RUTA 27 · MEDIUM
Pérez Cuéllar demanda a Taboada por daño moral: escudo electoral rumbo a 2027
El morenista llevará la acusación panista de nexos criminales a un litigio civil y electoral, y adelantó que donará al DIF estatal lo que obtenga. Taboada sostiene que el caso del servicio de limpia de Juárez acredita los vínculos.
Cruz Pérez Cuéllar, coordinador de la Transformación en Chihuahua, anunció que demandará por daño moral y en materia electoral a Santiago Taboada, secretario de Acción Política del PAN, por acusarlo de nexos con el crimen organizado. La disputa ocurre mientras se define la sucesión de 2027 en Chihuahua, donde la seguridad de Ciudad Juárez se perfila como el eje del combate político.
Cruz Pérez Cuéllar, coordinador de la Transformación en Chihuahua, anunció que demandará por daño moral y "en términos electorales" a Santiago Taboada, secretario de Acción Política del Partido Acción Nacional (PAN) y delegado de ese partido en la entidad, por sostener que el morenista mantiene vínculos con el crimen organizado. Lo dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, y añadió un detalle que ordena toda la puesta en escena: si obtiene recursos, los donará al DIF estatal.
La acusación que detona el anuncio no es un comentario suelto. Taboada, uno de los operadores políticos de mayor peso del PAN, afirmó que a Pérez Cuéllar "sí se le ha acreditado" relación con grupos delictivos y enlazó el señalamiento con un problema concreto de Ciudad Juárez: el servicio de limpia suspendido porque, según su versión, a quienes prestaban el servicio "ya les cacharon cuentas y depósitos con la delincuencia organizada". En otra intervención mencionó al "principal proveedor de la alcaldía" y a "los Amílcar de Juárez" como parte de una presunta triangulación de recursos de procedencia ilícita.
Pérez Cuéllar respondió con dos calificativos —"cobarde y mentiroso"— y con una hipótesis política: dijo que Taboada habla así por la crisis abierta por el caso Chihuahua y por la traición a la patria que se imputa a César Jáuregui, exfiscal del estado. Negó tener relación con Jáuregui y encuadró todo como guerra sucia.
De la acusación al expediente
El terreno elegido importa. El daño moral es una vía civil que se traduce en dinero y reparación, no en una declaración de culpabilidad penal; la parte "en términos electorales" apunta a la calumnia electoral, un procedimiento ante el órgano comicial con plazos y medidas cautelares. No es la primera vez que Pérez Cuéllar usa ese camino: el 14 de octubre presentó una denuncia ante el Instituto Electoral contra Daniela Álvarez, presidenta estatal del PAN, y la diputada local Joss Vega, por atribuirle los mismos supuestos vínculos, y solicitó medidas cautelares de cara al proceso local 2026-2027.
Ninguna de las dos partes ha exhibido una resolución judicial o administrativa que acredite los hechos que se imputan. Hasta ahora, la acusación de Taboada es una afirmación política y la respuesta de Pérez Cuéllar, un anuncio de litigio. Ese límite conviene retenerlo: el expediente no existe todavía.
La lectura política
La "coordinación de la Transformación" que ejerce Pérez Cuéllar funciona, en la práctica, como una precandidatura de facto a la gubernatura: no hay candidatura registrada ni precampaña formal en curso —él mismo ha situado ese periodo del 2 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027—, pero la figura le da nombre, vocería y recorrido territorial. Desde ahí, la demanda cumple tres funciones.
Primero, cambia de materia. Mientras el PAN quiere discutir seguridad, limpieza y contratos en Juárez, el morenista quiere discutir la conducta del acusador. Quien litiga por daño moral pone el foco en el agravio, no en la investigación.
Segundo, fija un costo. Demandar obliga al secretario de Acción Política del PAN a sostener en tribunales lo que dijo en medios, y le quita margen para repetirlo sin prueba. La donación al DIF estatal desactiva de antemano la lectura de que busca lucrar con el conflicto: convierte una indemnización en capital moral.
Tercero, ordena hacia dentro. Pérez Cuéllar compite por centralidad en un Morena chiahuahuense que apenas procesa su propia conciliación interna, con Andrea Chávez colocada en Ciudad Juárez dentro de la operación cicatriz. Responder con fuerza al PAN lo coloca como el rostro que no se deja tocar y encuadra cualquier duda interna como eco de la guerra sucia. La señal al adversario es igual de clara: Taboada no habla como comentarista, habla como delegado partidista en el estado, y el PAN parece haber decidido que Juárez es el flanco por donde piensa pelear 2027.
El riesgo es simétrico. Un litigio mantiene vivo el tema incómodo —el servicio de limpia, los proveedores, el caso Jáuregui— durante meses, y cada comparecencia reabre la conversación que se quería clausurar. Si la vía electoral prospera, el morenista gana silencio; si se estanca, el expediente se vuelve recordatorio permanente.
Qué sigue
El anuncio no precisó fecha de presentación, tribunal, monto ni si incluirá a más personas: ese dato falta y es el primero que conviene verificar. Después, la eventual solicitud de medidas cautelares ante el órgano electoral local, la respuesta pública de Taboada y del PAN, y la resolución del expediente abierto el 14 de octubre. En el calendario, la precampaña corre del 2 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027, y con ella la discusión dejará de ser entre operadores y entrará, formalmente, en terreno electoral.