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PAN Chihuahua rechaza imposición en la capital y deja abierta la sucesión

El Consejo Político estatal aprobó por unanimidad un pronunciamiento contra la imposición de candidato, sin carácter vinculante, mientras la gobernadora María Eugenia Campos busca contener la fractura interna.

Ilustración editorial de Ruta 27 sobre encuestas de opinión pública
Ilustración editorial de Ruta 27.
EN 30 SEGUNDOS

El Consejo Político del PAN en Chihuahua aprobó por unanimidad un pronunciamiento contra la imposición de candidato en la capital, dejando abiertas encuestas, convención o elección interna. La gobernadora María Eugenia Campos intervino antes para calmar a los grupos que respaldan al fiscal César Jáuregui, preso y acusado de traición a la patria. El pronunciamiento no es vinculante: la decisión fin

El Consejo Político Estatal del PAN en Chihuahua aprobó por unanimidad un pronunciamiento contra la imposición de candidato para la alcaldía de la capital y dejó abiertas las vías de encuestas, convención o elección interna. El gesto, sin carácter vinculante, ocurre después de que la gobernadora María Eugenia Campos Galván sostuvo reuniones con grupos que impulsan al fiscal César Jáuregui Moreno, preso en el Altiplano y acusado de traición a la patria.

El pronunciamiento unánime no resuelve la candidatura: solo fija una posición política frente a la posibilidad de una designación vertical. Los 100 integrantes del Consejo también avalaron la posibilidad de establecer alianzas con otros partidos, lo que amplía el margen de negociación del panismo estatal de cara a 2027.

La intervención de la gobernadora se produjo antes de la sesión. Según los reportes, Campos Galván se reunió con regidores y diputados locales identificados con el grupo de Jáuregui, entre ellos Félix Martínez, Isaac Díaz, Jorge Soto y Rafael Loera Talamantes. El propósito visible era bajar la confrontación y evitar que la sucesión municipal se convirtiera en una disputa abierta. Los otros aspirantes, Alfredo Chávez y Alan Falomir, no fueron convocados porque ya están alineados con el proyecto de Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno.

La figura de Santiago de la Peña opera en la práctica como el aspirante de Palacio, aunque no exista aún una candidatura formal ni una precandidatura registrada. Su posición institucional y su cercanía con la gobernadora lo colocan en el centro de la sucesión, mientras el resto de los nombres funciona como presión o como moneda de cambio en la negociación interna.

El caso de Jáuregui añade una capa de conflicto. El fiscal enfrenta un proceso judicial federal y su equipo de abogados presentó un amparo para buscar prisión domiciliaria o un traslado a un penal federal en Chihuahua. La acusación ha sido cuestionada jurídicamente, pero políticamente ha servido a Morena para insistir en que "Maru lo entregó". Dentro del panismo, el expediente también se usa para cuestionar decisiones de Palacio.

La lectura política

El pronunciamiento del Consejo funciona como un mecanismo de contención interna más que como una regla obligatoria. Al no ser vinculante, la decisión sobre el método de selección queda en los órganos nacionales del PAN, lo que permite a la dirigencia estatal presentar el acuerdo como una concesión simbólica a los grupos inconformes sin ceder el control real de la candidatura.

La gobernadora gana margen de maniobra: evita una ruptura abierta con los jáureguistas, mantiene la fiesta en paz y conserva la posibilidad de empujar a De la Peña por la vía que el partido decida. Los grupos que respaldan a Jáuregui obtienen un reconocimiento político, pero no una garantía de que su nombre estará en la boleta. El fiscal, preso y con un proceso federal en curso, difícilmente podría competir en condiciones formales, aunque su capital político sigue pesando en la negociación.

La señal rumbo a 2027 es que el PAN de Chihuahua busca ordenar su sucesión municipal sin convertirla en un plebiscito interno que desgaste a la gobernadora. La alianza con otros partidos, aprobada en la misma sesión, sugiere que el panismo estatal se prepara para una contienda de coalición, no para una elección interna cerrada.

El límite de la lectura es claro: no hay candidatura registrada, no hay precandidatura formal de De la Peña y el pronunciamiento no obliga a los órganos nacionales. Lo que existe es un posicionamiento político y una aspiración que se mide en reuniones, no en boletas.

Qué sigue

El equipo jurídico de Jáuregui espera la resolución del juez sobre el amparo para prisión domiciliaria o traslado a un penal federal en Chihuahua. En paralelo, los órganos nacionales del PAN deberán definir el método de selección para la candidatura de la capital, sin que exista una fecha pública comprometida. La precampaña de Cruz Pérez Cuéllar, ya registrado, arrancará el 2 de diciembre en el centro de la capital, lo que pondrá presión adicional sobre el panismo para mostrar unidad y capacidad de movilización.