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PRI lleva al INE a la ASF y anticipa batalla por 2027
La solicitud formal de auditoría a contrataciones del INE llega en plena precampaña de reglas y con la presidencia del instituto ya cuestionada por partidos.
El PRI formalizó ante la Comisión de Vigilancia de la ASF una solicitud para auditar contrataciones, nómina y proveedores del INE, y pidió al Órgano Interno de Control un informe sobre investigaciones internas. El diputado Emilio Suárez Licona vincula la revisión con la transparencia del árbitro electoral rumbo a 2027. Es presión fiscalizadora con efecto político: cuestiona la gestión de Guadalupe
El PRI formalizó ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados una solicitud de revisión y fiscalización sobre las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE). El diputado Emilio Suárez Licona, integrante de esa comisión, anunció la petición y exigió al Órgano Interno de Control (OIC) del instituto un informe sobre la situación administrativa interna y el estatus de las investigaciones preventivas. La solicitud no abre por sí sola una auditoría ni determina responsabilidades: coloca la gestión del árbitro electoral bajo escrutinio parlamentario en la antesala del proceso de 2027.
Suárez Licona dijo que la representación priista presentó el miércoles anterior la petición de revisión física y financiera, y que en el Consejo General se expusieron casos concretos: contrataciones de personal con percepciones elevadas en la oficina de la presidencia del INE y designación de funcionarios que antes fungieron como representantes de empresas proveedoras del propio organismo. El legislador sostuvo que la ASF ya cuenta con indicios e investigaciones en curso sobre licitaciones y triangulación de recursos, aunque aclaró que la existencia de indicios no prejuzga responsabilidades individuales.
La petición se apoya en un argumento de calendario. "La autoridad electoral debe mantener los estándares más elevados de transparencia y rendición de cuentas, especialmente en la víspera de la preparación del proceso electoral de 2027", declaró. El encuadre importa: no se trata solo de un trámite de fiscalización, sino de una revisión que el PRI quiere que ocurra antes de que el INE despliegue el operativo electoral más costoso del sexenio.
El antecedente inmediato es la presión que los partidos ya ejercieron sobre la consejera presidenta Guadalupe Taddei, a quien representantes partidistas pidieron renunciar y explicar contrataciones y una reunión con un proveedor. Taddei rechazó renunciar. La solicitud priista se suma a ese frente, pero lo desplaza del terreno de la exigencia política al de la revisión administrativa formal.
La lectura política
En la práctica, la solicitud funciona como una pieza de presión institucional con calendario electoral: instala la transparencia del INE como tema de la agenda parlamentaria y obliga al árbitro a responder por su administración mientras define reglas de coaliciones y precampañas. El PRI no necesita que la ASF concluya una auditoría para obtener un rédito político; le basta con que el expediente exista y que el OIC tenga que informar.
El incentivo es doble. Por un lado, el PRI se posiciona como vigilante del gasto público en un momento en que su competitividad electoral depende de diferenciarse del oficialismo y de sus aliados. Por otro, la revisión presiona a un instituto que ya enfrenta cuestionamientos de varios partidos y cuya credibilidad será un activo disputado rumbo a 2027. Quien controla el relato sobre la limpieza administrativa del INE gana margen para impugnar después decisiones electorales que no le favorezcan.
El límite es claro: no hay auditoría concluida, no hay sanción y no hay responsabilidad individual determinada. La solicitud es una aspiración de control parlamentario, no una resolución. La ASF y el OIC tienen autonomía técnica para decidir el alcance y el tiempo de la revisión, y el propio legislador reconoció que la mera existencia de indicios no determina responsabilidad previa. La señal que envía a aliados y adversarios es que el PRI quiere colocar la fiscalización del INE en el centro del debate de 2027, no solo la defensa de la autonomía del instituto.
Qué sigue
La ASF deberá responder a la solicitud de la Comisión de Vigilancia y definir si abre una auditoría específica a las contrataciones del INE; el OIC del instituto tendrá que rendir el informe solicitado sobre investigaciones preventivas. La bancada priista anunció que dará seguimiento a los dictámenes. El calendario electoral de 2027 y la discusión de reglas de coaliciones y precampañas en el Consejo General seguirán cruzando la agenda fiscalizadora con la política.