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OIC del INE entrega a Diputados pesquisas por contratos; presión crece sobre Taddei
El informe confirma 13 expedientes abiertos desde mayo de 2025 por irregularidades en contrataciones, con 13 funcionarios y 18 empresas involucrados. La entrega a la Comisión de Vigilancia ocurre en medio de la negociación por la salida de la presidenta del Consejo General.

El Órgano Interno de Control del INE entregó a la Comisión de Vigilancia de Diputados su informe sobre investigaciones internas por irregularidades en contratos, abiertas desde mayo de 2025. Involucra a 13 funcionarios y 18 empresas. El documento llega mientras Morena negocia la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE, lo que convierte la fiscalización en palanca política rumbo a 2027
El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) entregó a la Comisión de Vigilancia y Transparencia de la Cámara de Diputados un informe que confirma investigaciones internas a funcionarios, contratos y proveedores desde mayo de 2025. El documento no es un trámite menor: convierte la fiscalización del árbitro electoral en un expediente que ya circula entre legisladores y que se cruza con la negociación por la salida de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia del Consejo General.
El OIC reportó 13 expedientes de investigación, de los cuales nueve se refieren a contratos que involucran a por lo menos 13 funcionarios y ex funcionarios, 18 empresas y ocho personas físicas. A ello se suman 24 pesquisas adicionales derivadas de seis auditorías y ocho revisiones de control en materia de contrataciones. Las posibles conductas identificadas van desde simulación de cumplimiento de requisitos y documentos alterados hasta conflicto de intereses, desvío de recursos públicos y posible enriquecimiento ilícito. El propio órgano adelantó que dará vista a las autoridades competentes.
El informe también reporta que de enero de 2025 a la fecha se aplicaron 20 sanciones: 19 inhabilitaciones a 14 funcionarios y ex funcionarios y a cinco particulares, además de multas por 1.6 millones de pesos. Las áreas revisadas incluyen comunicación social, Asuntos Internacionales, Administración, Organización Electoral y las unidades técnicas de Fiscalización y de Igualdad Sustantiva. En tres de cuatro casos señalados se identificó posible ocultamiento de conflictos de interés.
La entrega del documento a la Comisión de Vigilancia ocurre en un momento en que la presidencia del INE está bajo cuestionamiento. De acuerdo con la información disponible, Taddei se resistió durante dos días a renunciar, mientras una corriente de Morena consideraba su permanencia "insostenible". La decisión, según legisladores de ese partido, se tomó "al más alto nivel", y durante el fin de semana los coordinadores parlamentarios y el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños (PVEM), cruzaron llamadas para preparar un eventual nuevo proceso de designación.
La lectura política
El informe del OIC funciona en la práctica como un mecanismo de presión institucional sobre la presidencia del INE, no solo como un acto de fiscalización rutinaria. La coincidencia temporal entre la entrega del documento a Diputados y la negociación por la salida de Taddei no prueba una coordinación, pero sí revela que el expediente administrativo se ha convertido en un activo político disponible para quien quiera acelerar o condicionar una decisión.
El incentivo de Morena es claro: si el partido se percibe con ventaja para 2027, no necesita sostener a una presidenta del INE cuestionada; si la ventaja no está asegurada, controlar la presidencia del árbitro antes del proceso electoral se vuelve más valioso. La frase atribuida a legisladores —que si el partido está seguro de ganar no hay necesidad de sostenerla— sugiere que la evaluación no es jurídica sino estratégica. La salida de Taddei, si se concreta, abriría un proceso de designación en el que la correlación de fuerzas en San Lázaro definirá el perfil del próximo árbitro rumbo a 2027.
El límite es importante: hasta ahora no hay una renuncia formal ni un procedimiento de remoción iniciado. Lo que existe es un informe administrativo, una investigación en curso y una negociación política en marcha. La oposición tiene un incentivo distinto: exigir que cualquier salida se dé con transparencia y que el informe se discuta en el pleno, no solo en comisión. El riesgo para el INE es de credibilidad: si la fiscalización se percibe como instrumento de ajuste político, la autonomía del árbitro queda dañada antes del proceso electoral.
Qué sigue
La Comisión de Vigilancia y Transparencia deberá procesar el informe y definir si cita a comparecer al titular del OIC o a funcionarios del INE. El OIC tiene pendiente dar vista a las autoridades competentes sobre los hallazgos, lo que podría derivar en procedimientos administrativos o penales. En paralelo, la negociación por la presidencia del INE sigue abierta: no hay renuncia formal ni convocatoria a un nuevo proceso de designación. La pregunta verificable es si el informe se discute en el pleno de la Cámara de Diputados y si se vincula explícitamente con la eventual salida de Taddei.
