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PRI frena convocatoria del INE y exige caída de consejeros rumbo a 2027
Rubén Moreira anticipó el voto de su bancada contra la elección de la nueva presidenta del Consejo General y condicionó cualquier acuerdo a una renovación amplia del sistema electoral.
El PRI en la Cámara de Diputados anunció que votará contra la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Consejo General del INE y pidió la salida de consejeros y de los organismos electorales locales. Rubén Moreira condicionó la certeza de 2027 a una auditoría y renovación del sistema electoral, aunque Morena puede imponer la convocatoria por mayoría.
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, anticipó que su bancada votará contra la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y exigió la salida de los consejeros actuales y de los integrantes de los organismos públicos locales electorales (OPLE). La postura convierte un trámite de renovación en una disputa política sobre la legitimidad de todo el sistema electoral de cara a 2027.
Moreira sostuvo que la convocatoria no resuelve el problema de fondo y que lo que el país requiere es un gran acuerdo nacional para dar certeza a los próximos comicios. “¿De qué sirve esta convocatoria cuando está infectado todo el sistema electoral del país?”, planteó el legislador, y añadió que “es menor ya quién va a ser el presidente del INE con todo el fango que le echaron al sistema electoral mexicano”.
El líder parlamentario no limitó su exigencia a la presidencia del Consejo General. Pidió revisar el INE completo, auditar el padrón electoral, remover a los consejeros que ingresaron por el mecanismo de insaculación y a los designados durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador, así como al titular del Órgano Interno de Control (OIC), a quien señaló de omiso. También demandó la salida de todos los consejeros de los OPLE designados.
El PRI reconoce que Morena y sus aliados pueden aprobar la convocatoria por mayoría, pero advierte que hacerlo sin la oposición les restará capacidad para “lavarse las manos” ante eventuales fallas del proceso. La declaración ocurre después de que diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano presentaron iniciativas para modificar el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) y retirar facultades unilaterales de la presidencia del INE en designaciones y gasto.
Moreira también llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a encabezar un diálogo nacional que incluya a partidos, académicos y expertos. La exigencia de un “gran acuerdo” funciona en la práctica como condición política para acompañar la renovación del árbitro, no como una simple objeción procedimental.
La lectura política
El movimiento del PRI no busca frenar la elección por falta de votos, sino colocar la renovación del INE dentro de una negociación más amplia sobre las reglas de 2027. Con la convocatoria en marcha, el partido se posiciona como el actor que exige una auditoría integral antes de validar a la nueva presidencia. Esa postura le permite reclamar crédito si el proceso se percibe limpio y descargar responsabilidad si se cuestiona.
El cálculo tiene dos destinatarios. Hacia adentro, Moreira ordena a su bancada en un tema de alto perfil y evita que el PRI aparezca como simple espectador de una decisión que Morena puede tomar por mayoría. Hacia afuera, construye un argumento de campaña: si el sistema electoral no se renueva, la oposición tendrá una razón para impugnar los resultados de 2027. La exigencia de remover a consejeros “de tómbola” y a los designados en el sexenio anterior apunta a deslegitimar la composición actual del árbitro.
La salida de Guadalupe Taddei, que Moreira califica de “necesaria y urgente”, no es el centro de su demanda: el PRI quiere una revisión que alcance a los OPLE y al control interno. Ese alcance amplía el conflicto a los congresos locales y a las estructuras que organizan las elecciones estatales, donde se juegan gubernaturas y alcaldías en 2027.
El límite de la maniobra es claro: el PRI no tiene votos suficientes para bloquear la convocatoria y su voto en contra no impide que Morena designe a la nueva presidenta. Lo que el partido gana es margen para condicionar su participación en el proceso y para exigir contrapartidas en la reforma electoral que se discute en San Lázaro. Lo que pierde es capacidad de influir en la designación si se mantiene fuera de la negociación.
Qué sigue
La convocatoria deberá procesarse en la Cámara de Diputados, donde Morena y aliados tienen mayoría para aprobarla. El PRI anticipó que votará en contra y que buscará llevar el debate a la opinión pública. En paralelo, siguen pendientes las iniciativas para modificar el artículo 45 de la LEGIPE y las auditorías al INE que el partido exige. La definición de la nueva presidencia del Consejo General y la respuesta de Sheinbaum al llamado de diálogo marcarán el tono de la relación entre el árbitro y los partidos rumbo a 2027.