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IEQROO contrata a proveedores bajo la sombra del escándalo del INE
Cajas Graf y Corporativo Zeg, vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas, recibieron contratos millonarios en Quintana Roo. Rubí Pacheco defiende la legalidad de las licitaciones, pero el escrutinio federal ya toca la puerta del organismo local.
El IEQROO adjudicó contratos a Cajas Graf y Corporativo Zeg, empresas vinculadas a José Alfredo Hernández Casillas, cercano a la presidencia del INE, hoy en crisis por la renuncia de Guadalupe Taddei. La consejera presidenta Rubí Pacheco defiende la legalidad de las licitaciones. El caso pone bajo escrutinio la compra de materiales electorales rumbo a 2027 en Quintana Roo.
El Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) adjudicó contratos millonarios a Cajas Graf, S.A. de C.V. y Corporativo Zeg, S.A. de C.V., dos empresas vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas, cercano a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE). El dato no sería noticia por sí solo si no coincidiera con el escándalo que obligó a la renuncia de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, por señalamientos de conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos en contratos de material electoral. El mismo entramado empresarial que sacudió al árbitro nacional aparece ahora entre los proveedores del organismo que organizará las elecciones de 2027 en Quintana Roo.
Cajas Graf recibió 29 millones 802 mil 439.28 pesos mediante la licitación IEQROO/LPN/007/2022, para elaborar y suministrar material de simulacros y de la jornada electoral del 5 de junio de 2022, cuando se renovó la gubernatura. Volvió a obtener recursos en la elección judicial de 2025, con un contrato cercano a los 15 millones de pesos. Corporativo Zeg ganó en 2024 una licitación para documentación y materiales de las elecciones municipales y de diputaciones locales: urnas, cajas para paquetes electorales, canceles, etiquetas en braille, cintas de seguridad y marcadoras de boletas. Ambas firmas aparecen relacionadas con expedientes revisados por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Frente a los cuestionamientos, la consejera presidenta del IEQROO, Rubí Pacheco Pérez, aseguró que desde 2024 las licitaciones se realizan mediante sesiones públicas del Comité de Contrataciones, Adquisiciones y Bajas, con transmisiones en vivo y fallos abiertos. También sostuvo que las asignaciones recientes no han recibido observaciones del órgano interno de control ni de la auditoría estatal. La transparencia formal del procedimiento no despeja la duda de fondo: si un proveedor arrastra investigaciones federales, ¿basta con que cumpla requisitos administrativos para seguir contratando? El propio IEQROO admite que pocas compañías dominan este mercado y que suelen repetirse en concursos de distintas entidades, lo que obliga a reforzar filtros.
Pacheco Pérez ha planteado que, si la ASF concluye que alguna de estas empresas incurrió en irregularidades y queda impedida para contratar, los organismos electorales locales deberán ser informados para excluirlas de futuras licitaciones. Es una postura jurídicamente defendible, pero políticamente reactiva: traslada la carga de la decisión a una resolución federal que puede tardar meses o años, mientras los contratos siguen adjudicándose.
La lectura política
El caso coloca a Pacheco Pérez en una posición incómoda. No hay evidencia de que haya favorecido a estas empresas ni de que exista una investigación en su contra; su defensa se limita a invocar la legalidad del procedimiento. Pero la función práctica de ese argumento es contener el desgaste: en la política electoral mexicana, la legalidad formal del acto administrativo no equivale a legitimidad pública del proveedor. El organismo queda atrapado entre el rigor procedimental y la percepción de que el dinero público fluye hacia firmas bajo sospecha.
El incentivo del IEQROO es claro: preservar la autonomía del árbitro local rumbo a 2027, cuando Quintana Roo renovará gubernatura, 25 diputaciones y 11 ayuntamientos. Cualquier sombra sobre sus contrataciones debilita la confianza en el proceso y da munición a quienes, desde el gobierno estatal o desde los partidos, quieran cuestionar sus fallos. La renuncia de Taddei en el INE ya envió una señal de que el escrutinio sobre los proveedores electorales no es un tema menor.
El equilibrio interno del organismo también está en juego. Pacheco Pérez presentó su informe de labores ante el Congreso local el 20 y 21 de octubre, con un discurso de cumplimiento y preparación para 2027. El escándalo de proveedores irrumpe justo cuando el IEQROO intentaba proyectar normalidad institucional. La consejera presidenta no está en posición de candidatura ni de precandidatura: su cargo es administrativo y su futuro depende de la ratificación o relevo que decida el Congreso. Pero su manejo del caso sí definirá su capital político y la credibilidad del organismo.
La señal para aliados y adversarios es ambivalente. Para los partidos, el IEQROO queda bajo observación y sus licitaciones serán tema de campaña. Para el gobierno federal, el caso confirma que el problema de los proveedores electorales no se agota en el INE. Para los organismos locales, es una advertencia: la autonomía no se defiende solo con sesiones públicas, sino con decisiones que anticipen el conflicto de interés antes de que estalle.
Qué sigue
La ASF y la Unidad de Inteligencia Financiera tienen la pelota. Si sus investigaciones derivan en sanciones o impedimentos para contratar, el IEQROO deberá excluir a Cajas Graf y Corporativo Zeg de las licitaciones rumbo a 2027. Mientras eso ocurre, el Congreso de Quintana Roo podría citar a Pacheco Pérez a comparecer por el tema, y el órgano interno de control del instituto tendría que pronunciarse sobre la conveniencia de mantener a estos proveedores. El calendario electoral local de 2027 arrancará en los próximos meses, y la primera prueba de fuego será la licitación de materiales para las elecciones de junio.