RUTA 27 · LOW
Partidos en Querétaro piden revisar contratos del INE rumbo a 2027
Somos, Morena y PT coincidieron en el Consejo Local queretano en respaldar la institucionalidad del árbitro, pero con énfasis distintos: supervisión externa, defensa de Taddei y auditorías.
Representantes de Somos, Morena y PT expusieron en el Consejo Local del INE en Querétaro sus posturas sobre los señalamientos de conflicto de interés en contratación de materiales electorales. Coincidieron en respaldar la institucionalidad rumbo a 2027, pero Morena defendió a Guadalupe Taddei mientras Somos pidió vigilancia permanente. No hubo acuerdos ni resoluciones.
Los señalamientos por presuntos conflictos de interés en la contratación de materiales electorales llegaron al Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Querétaro. En la sesión del 30 de octubre, representantes de Somos, Morena y el Partido del Trabajo (PT) fijaron postura sobre la controversia que involucra a la consejera presidenta Guadalupe Taddei. Los tres partidos coincidieron en respaldar la institucionalidad del árbitro y la transparencia del proceso de 2027, pero cada uno colocó el acento en un punto distinto: supervisión externa, defensa de la presidenta y auditorías.
La representante de Somos, Ileana Alejo Coronado, calificó el episodio como un parteaguas para la imagen del organismo. «Es un antes y un después histórico en donde se tiene que limpiar completamente la imagen del INE», declaró, y pidió vigilancia permanente durante todo el proceso electoral. Su intervención funcionó como un emplazamiento público: no cuestionó la validez de las investigaciones en curso, pero sí la suficiencia de los controles internos.
El representante de Morena, Israel Alejandro Pérez Ibarra, tomó la posición inversa. Defendió la actuación de Taddei, sostuvo que las investigaciones en curso muestran disposición para rendir cuentas y rechazó que exista una crisis institucional: «Es un instituto electoral en el cual no existe ningún tipo de crisis». Pérez Ibarra también pidió revisar contratos otorgados a la empresa involucrada, incluido uno que, según afirmó, superó los ocho millones de pesos en Querétaro durante 2021. Ese señalamiento, hecho por el representante morenista y no verificado en la evidencia disponible, apunta a un año anterior a la actual integración del Consejo General, lo que desplaza el foco del conflicto hacia la gestión administrativa previa.
El PT, por conducto de su representante suplente Wladislaw Imanol Rodríguez Sánchez, evitó pronunciarse sobre Taddei y optó por una fórmula institucional: «La fortaleza de las instituciones electorales descansa en las capacidades técnicas, la experiencia y un firme compromiso con la democracia». Respaldó las auditorías que correspondan y llamó a preservar la certeza del proceso. La sesión cerró sin acuerdos ni resoluciones: los posicionamientos no se tradujeron en un pronunciamiento formal del Consejo Local ni en una solicitud de investigación.
La lectura política
El episodio muestra cómo la controversia por contratación electoral ya se procesa en el terreno partidista y no sólo en el administrativo. Ninguno de los tres partidos pidió la salida de Taddei; tampoco la respaldaron de manera unánime. Esa combinación —crítica a los controles sin exigir cabeza, defensa personal sin negar la revisión de contratos— sugiere una estrategia de contención: los partidos buscan llegar a 2027 con el árbitro en funciones, pero con margen para capitalizar el desgaste si las investigaciones avanzan.
Morena tiene el incentivo más claro de blindar a la presidenta del INE, designada en 2023 con el voto de su bancada y sus aliados. Su defensa no es sólo lealtad institucional: una crisis abierta en el árbitro complicaría la organización de la elección presidencial de 2027 y abriría espacio para cuestionar resultados. El PT, aliado histórico del morenismo, acompaña esa posición sin firmarla, lo que le permite mantener distancia si el costo político sube.
Somos, partido local con presencia queretana, no tiene voto en el Consejo General ni capacidad de remover a Taddei. Su intervención funciona como posicionamiento territorial: instala el tema de la transparencia en una entidad donde el INE local y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) comparten responsabilidades de contratación, y lo hace sin romper con la institucionalidad. Es una postura de bajo costo y alto rendimiento simbólico.
El límite de la evidencia es claro: no hay resolución, denuncia formal ni acuerdo del Consejo Local. Lo que existe es un intercambio de posicionamientos que anticipa cómo cada fuerza calibrará el tema del árbitro conforme se acerque el proceso electoral. Ninguna de las intervenciones constituye una candidatura ni una precandidatura; son posicionamientos partidistas en el marco de una sesión de rutina que adquirió peso por el contexto nacional.
Qué sigue
El Consejo General del INE no tiene en la evidencia una sesión programada para resolver la controversia. Las investigaciones administrativas sobre contratación siguen su curso sin plazo público conocido. En Querétaro, el IEEQ informó por separado sobre transparencia en sus propias licitaciones de material electoral, lo que sugiere que el tema se replicará en el ámbito local. La señal para 2027: los partidos ya están midiendo lealtades alrededor del árbitro, y el costo de defenderlo o criticarlo se calculará en función de lo que arrojen las auditorías.
