Sheinbaum pide revisar 'todo' en el INE y abre disputa por 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum amplió este martes su exigencia de fiscalización sobre el Instituto Nacional Electoral (INE): pidió que se revise "todo", desde la gestión de la consejera presidenta Guadalupe Taddei hasta las administraciones anteriores, en el marco de una instrucción a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para auditar contratos y recursos del organismo. La declaración, hecha en conferencia matutina, no es un trámite administrativo: ocurre mientras el INE atraviesa la renovación de su presidencia del consejo general y a un año del arranque formal del proceso electoral de 2027.

La instrucción presidencial convierte la fiscalización del árbitro en un tema de agenda nacional justo cuando se define quién lo encabezará. Sheinbaum vinculó la revisión a las gestiones de Taddei y de Lorenzo Córdova, y cuestionó el financiamiento del organismo para 2027. La ASF es un órgano dependiente de la Cámara de Diputados, no del Ejecutivo, pero una solicitud presidencial de ese calado fija la dirección política de la revisión y presiona a los legisladores que deben aprobar su programa anual de auditorías.

El contexto inmediato es la salida de Taddei de la presidencia del consejo general y el proceso de designación de su relevo. En ese escenario, la exigencia de revisar contratos y proveedores de administraciones pasadas —incluida la de Córdova, hoy crítico del gobierno— envía una señal a los consejeros en funciones y a los aspirantes a la presidencia: la auditoría no se limita a la gestión saliente.

La declaración se produjo en la misma conferencia en la que Sheinbaum anunció la reanudación de reuniones con colectivos de madres buscadoras y defendió el informe presentado ante Naciones Unidas, en el que el gobierno reportó la localización de más de 16 mil personas desaparecidas. También cuestionó un documento internacional que atribuyó las desapariciones al Estado mexicano, al sostener que los casos actuales se vinculan principalmente con la delincuencia organizada.

La lectura política

En la práctica, la exigencia funciona como un movimiento de dos tiempos: ordena la fiscalización del árbitro y, al mismo tiempo, condiciona el ambiente en que se elegirá a su próxima presidencia. No es una candidatura ni una precandidatura de facto —no hay postulación formal ni registro—, pero sí es un posicionamiento que busca marcar el perímetro de lo que el gobierno considera legítimo revisar en el INE.

El incentivo es claro: quien controla la narrativa de la fiscalización gana margen para influir en la designación del relevo y en el presupuesto del organismo para 2027. La auditoría a gestiones anteriores, incluida la de Córdova, impide que la revisión se lea como un ajuste de cuentas exclusivo contra Taddei y la presenta como una revisión institucional amplia. Eso le da cobertura política, pero también abre un frente con los consejeros que aún están en funciones y con los legisladores que deben aprobar la designación.

El límite legal es preciso: la ASF audita, no sanciona ni destituye; la remoción de consejeros corresponde a un procedimiento distinto. Hasta ahora no hay resolución que acredite irregularidades en el INE, solo una solicitud de revisión. La diferencia importa rumbo a 2027: una auditoría puede ordenar el debate sobre el árbitro, pero no cambia por sí sola las reglas de la contienda.

El equilibrio interno también se mueve. La presidenta del INE enfrenta un proceso de renovación mientras su gestión es objeto de escrutinio público; los consejeros restantes deben operar con la sombra de una revisión sobre sus contratos. Para la oposición, la señal es que el gobierno busca influir en el árbitro antes de la elección presidencial de 2027; para el oficialismo, que se trata de transparencia sobre recursos públicos.

Qué sigue

La ASF deberá definir si incorpora la revisión del INE a su programa anual de auditorías y con qué alcance. En paralelo, la Cámara de Diputados tiene pendiente el proceso de designación de la presidencia del consejo general del INE, y el presupuesto del organismo para 2027 se discutirá en el paquete fiscal. Ninguno de esos pasos está resuelto: la exigencia presidencial abre la discusión, pero no la cierra.