Moreno acusa a FGR de proteger a Taddei; presión opositora rumbo a 2027

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de proteger a la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, por no abrir investigación sobre presuntas irregularidades en contrataciones de material electoral. La acusación no es un señalamiento aislado: el PRI presentó formalmente su denuncia el 4 de noviembre y, casi una semana después, la FGR no ha abierto carpeta.

Moreno recordó ese trámite y reprochó que la institución encabezada por Ernestina Godoy no haya actuado: "Ya presentamos la denuncia y no investigan, ¿por qué? Porque son lo mismo... es un manto de impunidad", declaró. Su exigencia no se limita a Taddei: pidió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisen contrataciones, proveedores y la posible participación de consejeros y funcionarios.

A la acusación se sumó el senador del PAN Mauricio Vila Dosal, quien pidió a la Fiscalía demostrar con hechos su independencia. Vila comparó los tiempos del caso Taddei con detenciones rápidas en otros expedientes, como el del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, y evitó calificar a la FGR de "tapadera": dijo que corresponde a la institución acreditarlo investigando.

El detalle operativo importa: según los denunciantes, existen al menos tres denuncias penales contra Taddei por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación delictuosa, además de vínculos con un contratista del INE. Hasta ahora, la FGR no ha informado de una carpeta de investigación abierta ni ha respondido públicamente a las acusaciones.

La salida de Taddei del INE, ocurrida semanas antes, no cerró el expediente. El PRI y el PAN ya habían exigido en octubre investigar las contrataciones del organismo y que se deslindaran responsabilidades administrativas o penales. La novedad es que ahora el cuestionamiento apunta directamente a la fiscalía, no solo a la exfuncionaria.

La lectura política

El movimiento de Moreno cumple una función que va más allá de una denuncia penal. Funciona como posicionamiento opositor en dos frentes: presiona a la FGR para que un caso de corrupción electoral quede en la conversación pública y coloca al INE, y por tanto a la organización de la elección de 2027, en el centro del desgaste del gobierno. No es una candidatura formal ni una precandidatura: es un uso político del expediente para fijar agenda y medir la disposición de la fiscalía.

El incentivo priista es doble. Moreno, que ya busca coaliciones con el PAN en estados como Colima y Chihuahua, necesita un tema que le permita aparecer como contrapeso institucional mientras negocia candidaturas rumbo a 2027. El caso Taddei le sirve para acusar cercanía entre Morena y la exfuncionaria sin presentar una resolución judicial. El PAN acompaña con un tono más prudente, lo que sugiere una división de tareas: el PRI grita, el PAN pide procedimiento.

El costo se ubica en la confianza sobre el árbitro. Cuestionar la autonomía del INE tiene efecto electoral porque el instituto organizará la elección más grande del sexenio y cualquier sombra sobre sus contrataciones se convierte en material de campaña. Para la FGR, el riesgo es el inverso: si hay denuncias y no investiga, la acusación de protección gana verosimilitud pública; si investiga, debe hacerlo sin que parezca ceder a presión opositora.

Falta un elemento para sostener una lectura más fuerte: la FGR no ha confirmado ni negado la existencia de una carpeta, y las acusaciones de corrupción no han sido acreditadas por autoridad alguna. La evidencia disponible es la denuncia, la falta de actuación pública y la protesta legislativa, no una resolución.

Qué sigue

La FGR deberá informar si abrió o no una carpeta de investigación a partir de las denuncias de noviembre; ese acto evitaría o confirmaría la acusación de inacción. La UIF y la ASF tienen en sus manos la revisión de contratos y recursos que pidieron los legisladores. En el Senado, el PRI y el PAN pueden insistir con puntos de acuerdo o solicitudes de información. Y en el calendario electoral, el INE deberá resolver sus contrataciones y la integración de órganos locales con esta sombra pública encima.