RUTA 27 · MEDIUM
Morena pide investigar 2 mil mdp en el INE y apunta a Córdova
El partido acusa una red de contrataciones que habría operado 27 años y vincula a exintegrantes del instituto con el partido SOMOS. Exige explicaciones a quienes encabezaron el árbitro electoral.
Morena exigió al INE investigar una red de compras y contratos por más de 2 mil millones de pesos, concentrada en los nueve años de Lorenzo Córdova al frente del Consejo General. Vinculó a señalados con el partido SOMOS y pidió explicaciones a Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo. El pronunciamiento ocurrió tras la investigación federal sobre los hermanos Hernández Casillas.
Morena exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar una red de compras y contratos por más de 2 mil millones de pesos que, según el partido, se concentró en un mismo consorcio durante 27 años y se consolidó en los nueve años en que Lorenzo Córdova Vianello presidió el Consejo General. En un comunicado, la dirigencia morenista pidió explicaciones a Córdova, a Ciro Murayama y a Edmundo Jacobo, y vinculó a exintegrantes de la cúpula del instituto con el partido político en formación SOMOS. La acusación traslada al árbitro electoral el mismo estándar de escrutinio que Morena reclama para sí y coloca la gestión de Córdova en el centro del debate rumbo a 2027.
El pronunciamiento no surgió de forma aislada. Se dio a conocer después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentaran en la conferencia matutina una investigación sobre una red de contrataciones electorales encabezada por los hermanos Raymundo y José Alfredo Hernández Casillas. Según el gobierno federal, ese grupo simuló competencia interna mediante distintas razones sociales para acaparar licitaciones desde hace cuatro décadas, con un origen que las autoridades ubican en los años ochenta dentro del Registro Nacional de Población (RENAPO).
Morena retomó ese expediente y lo extendió a las administraciones pasadas del INE. Sostuvo que empresas de un mismo grupo acapararon adjudicaciones en los organismos públicos locales electorales y que la concentración se consolidó durante la presidencia de Córdova. El partido pidió que las pesquisas alcancen también a las administraciones actuales: "No debe protegerse a nadie", señaló.
El comunicado también apuntó contra los liderazgos que convocaron la movilización conocida como Marea Rosa bajo la consigna "¡El INE no se toca!". Morena los acusó de usar la bandera de la democracia para encubrir privilegios y de impulsar ahora la conformación de SOMOS, espacio donde, según el partido, convergen exintegrantes de la cúpula del instituto y militantes del régimen anterior. La acusación es una imputación política del partido, no una resolución administrativa o judicial.
La lectura política
El movimiento cumple una función práctica: desplaza el eje del debate del funcionamiento del INE hacia la conducta de quienes lo encabezaron antes de Guadalupe Taddei. En términos formales, Morena no presenta una denuncia penal ni una candidatura; en la práctica, construye un relato de continuidad entre la llamada "mafia electoral", la Marea Rosa y el nuevo partido opositor. Ese relato busca fijar una etiqueta política sobre el bloque que disputará espacios en 2027.
El incentivo es doble. Por un lado, responde a la investigación federal sobre los Hernández Casillas, que toca contrataciones electorales y obliga al partido a mostrar que el escrutinio no se detiene en las gestiones anteriores. Por otro, la exigencia de investigar "el pasado y el presente" funciona como una advertencia hacia la actual conducción del INE: ningún organismo autónomo queda fuera del escrutinio.
El equilibrio interno también cuenta. Morena busca consolidar su presencia en las 17 gubernaturas en disputa en junio de 2027 y, en paralelo, ha desplegado estructura territorial con licencias de senadores. En ese contexto, la ofensiva contra el INE y contra SOMOS ordena lealtades y delimita el campo opositor antes de que las candidaturas se formalicen. No es una precandidatura de facto ni una designación: es un posicionamiento de partido que busca fijar el marco de la contienda.
El límite es claro: no existe aún resolución que acredite responsabilidad de Córdova, Murayama o Jacobo, ni que confirme el vínculo de SOMOS con los señalados. La evidencia disponible sostiene la acusación como declaración política, no como hecho probado.
Qué sigue
El INE tendrá que definir si abre o amplía una revisión sobre las contrataciones señaladas y si responde públicamente al exhorto morenista. La investigación federal sobre los Hernández Casillas seguirá su curso administrativo. En el terreno partidista, queda por ver si SOMOS obtiene o no su registro y cómo responde el bloque opositor a la acusación de encubrimiento. La fecha relevante es el calendario electoral de 2027, cuando se renuevan 17 gubernaturas y ambas cámaras.
Actualización
El debate sobre la credibilidad del INE se intensifica tras la exigencia de Morena de investigar las irregularidades en la gestión de Córdova y Taddei. Leer el nuevo desarrollo.