Paro en módulos del INE amenaza el cierre del padrón rumbo a 2027

Trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazaron el aumento salarial de 6% que ofreció el Instituto y advirtieron con suspender labores en todo el país el 25 de enero de 2027, último día para que la ciudadanía tramite su credencial de elector de cara a los comicios de ese año. La amenaza no es retórica aislada: el 9 de noviembre de 2026 el personal ya realizó un paro nacional que, según el empleado Edgar Fernández, cerró cerca del 80% de los 842 módulos del país.

El conflicto combina una demanda laboral concreta con un calendario electoral que no admite holguras: el 25 de enero de 2027 es la fecha límite para la emisión de credenciales y, sin ella, miles de ciudadanos quedarían fuera del padrón y, por tanto, de la posibilidad de votar en la elección de 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales y cargos locales en las 32 entidades.

El detonante inmediato fue económico. Los inconformes señalan que sus sueldos rondan los 9,600 pesos mensuales y exigen un incremento de al menos 25% o percibir dos salarios mínimos. Rechazaron el 6% ofrecido por el Instituto, que buscaba contener las protestas. A la demanda salarial se suman condiciones de trabajo: jornadas de hasta 12 horas con un descanso de 12 minutos para comer, equipos de cómputo desactualizados y negación frecuente de vacaciones. Una comisión de trabajadores entregó sus peticiones a personal de la consejera Blanca Cruz, presidenta interina del INE tras la renuncia de Guadalupe Taddei, señalada por presuntos conflictos de interés y triangulación de contratos.

El paro ocurre en un momento de fragilidad institucional del INE: la salida de Taddei dejó una presidencia interina y un consejo en transición, justo cuando el Instituto debe operar el arranque formal del proceso electoral. Los trabajadores lo saben y su consigna —"¡Sin módulos no hay credencial y sin padrón no hay elección!"— no es solo una frase de protesta: nombra el punto exacto donde su malestar se convierte en un problema de integridad electoral.

La lectura política

En la práctica, el paro funciona como una medida de presión con capacidad real de alterar el calendario electoral, aunque todavía no constituye un hecho consumado ni una decisión formal del Instituto. Los trabajadores no son un actor con poder de decisión sobre la elección, pero controlan la puerta de entrada al padrón: sin credencial no hay votante y sin votante no hay elección legítima. Esa posición les da un margen de negociación desproporcionado frente a su peso salarial.

El INE enfrenta un dilema de doble filo: ceder a un aumento de 25% o a dos salarios mínimos implica un costo presupuestal que el Instituto tendría que justificar ante la Secretaría de Hacienda en un año de recortes y escrutinio; no cederlo deja abierta la posibilidad de que el 25 de enero de 2027 los módulos no abran. Cada día de paro cerca de la fecha límite reduce la capacidad de emisión de credenciales y traslada el costo a los ciudadanos, no al Instituto.

El movimiento también envía una señal a los partidos y a los aspirantes a las 17 gubernaturas: la operación del árbitro electoral depende de un personal precarizado que puede convertirse en el eslabón más frágil del proceso. Para el gobierno federal, que ha insistido en una reforma electoral después de los comicios de 2027, el conflicto refuerza el argumento de que el INE requiere reestructuración; para la oposición, es evidencia de que la institución opera con recursos insuficientes y condiciones laborales deterioradas.

Un precedente que ayuda a leer el movimiento: en conflictos anteriores, los paros de módulos del INE han funcionado como advertencia y, en algunos casos, se han resuelto con mesas de negociación antes de la fecha límite. La diferencia aquí es el contexto de interinato y la cercanía con el arranque formal del proceso, que reduce el margen de maniobra del Instituto para absorber un paro prolongado.

Qué sigue

La consejera presidenta interina, Blanca Cruz, recibió las peticiones y deberá definir si abre una mesa de negociación formal con una propuesta salarial distinta al 6%. El consejo general del INE tendrá que pronunciarse sobre la viabilidad presupuestal de un aumento mayor y sobre el plan de contingencia para garantizar la emisión de credenciales antes del 25 de enero de 2027. Los trabajadores han advertido que, si no hay respuesta, el paro del 25 de enero se mantiene. La fecha es verificable: ese día se cierra el plazo para tramitar la credencial y, con ello, la puerta de entrada al padrón electoral que sostendrá la elección de 2027.