no son precandidaturas registradas, pero operan como tales. El debate sobre fiscalización y actos anticipados queda abierto.
Morena, PAN y PRI impulsan a sus aspirantes rumbo a 2027 mediante coordinadores y defensores que recorren territorios, se reúnen con sindicatos y empresarios y se promocionan sin llamar al voto. La ley no considera esos actos como precampaña, pero especialistas los describen como pre-precampañas que generan ventaja y plantean dudas sobre fiscalización y equidad.
Morena, PAN y PRI ya despliegan a sus aspirantes rumbo a 2027 bajo figuras como “coordinadores” y “defensores”, con recorridos, mítines y reuniones que no encajan en ninguna etapa formal del calendario electoral. El proceso está activo, pero las precampañas y campañas no inician hasta el próximo año. Esa zona gris es la que los partidos están ocupando para posicionar nombres antes de que la ley marque límites.
La ley electoral distingue precampaña y campaña, pero no regula con la misma claridad los actos previos que no llaman al voto. El artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales define los actos anticipados de precampaña y campaña por su contenido: expresiones que llaman al voto o solicitan apoyo para contender. Si no hay llamado expreso, la autoridad electoral tiene menos herramientas para sancionar. Los partidos lo saben y ajustan el lenguaje.
El politólogo José Antonio Carrera Barroso, docente de la UAM, describió esas figuras como “eufemismos” que en la práctica funcionan como “pre precampañas”. “Es cambiarle el nombre a algo para que la ciudadanía sepa quién es el candidato y empiecen a hacerle promoción”, dijo. Añadió que no violan la ley porque no llaman al voto, pero representan tiempo, dinero y exposición pública que se traducen en ventaja.
Morena es el partido que más ha avanzado: suma 17 coordinadores estatales, perfilados como candidatos a gobernador. Lorenia Valles, coordinadora en Sonora, se reunió con la Federación de Trabajadores del Estado de Sonora, afiliada a la CTM, para hablar de vivienda, seguridad social y salud. Beatriz Mojica, en Guerrero, pide fortalecer la estructura territorial y se ha reunido con legisladores locales y con el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz. Cruz Pérez Cuéllar, en Chihuahua, acompaña entregas de mobiliario escolar de la asociación “Más x Chihuahua”, donde su nombre e imagen aparecen en los actos. Eugenio Segura, en Quintana Roo, evoca la imagen de Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum en sus asambleas.
El patrón no es exclusivo del oficialismo. PAN y PRI también designan coordinadores y defensores que recorren territorio. La diferencia es de escala y de visibilidad: Morena concentra el mayor número de nombramientos y los vincula con programas sociales y con la figura presidencial, lo que amplifica el posicionamiento.
La lectura política
En la práctica, estos coordinadores operan como precandidaturas de facto, aunque legalmente no lo sean. No hay registro ante el INE, no hay precampaña formal y no hay llamado al voto. Pero hay recorridos, reuniones con sindicatos y empresarios, entregas de mobiliario y uso de imagen presidencial. Eso es posicionamiento electoral con recursos y tiempo que la ley no contabiliza como gasto de precampaña.
El incentivo es claro: llegar a la definición formal de candidaturas con ventaja de nombre, red territorial y relación con grupos de interés. Quien controla el territorio antes de que empiece el reloj electoral llega con margen para negociar la candidatura o para imponerse en ella. La figura del “coordinador” también ordena la sucesión interna: permite al dirigente partidista medir lealtades, contener rupturas y colocar a alguien en posición de salida sin comprometer todavía el registro.
El riesgo está en la fiscalización y en la equidad. Si los actos no se consideran precampaña, el gasto no se reporta como tal y la autoridad electoral tiene menos margen para revisarlo. El debate público se concentra en si esos recorridos constituyen actos anticipados encubiertos. La ley exige llamado expreso al voto para configurar la infracción; sin él, la sanción es difícil. Esa es la zona que los partidos están explotando.
La señal rumbo a 2027 es que la contienda comenzó antes del calendario. Los adversarios de Morena enfrentan la misma tentación: si el oficialismo posiciona 17 coordinadores, la oposición necesita figuras equivalentes para no llegar en desventaja. El resultado es una carrera anticipada que presiona al árbitro electoral a definir criterios más finos sobre actos previos, fiscalización y uso de imagen.
Qué sigue
El INE y los organismos electorales locales tienen pendiente resolver si estos actos constituyen infracciones a la ley electoral. La discusión sobre fiscalización de recursos y actos anticipados podría llegar a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos o al Consejo General. También está por definirse el calendario formal de precampañas y campañas para 2027, que marcará el límite legal de estas actividades. La pregunta abierta es si la autoridad electoral endurece los criterios o si el eufemismo se consolida como práctica normal.