RUTA 27 · LOW
PRI acusa desorden en Sinaloa por éxodo de funcionarios a Morena
Paola Gárate sostiene que el proceso electoral local arranca hasta noviembre y cuestiona las renuncias al gabinete estatal; su bancada pide a las autoridades electorales revisar asambleas y registros morenistas.
La diputada local del PRI Paola Gárate Valenzuela calificó de "desorden" que funcionarios del gabinete de Sinaloa renuncien para registrarse en procesos internos de Morena, y afirmó que el proceso electoral local arranca hasta noviembre. Su bancada pidió a las autoridades electorales vigilar esas asambleas por posible acto anticipado. El episodio mide quién fija el calendario real rumbo a 2027.
La diputada local del PRI Paola Gárate Valenzuela calificó como "un desorden" la salida de funcionarios del gabinete de Sinaloa para registrarse en los procesos internos de Morena, y ubicó el arranque del proceso electoral local hasta noviembre. La crítica no es un regaño administrativo: es una disputa por el calendario. Mientras el gobierno estatal pierde mandos medios en plena competencia interna morenista, el PRI intenta instalar la idea de que la elección de 2027 ya empezó sin reglas claras y sin árbitro visible.
Gárate sostuvo que la falta de continuidad en secretarías y direcciones retrasa labores y rompe el seguimiento de los trabajos de cada dependencia. "Es un desorden, no puede ser que se vayan 20 funcionarios a un mismo cargo. No hay tiempos tampoco, el proceso electoral local inicia hasta noviembre", dijo. La cifra es suya: la evidencia disponible no permite verificar cuántos servidores públicos renunciaron ni a qué cargos internos se registraron.
Su compañera de bancada, la coordinadora Irma Moreno Ovalles, llevó la acusación al terreno electoral. Pidió a las autoridades dar seguimiento puntual a las actividades de quienes aspiran a coordinaciones dentro de Morena, al considerar que asambleas y registros podrían constituir actos anticipados de campaña: "asambleas que son abiertamente actos anticipados de campaña, y no hemos escuchado la voz de ninguna autoridad señalando el tema", expuso. Es una acusación política, no una resolución: no hay en la evidencia un pronunciamiento de autoridad electoral que califique esos hechos.
Coordinación hoy, candidatura mañana
El punto jurídico que el PRI introduce, y que conviene separar del ruido, es la diferencia entre cargo partidista y precandidatura. Las coordinaciones estatales o municipales de Morena son posiciones de organización interna; no equivalen a una candidatura registrada ni a una precandidatura formal ante la autoridad electoral. Nadie ha sido postulado aún para un cargo de elección popular por ese mecanismo.
En la práctica, sin embargo, esos procesos operan como filtro: quien gana una coordinación queda colocado en posición de salida para la disputa de 2027, con estructura, territorio y militancia a la vista. Eso explica por qué un funcionario de gabinete decide renunciar antes de que exista, formalmente, contienda alguna. La renuncia no es el requisito legal; es la señal de que el actor lee el proceso interno como la elección real.
La lectura política
El movimiento reparte incentivos distintos. Para Morena, la competencia interna ordena lealtades y resuelve disputas sin abrir el registro formal, pero a costa de dos riesgos: el desgaste administrativo que el PRI exhibe y la exposición legal si las asambleas se confunden con campaña. Para el PRI, la crítica cumple dos funciones simultáneas. Una es programática: defender la continuidad de gobierno. La otra es de posicionamiento. Gárate ya había rechazado las cifras de intención de voto atribuidas a la coordinadora de la 4T en Sinaloa, Imelda Castro Castro, y se declaró dispuesta a encabezar una eventual alianza opositora si la decisión surge de la ciudadanía y no de las cúpulas. Criticar el desorden morenista la coloca, en la práctica, como una de las voces opositoras con mayor visibilidad en el estado.
El equilibrio interno también queda a la vista. La bancada priista no impugna: pide vigilancia. Delegar en la autoridad electoral el costo de calificar los hechos le permite sostener la bandera sin cargar con la prueba, y a la vez presiona al árbitro a pronunciarse. El riesgo de esa ruta es conocido: si no hay sanción ni pronunciamiento, la acusación se desgasta como retórica.
Lo que cambia rumbo a 2027 es la asimetría de calendarios. Si Morena llega con coordinaciones definidas antes de que arranque formalmente el proceso local —que Gárate sitúa en noviembre—, la oposición competirá por definir nombre y alianza mientras el oficialismo ya tiene coordenadas. Ese es el verdadero objeto de la disputa, más que las renuncias concretas.
Qué sigue
Tres verificadores inmediatos. Primero, la conclusión de los procesos internos de Morena en Sinaloa: quiénes quedan en coordinaciones estatales y municipales y cuántas de esas definiciones se resuelven antes del arranque formal del proceso local. Segundo, la respuesta de las autoridades electorales a la solicitud priista de seguimiento; cualquier pronunciamiento sobre actos anticipados fijaría un precedente aplicable a todas las fuerzas políticas, no solo a Morena. Tercero, el arranque formal del proceso electoral local que la diputada ubica en noviembre: ahí se sabrá si las salidas del gabinete se convierten en precandidaturas registradas o quedan como posicionamiento interno. Queda pendiente, además, un dato que la evidencia no ofrece: el listado oficial de renuncias y su impacto real en el funcionamiento de las dependencias.