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Paro en el INE cierra módulos en Coahuila y enciende alerta electoral
Un diputado local advirtió que el conflicto laboral ya afecta la credencialización ciudadana a menos de un año de la elección de diputados federales. El INE ofrece 6% de aumento para 2027, pero sin mesa formal de negociación.
El conflicto laboral del INE ya cerró módulos y suspendió trámites de credencial para votar en Coahuila. El diputado local Gerardo Aguado advirtió que la falta de estabilidad operativa puede afectar la organización de los comicios de 2027, cuando se renueva la Cámara de Diputados, y pidió negociación formal, transparencia presupuestal y reprogramación de citas.
El conflicto laboral del Instituto Nacional Electoral (INE) dejó de ser un asunto interno: módulos de atención cerrados y trámites de credencial para votar suspendidos ya tienen consecuencias directas para la ciudadanía. El diputado local Gerardo Aguado Gómez advirtió que esa afectación preocupa ante la proximidad del proceso electoral de 2027, en el que se renovará la Cámara de Diputados.
El legislador sostuvo que las inconformidades de los trabajadores por salarios insuficientes, jornadas excesivas y condiciones laborales inadecuadas no pueden minimizarse, porque ese personal atiende directamente a la población y sostiene servicios fundamentales de identificación. En Coahuila, cinco módulos suspendieron actividades tras la jornada de protestas, mientras el resto opera con atención parcial y se prevén mayores tiempos de espera.
Aguado reconoció que el INE planteó un incremento salarial del 6 por ciento para una parte del personal operativo a partir de enero de 2027, pero consideró insuficiente ese gesto si no se acompaña de una negociación formal con los trabajadores y de compromisos concretos. El punto crítico, dijo, es que el problema trasciende lo salarial: la falta de estabilidad laboral y operativa puede mermar la capacidad del organismo para cumplir sus responsabilidades durante la organización de los próximos comicios.
El diputado también cuestionó el manejo y la distribución del presupuesto del organismo electoral. Señaló que existen señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones y adquisiciones que deben investigarse con transparencia y respeto al debido proceso, y pidió revisar las prioridades del gasto institucional en medio de la discusión presupuestal para 2027 y de los ajustes planteados al organismo.
Su planteamiento incluye cuatro demandas inmediatas: atender las demandas de los trabajadores, transparentar el ejercicio del presupuesto, garantizar la reapertura de los módulos y reprogramar las citas de los ciudadanos afectados. Aguado precisó que exigir cuentas al INE no equivale a debilitar su autonomía, sino a garantizar que funcione con transparencia, estabilidad y capacidad de respuesta cuando está en juego la confianza ciudadana en las instituciones electorales.
La advertencia no llega aislada. A finales de octubre, el mismo legislador presentó un punto de acuerdo para que se investiguen denuncias por presuntos actos de corrupción vinculadas con la gestión de Guadalupe Taddei Zavala al frente del INE, y afirmó que, a menos de un año de los comicios de 2027, el organismo necesita recuperar la confianza ciudadana y garantizar que su conducción no responda al gobierno ni a ningún partido político.
La lectura política
El movimiento de Aguado funciona en la práctica como un posicionamiento de perfil institucional más que como una candidatura formal: no hay registro, precandidatura ni aspiración declarada, pero el diputado se coloca como voz que vigila al árbitro electoral en un año de discusión presupuestal y de renovación de la Cámara de Diputados. El incentivo es doble: por un lado, capitaliza el descontento ciudadano por módulos cerrados y citas perdidas; por otro, presiona para que la negociación laboral del INE se resuelva antes de que el conflicto se convierta en un problema de organización electoral.
El equilibrio interno del INE queda expuesto. Un aumento del 6 por ciento para 2027, sin mesa formal de negociación, puede leerse como contención administrativa antes que como solución de fondo. Si el paro se extiende o se repite cerca del arranque del proceso electoral, el costo político se traslada al organismo y, por arrastre, a la credibilidad del sistema electoral. La señal para aliados y adversarios es que el conflicto laboral ya tiene traducción electoral y que la transparencia presupuestal será tema de campaña.
Qué sigue
La discusión presupuestal para 2027 y los ajustes planteados al INE marcan el calendario inmediato. El organismo deberá informar si reabre los módulos suspendidos en Coahuila, cómo reprograma las citas afectadas y si instala una mesa formal de negociación con los trabajadores. El punto de acuerdo sobre presuntas irregularidades en contrataciones y adquisiciones sigue pendiente de desahogo en el Congreso local, y la elección de diputados federales de 2027 avanza como fecha de referencia para medir si el conflicto laboral se resuelve o se convierte en un factor de riesgo para la organización comicial.