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Proveedores del INE bajo la lupa: red de 2 mil 400 mdp toca dos gestiones
Registros de contratación muestran que Cajas Graf, Corporativo ZEG y Formas Finas participaban en la proveeduría electoral desde 2020, antes de la llegada de Guadalupe Taddei. Las investigaciones posteriores apuntan a simulación de competencia.
Una revisión de contratos del INE muestra que tres empresas señaladas por presunta simulación de competencia ya participaban en la proveeduría electoral desde 2020, cuando Lorenzo Córdova presidía el organismo. La red investigada por la ASF, el Órgano Interno de Control y la Secretaría Anticorrupción superaría los 2 mil 400 millones de pesos y atraviesa dos gestiones distintas, lo que complica la
La revisión de procedimientos de contratación del Instituto Nacional Electoral (INE) ubica a Cajas Graf, Corporativo ZEG y Formas Finas y Materiales en la proveeduría electoral desde el proceso 2020-2021, cuando Lorenzo Córdova encabezaba el organismo. El dato importa porque las investigaciones posteriores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Órgano Interno de Control del INE y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno apuntan a posibles mecanismos de simulación de competencia entre proveedores de materiales electorales, con coincidencias en domicilios fiscales, socios, apoderados y representantes legales.
El monto asociado a esa red superaría los 2 mil 400 millones de pesos a lo largo de varios años, según las investigaciones referidas en la documentación. La cifra no corresponde a un solo contrato ni a una sola administración: los registros revisados abarcan 2019, 2021, 2022 y 2023, y provienen de adjudicaciones directas, licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos tres personas disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia.
El caso de Corporativo ZEG ilustra el patrón. La empresa aparece en cinco registros de tres procedimientos distintos para materiales electorales, pero en ninguno resultó adjudicataria. Participó en concursos donde ganaron Carton Plast, GRUMMEC, Plásticos y Metales MYC, Productos Metálicos Alfil y Máquilas Plásticas Poliducto, con contratos que en conjunto sumaron decenas de millones de pesos. Su presencia recurrente sin adjudicación permite documentar su actividad en distintos segmentos del mercado, pero no acredita por sí sola una coordinación entre competidores.
Formas Finas ofrece un expediente más delicado. En la adjudicación directa AD-0152-2023 obtuvo un contrato por 668 mil 160 pesos para elaborar hojas de instrucciones del Acta de Escrutinio y Cómputo. El expediente contiene cinco cotizaciones, entre ellas una de 887 mil 400 pesos de GRUMMEC y otra de 699 mil 480 de Impresora Silvaform. También aparece una propuesta de 269 mil 352 pesos registrada con el RFC LOGN770217B28, sin razón social identificable en el archivo consultado. La diferencia de casi 400 mil pesos respecto del monto adjudicado plantea la pregunta de quién presentó esa oferta y por qué no ganó.
En el procedimiento AD-0139-2023, Formas Finas cotizó 4 millones 50 mil 720 pesos por bolsas para hojas de instrucciones, mientras Máquilas Plásticas Poliducto obtuvo el contrato por 396 mil 720 pesos. La diferencia supera diez veces el importe adjudicado, aunque por sí sola no demuestra sobreprecio: haría falta verificar que cantidades, especificaciones técnicas y condiciones comerciales fueran equivalentes.
La lectura política
El hallazgo descoloca una narrativa cómoda. Si las empresas señaladas ya competían por contratos del INE desde 2020, el problema de la proveeduría electoral no puede atribuirse únicamente a la gestión de Guadalupe Taddei. La continuidad documentada entre dos administraciones distintas sugiere que el riesgo de simulación de competencia es estructural y no producto de un cambio de mando.
Para el árbitro electoral, la consecuencia es doble. Hacia adentro, el Órgano Interno de Control y la Secretaría Anticorrupción tienen expedientes que atraviesan sexenios y gestiones, lo que complica cualquier intento de acotar responsabilidades a un periodo. Hacia afuera, el INE llega al ciclo rumbo a 2027 con una pregunta abierta sobre la integridad de su cadena de suministro: boletas, bolsas, marcadores y actas son insumos cuya calidad y costo inciden directamente en la confianza del proceso.
El incentivo de los actores es claro. La oposición tiene material para cuestionar la gestión actual sin absolver a la anterior; el oficialismo puede señalar que el problema viene de antes. Ninguna de las dos lecturas agota el asunto: lo que está en juego es si el INE puede demostrar que sus procedimientos de contratación resisten la revisión y que las sanciones, si proceden, alcanzan a quien corresponda sin cálculo político.
La señal rumbo a 2027 es que la proveeduría electoral deja de ser un tema administrativo y se convierte en un flanco de credibilidad. Cualquier reforma al modelo de compras del INE, cualquier sanción o cualquier absolución será leída en clave política, aunque se resuelva en el terreno administrativo.
Qué sigue
Los expedientes de la ASF, el Órgano Interno de Control del INE y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno deberán resolver si existen elementos para sancionar a las empresas y a los servidores públicos involucrados. Falta conocer la identidad del proveedor registrado con el RFC LOGN770217B28 y la justificación técnica por la que su propuesta, casi 400 mil pesos más baja, no fue considerada. También queda pendiente verificar si las cotizaciones disímiles corresponden a especificaciones equivalentes. El INE no ha fijado una fecha pública para pronunciarse sobre el conjunto de los contratos revisados.