Morena pide al INE frenar al PAN por "narcopartido" rumbo a 2027

Morena llevó al Instituto Nacional Electoral (INE) su disputa con el PAN por el uso de las expresiones "narcopartido" y "narcogobierno". El 26 de octubre de 2026, su representación ante el árbitro electoral presentó un recurso contra una publicación difundida el 18 de octubre en cuentas oficiales del blanquiazul, en la que se relaciona a Julieta Ramírez, coordinadora de Morena en Baja California, con el cártel de Sinaloa. La solicitud de medidas cautelares busca frenar mensajes que el partido gobernante considera calumniosos.

El movimiento no ocurre en el vacío. En septiembre, el INE ordenó al PRI retirar publicaciones con expresiones como "narcopartido", "narcogobierno", "narcorégimen" y "narcodictadura", al estimar preliminarmente que podían constituir imputaciones de delitos no acreditados. Morena intenta extender ese criterio del PRI al PAN, y con ello convertir una resolución administrativa en un dique contra el discurso opositor de cara a 2027.

Pero el mismo expediente muestra el límite de esa estrategia. El 21 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el desechamiento de una queja de Morena contra un militante panista que usó "NarcoMorena" y "narcopartido" en redes. Los magistrados concluyeron que no había elementos para atribuir esas publicaciones al PAN: militar o tener un cargo partidista no demuestra, por sí mismo, que alguien actúe en representación del partido. La resolución no declaró legales las expresiones ni resolvió de fondo si hay calumnia; se limitó a la falta de elementos para responsabilizar al instituto político.

La diferencia importa. El precedente del PRI operó sobre publicaciones del partido; el del TEPJF advierte que la responsabilidad partidista no se presume por la militancia. El nuevo recurso de Morena se dirige contra una publicación en cuentas oficiales del PAN, lo que lo coloca en el supuesto más favorable a la queja: no se trata de un simpatizante aislado, sino de canales institucionales. Ahí se juega la disputa.

La lectura política

En la práctica, Morena no solo litiga una publicación: está intentando fijar la frontera de lo que se puede decir en campaña y quién paga el costo de decirlo. Si el INE concede las cautelares, el precedente se suma al del PRI y crea un marco donde vincular al gobierno con el crimen organizado queda bajo escrutinio administrativo. Si las niega, el PAN gana margen para usar ese vocabulario como eje de oposición.

Los incentivos son simétricos. Morena llega a 2027 con la ventaja de ser gobierno y con el desgaste que implica gobernar; las acusaciones de narcovínculos buscan trasladar ese desgaste a la boleta. El PAN, por su parte, necesita un tema que aglutine a un electorado disperso y que no dependa de su propia gestión. Para ambos, el lenguaje importa menos que la etiqueta: quien logre imponer "narcopartido" o impedir que se use define el encuadre de la elección.

Hay además un equilibrio interno que conviene mirar. Morena enfrenta disputas por coordinaciones estatales y procesos internos en varias entidades, y la dirigencia nacional mantiene el diálogo con el PT y el PVEM para una coalición. En ese contexto, una queja ante el INE también funciona como señal hacia adentro: la dirigencia protege a sus cuadros y marca que las acusaciones contra coordinadores no quedarán sin respuesta. No es una candidatura ni una precandidatura; es una operación de contención política con efectos sobre el terreno electoral.

El costo posible está en el flanco de la libertad de expresión. Figuras del PAN y del PRI han sostenido que estas restricciones pueden convertirse en censura contra la oposición. La evidencia disponible no permite afirmar que el INE actúe por consigna, pero sí permite observar un patrón: el partido gobernante usa el mismo instrumento, en distintos momentos, contra sus adversarios. La pregunta verificable no es si Morena tiene derecho a quejarse, sino si el árbitro aplicará el mismo estándar cuando las expresiones vengan del oficialismo.

Qué sigue

El INE deberá resolver si admite el recurso y, en su caso, si dicta medidas cautelares contra la publicación del 18 de octubre. La decisión puede llegar en los próximos días y será impugnable ante la Sala Superior del TEPJF. Conviene seguir tres pistas: si el criterio del PRI se replica para el PAN, si el tribunal distingue entre cuentas oficiales y militancia, y si el PAN responde con nuevas publicaciones que pongan a prueba la resolución. El calendario rumbo a 2027 convierte cada resolución en material de campaña.