Recomendación de un contratista colocó a la asesora informal de Taddei en el INE

El empresario José Alfredo Hernández Casillas recomendó a Lourdes Piña Soria para integrarse al equipo de comunicación de Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE). La revelación no descubre a una desconocida: Piña operó durante dos años en el primer círculo de la consejera presidenta sin cargo formal, sin aparecer en la nómina y sin registro en la estructura orgánica del instituto. Funcionarios y exfuncionarios del INE confirmaron que "Lulú" llegó en 2024 como parte de un grupo de allegados colocados por el empresario, el mismo proveedor de materiales electorales que aparece en videos y audios difundidos sobre presuntos favores y contratos.

La escena que describe el equipo de Taddei es elocuente: en las sesiones del Consejo, Piña se acercaba a la consejera presidenta, le hablaba al oído y le pasaba tarjetas frente a consejeros y representantes de partido que desconocían su función. En la práctica, una asesora sin nombramiento dirigía reuniones en la sala de juntas de la presidencia, giraba instrucciones y delineaba la estrategia de comunicación del árbitro electoral.

El grupo recomendado por Hernández Casillas no se limitó a la comunicación. Incluyó a José Alberto Pérez de Acha en Servicios de Informática, a Iliana Araceli Hernández Gómez en la Unidad de Género, a Mario Burciaga en Recursos Materiales, a Sergio Uzeta en Comunicación Social y a Claudia Arlett Espino, quien renunció como secretaria ejecutiva horas antes del arranque del proceso electoral. La mayoría de esos funcionarios ya causaron baja y están vinculados a procesos que investigan el Órgano Interno de Control (OIC) del INE y la Auditoría Superior de la Federación.

Piña Soria nunca figuró en las observaciones del OIC. Su relación era personal con Taddei. Convivió con los tres coordinadores de comunicación social que tuvo la presidencia y accedió a los debates presidenciales de 2024, según funcionarios. En diciembre de ese año fundó con Uzeta la Agencia Veritas Vox, desde la que organizó cursos para candidatos judiciales y produjo cápsulas sobre la elección de jueces. Su agencia forma parte de una empresa inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del INE desde 2021, Marketing Mates, razón social Unordinary Business Consultants, que recibió contratos durante la gestión de Taddei.

El patrón de contratación quedó documentado. En 2024 Piña ordenó capacitar a los responsables de comunicación de las 32 Juntas Locales mediante esa empresa. Un año después, cuando la coordinadora Carmen Urías se negó a entregar un contrato para un documental sobre la elección judicial, Taddei congeló la relación con ella; Urías renunció y Uzeta ocupó su lugar. Con él se formalizaron tres contratos bajo investigación: uno por 1.057.000 pesos para un documental que nadie ha visto y otro por 883.990 pesos a Unordinary Business Consultants, ambos por adjudicación directa.

La lectura política

El caso no es una falta administrativa aislada. El patrón sugiere que la presidencia del INE operó con un segundo centro de mando informal, sin controles internos y sin trazabilidad pública, en el que un proveedor externo recomendaba personal y una asesora sin cargo ordenaba contratos. Eso importa porque el árbitro electoral administra el padrón, el financiamiento, la fiscalización y la organización de la elección presidencial de 2027. La captura informal de sus áreas de comunicación y recursos materiales no es un detalle cosmético: define qué se informa, a quién se contrata y bajo qué reglas se gasta.

La red de Hernández Casillas conecta piezas que ya aparecían dispersas: los videos donde se le atribuyen presuntos favores a funcionarios, la mansión y el departamento puestos a disposición de los hijos de Taddei, y una grabación en la que presuntamente advierte que si le pasa algo "se lleva" a la consejera y al INE. Esa secuencia describe una relación de mutua dependencia entre un proveedor y la presidencia del instituto, no una simple recomendación de currículum. La filtración escalonada sugiere que alguien con acceso a esa relación está midiendo el costo de sostenerla o romperla.

Para los partidos, el saldo es una crisis de confianza en el árbitro a menos de un año de que arranque formalmente el proceso 2027. Para el INE, el riesgo es que el OIC y la Auditoría Superior concluyan investigaciones sobre contratos adjudicados directamente a empresas ligadas a la propia asesora. Y para Taddei, la pregunta deja de ser quién recomendó a quién y pasa a ser quién respondía por los recursos del instituto cuando firmaba la presidencia.

Qué sigue

El OIC del INE y la Auditoría Superior de la Federación mantienen abiertos los expedientes por los contratos INE/ADQ-165/25 y 166/25. Falta que esas instancias determinen responsabilidades administrativas y que el Consejo General reciba un informe sobre la contratación durante la gestión de Taddei. También queda pendiente saber si los tres directivos de Comunicación que siguen en el cargo, señalados como colaboradores de Veritas Vox, permanecen en sus puestos y bajo qué procedimiento se revisó su ingreso.