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PRI Jalisco promete 125 candidaturas y denuncia presión de Lemus
Laura Haro anunció que el partido competirá en todos los municipios de Jalisco y prepara denuncias penales por presuntas amenazas y condicionamiento de recursos contra alcaldes priistas.
La dirigente del PRI en Jalisco, Laura Haro, anunció que el partido registrará candidaturas en los 125 municipios y que prepara denuncias penales por presuntas amenazas y condicionamiento de recursos atribuidos al gobierno de Pablo Lemus y a Movimiento Ciudadano. El anuncio convierte una acusación en estrategia electoral rumbo a 2027.
La presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro Ramírez, anunció que el partido registrará candidaturas en todos los municipios de la entidad y que prepara denuncias penales por presuntos delitos de amenazas y condicionamiento de recursos contra presidentes municipales priistas. El anuncio no es un trámite de organización interna: es la conversión de una acusación política en una pieza de campaña con casi ocho meses de anticipación al 6 de junio de 2027, cuando Jalisco renovará sus 125 alcaldías y el Congreso local.
Haro sostuvo que el gobierno de Pablo Lemus y Movimiento Ciudadano usan el amedrentamiento para obligar a alcaldes a respaldarlos y a cambiar de color político. Según su versión, la presión se ejerce a través del presupuesto: "Nos están amenazando y todos los días nos dicen que como nuestros diputados no votaron a favor el presupuesto, no van a dar recursos". La dirigente afirmó que a ella misma han intentado cooptarla y advirtió que denunciará penalmente a quienes incurran en esas conductas. Se trata de una acusación pública sin resolución judicial ni administrativa conocida hasta ahora; el gobierno estatal no aparece en la evidencia con una respuesta a estos señalamientos.
El contexto importa. Haro asumió el 13 de octubre la representación propietaria del PRI ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) en el arranque formal del proceso local 2026-2027, y desde entonces ha insistido en el riesgo de intromisión del crimen organizado. Diez días antes de este anuncio, el PRI Jalisco designó delegados municipales y distritales en Puerto Vallarta como parte de su reorganización territorial. La promesa de cubrir los 125 municipios se apoya en esa estructura en construcción, no en una operación ya desplegada.
El otro eje del mensaje fue la seguridad. Haro pidió que la mesa de seguridad opere durante el proceso y recordó el asesinato de Humberto Amezcua en Pihuamo, ocurrido tras señalamientos previos del partido sobre condiciones complejas en los territorios. "¿Qué preocupa? Por supuesto, las condiciones de seguridad", dijo, y añadió que preocupa la amenaza de autoridades municipales y de "quienes no juegan con la ley".
La lectura política
El movimiento cumple una función doble: posiciona a Haro como la voz opositora en Jalisco y fija desde ahora el marco de la contienda municipal. Al acusar al gobierno de Lemus de condicionar recursos, el PRI traslada el debate del terreno administrativo al penal y obliga a Movimiento Ciudadano a defenderse en un tema —el uso del presupuesto— que suele desgastar a quien gobierna. La denuncia anunciada, más que su resultado judicial, opera como herramienta de encuadre: si el gobierno niega, mantiene la conversación; si no responde, la acusación gana espacio.
El incentivo interno también es claro. Con la representación ante el IEPC y el discurso de blindaje electoral, Haro acumula capital político dentro de un partido que necesita reconstruir territorio tras sucesivos reveses. La promesa de candidaturas en todos los municipios es, en la práctica, una señal de supervivencia organizativa: el PRI se presenta como fuerza capaz de competir en todo el estado, no como socio menor de una coalición. Eso importa porque Haro ha hablado de una alianza opositora para frenar a Morena; el anuncio eleva su precio de entrada a cualquier negociación.
El límite es preciso: no hay candidaturas registradas, no hay denuncias presentadas formalmente y no existe resolución que acredite las presiones denunciadas. Lo que hay es un posicionamiento con calendario electoral y una advertencia pública.
Qué sigue
El PRI Jalisco deberá concretar las denuncias penales anunciadas y definir sus mecanismos internos de selección de candidatos. El IEPC tiene ante sí la solicitud de instalar la mesa de seguridad, cuya operación será verificable en las próximas semanas. La respuesta del gobierno de Pablo Lemus y de Movimiento Ciudadano a las acusaciones marcará el tono de la contienda. El plazo decisivo es el registro de candidaturas rumbo al 6 de junio de 2027.