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PVEM y PT buscan acotar promesas de campaña en Quintana Roo rumbo a 2027
La iniciativa obliga a candidatos a distinguir lo que pueden ejecutar de lo que solo pueden gestionar. No define sanciones concretas ni plazos para promesas incumplidas.
Diputados del PVEM y PT en Quintana Roo presentaron una reforma electoral para obligar a candidatos a que sus propuestas correspondan a las facultades reales del cargo. Buscan frenar promesas de pavimentación o apoyos que corresponden a otras autoridades. La iniciativa no fija sanciones específicas y debe aprobarse 90 días antes de las elecciones de 2027.
Los diputados María José Osorio Rosas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Hugo Alday Nieto, del Partido del Trabajo (PT), presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Quintana Roo. La propuesta obliga a los candidatos a que sus propuestas de campaña correspondan estrictamente a las facultades del cargo al que se postulan. El asunto fue turnado a la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del Congreso local.
El documento modifica los artículos 285, 396 y 397. La reforma exige que las propuestas, compromisos y planes de trabajo difundidos en campaña se limiten al marco de atribuciones constitucionales y legales del cargo en disputa. Cuando una propuesta dependa de otros niveles de gobierno, poderes del Estado u organismos autónomos, la propaganda deberá identificarla expresamente como una gestión institucional o intermediación pública, no como una facultad de ejecución directa.
La exposición de motivos señala que durante las campañas es frecuente que aspirantes a diputaciones locales prometan pavimentación de calles, construcción de infraestructura, ejecución de obras públicas y entrega de apoyos sociales, pese a que esas acciones corresponden a otras autoridades. El artículo 396 incorporaría como infracción para los partidos la difusión de propuestas que atribuyan a la candidatura facultades de ejecución ajenas, sin precisar que se trata de una gestión. El artículo 397 extiende la obligación a las candidaturas independientes.
Sin embargo, la iniciativa no puntualiza multas específicas ni si las conductas podrían derivar en la pérdida de candidaturas. Solo remite a las sanciones "conforme a la legislación electoral". Además, sujeta a los actores a presentar informes anuales sobre sus promesas de campaña, para darles seguimiento después de los comicios. Los legisladores promoventes no respondieron a solicitudes para precisar los alcances reales de las sanciones.
La lectura política
La iniciativa funciona como un gesto de perfilamiento político de Osorio Rosas, quien en octubre anunció que buscará la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Playa del Carmen. No es una candidatura formal ni una precandidatura registrada: es un posicionamiento público que usa el cargo legislativo para construir un tema de agenda propio. La propuesta le permite presentarse como alguien que ordena la oferta electoral y combate la demagogia, un mensaje con rendimiento potencial ante electorados urbanos que distinguen entre promesa y gestión.
El PVEM y el PT aparecen como promotores conjuntos de una reforma que, en la práctica, no altera el equilibrio de poder entre partidos ni impone costos inmediatos a nadie. Al no fijar sanciones concretas, la iniciativa deja la parte más costosa de la regulación a la legislación secundaria y a la interpretación del Instituto Electoral de Quintana Roo. Eso reduce la resistencia de los propios partidos, que no enfrentan un régimen de infracciones cerrado, pero también diluye el efecto disuasivo que anuncia su título.
El calendario importa. Para aplicar en 2027, la reforma debe aprobarse al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral, y solo requiere mayoría simple de los 25 diputados. La iniciativa llega en un momento en que el Congreso local puede ordenar reglas de competencia sin tocar aún la integración de candidaturas. Si avanza, el Instituto Electoral local tendrá que adecuar su reglamentación, lo que abre una segunda negociación sobre cómo se verifica una promesa y quién la califica como fuera de facultades.
Qué sigue
La Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos deberá dictaminar la iniciativa. Si el dictamen llega al pleno y se aprueba por mayoría simple, el Instituto Electoral de Quintana Roo tendrá que realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes antes del plazo de 90 días previo al inicio del proceso electoral de 2027. Queda por definir si el dictamen incorpora sanciones específicas o si mantiene la remisión genérica a la legislación electoral vigente.