PRI acusa freno en relevo del INE y alerta riesgo para 2027

El senador del PRI Alejandro Moreno afirmó que la Cámara de Diputados no ha trabajado en la convocatoria para designar a la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y sostuvo que la dilación busca mantener el statu quo en el organismo. La acusación traslada al Congreso una disputa que hasta ahora se libraba en la Fiscalía General de la República (FGR) y coloca la renovación del árbitro electoral en el centro del debate rumbo a 2027.

Moreno sostuvo que no existe avance legislativo: “No han trabajado ni en la convocatoria. Ayer se votó y no hay nada”, dijo, y agregó que “está claro que van a patear el bote y van a querer que el INE se quede como está”. La afirmación es una acusación política, no una resolución judicial ni administrativa: no existe en la evidencia una determinación formal que confirme un propósito deliberado de congelar el relevo.

El señalamiento se produjo junto con los del senador del PAN Mauricio Vila, quien urgió a la FGR a investigar a fondo el caso de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, y advirtió que no ve garantizado el proceso electoral mientras no exista certeza de un árbitro imparcial. Ambos legisladores rechazaron las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien acusó a la oposición de intentar desacreditar la elección de 2027.

La oposición construye un relato de dos eslabones: una fiscalía que no investiga y un Congreso que no convoca. Ese empalme es políticamente eficaz porque permite presentar la parálisis como un mismo diseño, aunque jurídicamente sean procesos distintos y con autoridades diferentes. Hasta ahora, lo verificable es la existencia de denuncias del PRI contra Taddei por presuntos delitos electorales y de corrupción, presentadas en noviembre, y la falta de avances públicos en la convocatoria.

La lectura política

El movimiento de Moreno cumple una función práctica: trasladar la denuncia penal contra Taddei al terreno de la negociación legislativa y convertir la presidencia del INE en moneda de cambio rumbo a 2027. No es una candidatura ni una precandidatura de facto; es un posicionamiento opositor que busca fijar la agenda y obligar al oficialismo a definir el costo político de mantener el statu quo.

El incentivo del PRI es claro. Con una dirigencia que ya presentó denuncias ante la FGR y que busca coaliciones con el PAN en entidades como Chihuahua y Colima, Moreno necesita un tema nacional que cohesione al bloque opositor y le dé visibilidad fuera de los conflictos internos. La presidencia del INE es un asunto de alto impacto y bajo costo: no exige votos en el pleno para denunciarse, pero sí presiona a Morena y a sus aliados.

Para el oficialismo, la parálisis tiene un beneficio y un riesgo. Mantener la integración actual del INE evita abrir una negociación que podría visibilizar divisiones internas y colocar nombres incómodos. El riesgo es que la oposición capitalice la demora como prueba de que el gobierno no quiere un árbitro imparcial, justo cuando la elección de 2027 se perfila como la más disputada del sexenio.

La señal que se envía a aliados y adversarios es que la renovación del INE no avanza por consenso, sino por cálculo. La diferencia entre el nombre formal de la figura —una convocatoria legislativa— y su función política real es que la convocatoria opera como un mecanismo de control del calendario: quien la detiene decide cuándo y bajo qué condiciones se discute la imparcialidad del árbitro.

Qué sigue

La Cámara de Diputados debe emitir la convocatoria para la designación de la nueva presidencia del INE; no hay en la evidencia una fecha comprometida. La FGR mantiene sin resolución pública las denuncias presentadas por el PRI contra Taddei. El bloque opositor anunció que llevará el caso a foros internacionales ante la falta de avances locales. El plazo político es la integración del árbitro electoral antes del arranque formal del proceso de 2027, que aún no tiene fecha de inicio en la evidencia disponible.