RUTA 27 · HIGH
Morena pide auditoría total al INE y Oples a 225 días de la elección
Ramírez Cuéllar sostiene que las renuncias no deslindan responsabilidades y que la fiscalización debe alcanzar a proveedores y contratistas. La ASF, la UIF y el SAT ya revisan el uso de recursos en el sistema electoral.
El vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, exigió una investigación profunda sobre irregularidades en el INE y en los organismos electorales locales, al considerar que las renuncias de funcionarios no bastan para deslindar responsabilidades. La ASF, la UIF y el SAT ya revisan el uso de recursos. El llamado ocurre a 225 días de la jornada electoral y en plena disputa por l
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió a las autoridades competentes una investigación profunda sobre las irregularidades detectadas en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples). En entrevista radiofónica, el legislador sostuvo que la renuncia de funcionarios no es suficiente para deslindar responsabilidades y que la fiscalización debe llegar hasta proveedores y contratistas.
El llamado ocurre cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya revisan el posible uso indebido de recursos públicos en el sistema electoral. Según la versión del diputado, esa revisión involucra a instituciones, servidores públicos, proveedores y contratistas, y requiere una intervención que vaya más allá de las salidas voluntarias.
Ramírez Cuéllar describió un patrón que, a su juicio, no se limita a una oficina: "estamos ante la presencia de una red muy profunda, complicada, extendida a todo el país", con base en una violación sistemática de normas de contratación y en la captura de funcionarios e instituciones por proveedores y contratistas. No presentó documentos ni nombres propios en la entrevista; su señalamiento es una acusación política que no equivale a una resolución administrativa o judicial.
El legislador también planteó modificar las leyes para establecer más controles y contrapesos, con el argumento de evitar que las decisiones clave recaigan en una sola persona. La propuesta desplaza el debate de la responsabilidad individual hacia el diseño institucional del árbitro electoral, en un momento en que el INE no tiene una presidencia consolidada.
La lectura política
El movimiento de Ramírez Cuéllar no es un trámite: funciona como presión política sostenida sobre el árbitro electoral a 225 días de la jornada y en plena disputa por la presidencia del Consejo General. En los días previos, el mismo diputado planteó que la consejera presidenta Guadalupe Taddei debe asumir responsabilidad política, que su sustitución es posible por los cauces legales y que urge designar un nuevo perfil. Leído en conjunto, el llamado a fiscalizar no solo busca esclarecer el uso de recursos: coloca a Morena en posición de exigir una conducción distinta del INE antes de que arranque formalmente el proceso 2026-2027.
El incentivo es doble. Hacia adentro, el discurso de "limpiar absolutamente todo" permite a Morena presentarse como garante de la transparencia mientras su propio partido enfrenta cuestionamientos sobre aspirantes y designaciones internas. Hacia afuera, la exigencia de auditoría traslada la carga de la prueba al árbitro y a los Oples, muchos de ellos gobernados por consejerías designadas en otras correlaciones de fuerza. Quien controla el relato de la fiscalización gana margen para condicionar la integración de los organismos electorales locales y la agenda legislativa en materia de contrataciones.
El límite es claro: no existe aún una candidatura ni una precandidatura de facto en juego, sino un posicionamiento legislativo. Tampoco hay resolución que acredite la "red" descrita; la ASF, la UIF y el SAT revisan, y sus conclusiones pueden confirmar, acotar o desmentir el diagnóstico. La señal para aliados y adversarios es que Morena está dispuesto a mantener el tema del INE en la agenda pública hasta que se defina la presidencia del organismo.
Qué sigue
La ruta verificable pasa por tres frentes. Primero, los resultados de las revisiones de la ASF, la UIF y el SAT, cuyos informes y determinaciones marcarán si el caso escala a procedimientos administrativos o penales. Segundo, la definición de la presidencia del Consejo General del INE, que el propio Ramírez Cuéllar considera urgente antes del arranque del proceso electoral. Tercero, la eventual discusión legislativa sobre contrataciones y contrapesos en el sistema electoral, que aún no tiene fecha ni dictamen. Sin esos elementos, el llamado queda como presión política verificable en su intención, pero pendiente en sus consecuencias jurídicas.