RUTA 27 · MEDIUM
PRI pide mesa de seguridad electoral en Edomex para 2027
La propuesta de Alejandro Castro Hernández busca coordinar a gobierno estatal, fiscalía, INE e IEEM antes de la elección de 1,291 cargos. El Congreso mexiquense aún no define si la respaldará ni con qué alcance.
El diputado Alejandro Castro Hernández, del PRI, propuso al Congreso del Estado de México exhortar al gobierno estatal a instalar una mesa de seguridad electoral para el proceso 2026-2027, en el que se elegirán 1,291 cargos. Plantea sumar a la fiscalía, el INE, el IEEM y los partidos, actualizar el mapa de riesgos y crear un protocolo contra la violencia política. Es un posicionamiento legislativo
El diputado Alejandro Castro Hernández, del PRI, propuso al Congreso del Estado de México exhortar al gobierno estatal a instalar una mesa de seguridad electoral para el proceso 2026-2027. La iniciativa llega antes de que arranque formalmente la contienda en la que se renovarán 1,291 cargos, entre ellos 125 presidencias municipales y 75 diputaciones locales, y coloca el tema de la violencia política en la agenda de la LXII Legislatura mexiquense.
La propuesta no crea la mesa ni obliga al Ejecutivo: es un exhorto, es decir, una recomendación política sin efecto vinculante. Castro Hernández planteó que la mesa opere con enfoque preventivo y coordinación permanente, y que en ella participen las secretarías General de Gobierno y de Seguridad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), las representaciones de los partidos y autoridades federales y municipales, respetando la autonomía de cada institución.
El legislador sostuvo que la participación política es un derecho fundamental y que la democracia empieza antes de la elección, cuando una persona puede reunirse, un partido organizarse o una candidata recorrer su distrito sin amenazas. El exhorto también pide actualizar el Mapa Estatal de Riesgos para la Seguridad Electoral y establecer un Protocolo Estatal de Prevención y Atención de Violencia Política, con criterios objetivos para determinar medidas de protección y procedimientos claros para recibir y dar seguimiento a los casos.
El documento precisa que la mesa debería celebrar reuniones de evaluación y emitir informes públicos sobre la evolución de los riesgos, salvaguardando datos personales e información reservada. Es un diseño razonable en el papel, pero deja en el aire dos cuestiones que el exhorto no resuelve: quién convoca, quién preside y qué pasa si una institución no acude o no comparte información.
La lectura política
En la práctica, la propuesta funciona como un posicionamiento legislativo de bajo costo y alto rendimiento simbólico para el PRI en un territorio donde el partido necesita recuperar centralidad. El Estado de México concentra la elección local más grande del país y el PRI llega a 2027 sin gobierno estatal y con una estructura municipal fragmentada. Levantar la bandera de la seguridad electoral le permite al partido colocarse del lado de la democracia y, al mismo tiempo, señalar un riesgo que el gobierno estatal —de otro signo— tendría que atender.
El movimiento también tiene una lectura institucional. La mesa propuesta mezcla autoridades electorales, de seguridad y de procuración de justicia, lo que en los hechos obligaría a coordinar información sensible entre el IEEM, el INE y la fiscalía estatal. Esa coordinación es necesaria, pero también es un espacio de negociación política: quien controle la agenda de la mesa controla qué riesgos se nombran y cuáles no. El exhorto no define esa conducción, y ahí está el verdadero punto de disputa.
No hay en la evidencia un elemento que permita sostener que Castro Hernández busca una candidatura con esta iniciativa. Se trata de un posicionamiento legislativo, no de una precandidatura de facto ni de una aspiración formal. Lo que sí puede afirmarse es que el diputado construye un tema de perfil propio rumbo al proceso, y que el PRI mexiquense gana un punto de referencia público sobre un asunto que afecta a todos los partidos.
El antecedente inmediato es la propia agenda de seguridad electoral que el INE y el TEPJF han impulsado en elecciones recientes, y que en el Estado de México ha tenido episodios de violencia contra candidatos y dirigentes. La propuesta se suma a ese debate, pero no lo resuelve: un exhorto no sustituye un protocolo operativo ni garantiza presupuesto para protección.
Qué sigue
El exhorto deberá discutirse en el Pleno de la LXII Legislatura mexiquense; no hay fecha confirmada en la evidencia disponible. Si se aprueba, el gobierno estatal decidirá si instala la mesa y con qué formato. El siguiente punto verificable será la respuesta del Ejecutivo estatal y la eventual actualización del Mapa Estatal de Riesgos antes del arranque formal del proceso 2026-2027. También queda por verse si el IEEM y el INE aceptan participar en un espacio convocado desde el Congreso local.