RUTA 27 · HIGH
Órgano Interno del INE investiga 15 funcionarios y 18 empresas a cinco meses del arranque electoral
De 16 expedientes abiertos, 11 tocan contrataciones públicas; el órgano también sumó 25 indagatorias por procedimientos de compra. El caso llega cuando el Proceso Electoral Federal 2026-2027 ya está en marcha.
El Órgano Interno de Control del INE investiga a 15 funcionarios y exfuncionarios y a 18 empresas proveedoras por presuntas irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, documentación alterada y daño patrimonial. El caso avanza mientras el INE organiza la elección de 2027 con presupuesto recortado 23.9% y un paro en módulos de atención ciudadana.
El Órgano Interno de Control del INE investiga a 15 funcionarios y exfuncionarios, además de 18 empresas proveedoras, por posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, documentación presuntamente alterada y daño patrimonial. De 16 expedientes abiertos, 11 se relacionan con contrataciones públicas, y el órgano ha iniciado 25 investigaciones adicionales sobre procedimientos de compra. El dato importa porque llega cuando el Proceso Electoral Federal 2026-2027 ya está en marcha y el árbitro electoral debe organizar la renovación de 500 diputaciones y coordinar 32 procesos locales concurrentes.
La investigación no es un expediente aislado. El órgano ha entregado ya un informe a la Comisión de Vigilancia y Transparencia de la Cámara de Diputados y fue citado a comparecer en San Lázaro para rendir cuenta sobre los contratos de la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei. El caso dejó de ser un asunto interno y se convirtió en materia de escrutinio legislativo. Esa ruta —del expediente administrativo al salón de comisiones— cambia la naturaleza política del asunto: ya no se dirime solo en la Contraloría, sino frente a legisladores que también tienen incentivos electorales.
El calendario no da tregua. Las precampañas inician el 4 de enero; el registro de candidaturas corre del 22 de marzo al 3 de abril; la segunda insaculación para mesas directivas de casilla está prevista para el 8 de abril; la documentación debe llegar a las presidencias de casilla entre el 31 de mayo y el 4 de junio, y la votación será el 6 de junio. Cualquier retraso en credencialización, capacitación o entrega de materiales puede traducirse en ciudadanos que no voten o en casillas mal integradas.
A la presión del calendario se suma la financiera. El presupuesto solicitado por el INE para 2027 pasó de 47,700 millones a 36,274 millones de pesos, una reducción de 23.9 por ciento; de ese monto, 10,842.6 millones corresponden al financiamiento público de partidos, partida constitucionalmente protegida. Quedan aproximadamente 25,431 millones para operación institucional y organización electoral, frente a los 31,431.8 millones solicitados originalmente.
En paralelo, trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana realizaron un paro nacional el lunes 9 de noviembre. Demandan mejoras salariales, estabilidad, equipo funcional, insumos y respeto a jornadas; el INE ofreció un aumento de 6 por ciento que los trabajadores consideraron insuficiente. El personal de los módulos es la cara cotidiana del INE ante millones de ciudadanos que necesitan credencial, cambio de domicilio o reposición. Si ese servicio se deteriora, el padrón y la lista nominal pueden resentirse justo antes de la elección.
La lectura política
El movimiento del Órgano Interno de Control funciona, en la práctica, como una operación de contención institucional antes que como una simple pesquisa administrativa. Investigar contrataciones, documentación alterada y daño patrimonial en pleno arranque del proceso electoral coloca al INE en posición de demostrar autonomía frente a sus propios proveedores y exfuncionarios. El incentivo es doble: recuperar credibilidad pública y anticipar el escrutinio legislativo que ya está en curso.
El equilibrio interno es delicado. La investigación toca contratos vinculados a la gestión de Taddei, lo que obliga a distinguir entre la responsabilidad formal de los 15 funcionarios y exfuncionarios señalados y la responsabilidad política de la institución. Ninguno de los señalados ha sido sancionado; se trata de investigaciones, no de resoluciones. Esa diferencia es central: el órgano investiga, pero no ha acreditado todavía las irregularidades ni impuesto sanciones.
La señal rumbo a 2027 es clara para aliados y adversarios. Para los partidos, un INE bajo escrutinio es un árbitro con menor margen de maniobra para imponer criterios en fiscalización, encuestas o debates. Para los legisladores, el informe entregado a la Comisión de Vigilancia abre la puerta a una revisión política que puede escalar. Para la ciudadanía, el riesgo es que la confianza en el árbitro se erosione justo cuando más se necesita.
Qué sigue
El Órgano Interno de Control debe resolver los 16 expedientes abiertos y las 25 investigaciones adicionales sobre procedimientos de compra; la comparecencia ante San Lázaro fija un plazo político para rendir cuentas. En paralelo, la negociación con los trabajadores de los módulos sigue abierta tras el paro del 9 de noviembre, y el presupuesto para 2027 deberá definirse en la Cámara de Diputados. El 4 de enero, con el inicio de precampañas, el calendario electoral dejará de ser advertencia y se volverá obligación operativa.