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Relator del TSE frena el 'tercer turno' contra Lula y Alckmin
Ricardo Villas Bôas Cueva quedó a cargo de las 11 acciones de Flávio Bolsonaro y las tres del Partido Novo contra la chapa ganadora. Su señal de trámite regular, sin prisa, enfría la ofensiva opositora en la antesala de 2027.

El ministro Ricardo Villas Bôas Cueva fue designado relator de las 11 acciones de investigación judicial electoral de Flávio Bolsonaro y las tres del Partido Novo contra la chapa Lula-Alckmin. Cueva ha indicado que tramitará los casos con regularidad y sin prisa, lo que reduce el margen de la oposición para forzar una revisión del resultado electoral rumbo a 2027.
El ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, quedó como relator de las 11 acciones de investigación judicial electoral (AIJE) que el senador Flávio Bolsonaro presentó contra la chapa Lula-Alckmin, además de otras tres del Partido Novo. La designación concentra en un solo magistrado la ofensiva jurídica de la oposición contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su vice, Geraldo Alckmin, y define el ritmo de un expediente que podría alterar el resultado de las elecciones.
Cueva, que también ejerce como corregidor general de la Justicia Electoral, ha transmitido a interlocutores que la tramitación será regular y sin sobresaltos, es decir, sin prisa. En un despacho protocolar del jueves 5 de noviembre, ordenó notificar a Lula y Alckmin para que presenten su defensa en cinco días en una de las acciones del Novo, que acusa al petista de lanzar 35 medidas para crear o ampliar beneficios con miras a la reelección, como el reajuste del 15% al Bolsa Família y la prórroga de la subvención al diésel.
Las acciones de Flávio Bolsonaro apuntan a un catálogo amplio de presuntos abusos: el canal "Exército do Lula", el desfile de la Acadêmicos de Niterói con el jingle petista, el uso de plataformas oficiales como Gov.br y Agência Brasil, la cobertura de la EBC y el aumento de gastos de la Secretaría de Comunicación Social. El Partido Novo, por su parte, sostiene que las medidas económicas anunciadas en plena campaña constituyeron un uso indebido de recursos públicos.
El escenario extremo que plantean estas acciones es la cassación de la chapa y la declaración de inelegibilidad de Lula y Alckmin por ocho años, hasta 2034, cuando el presidente tendría 88 años. También podrían derivar en nuevas elecciones: directas si la cassación se produce en los dos primeros años del mandato, o indirectas si ocurre en los últimos dos. Nunca el TSE ha cassado a un presidente en ejercicio; el precedente más cercano es el juicio de 2017 contra la chapa Dilma-Temer, absuelta por 4 votos a 3, con el voto decisivo de Gilmar Mendes.
La lectura política
El movimiento de Cueva no es una decisión sobre el fondo, pero sí una señal política de primer orden. Al asumir la relatoría con un discurso de trámite regular y sin prisa, el magistrado envía a la oposición el mensaje de que el TSE no funcionará como una tercera instancia electoral capaz de revertir el resultado de las urnas. La función práctica de esa postura es enfriar la expectativa de un "tercer turno" judicial y desactivar la presión que Flávio Bolsonaro y el Novo intentan ejercer sobre la corte.
El incentivo de la oposición es claro: mantener vivo el relato de un Lula ilegítimo por abuso de poder y movilizar a su base con la promesa de una revisión judicial. El incentivo del tribunal es distinto: preservar la estabilidad institucional y evitar que el TSE quede atrapado en una disputa política de largo aliento. Cueva deja el TSE en diciembre de 2027 y la corregiduría pasará a Sebastião dos Reis Junior, también del Superior Tribunal de Justicia y de perfil similar, lo que sugiere continuidad en la conducción prudente de los expedientes.
La designación también ordena el equilibrio interno de la corte. Al concentrar las acciones en un magistrado ponderado, el TSE evita que el caso se fragmente en relatorías con ritmos distintos y reduce el riesgo de decisiones contradictorias. Para los aliados de Lula, la señal es de tranquilidad: el riesgo de cassación existe en el papel, pero no corre prisa en el calendario. Para la oposición, la señal es de que su ofensiva jurídica no encontrará atajos.
Rumbo a 2027, el movimiento importa porque define el terreno de la disputa. Si el TSE tramita las acciones sin urgencia, la oposición perderá el principal atajo institucional para cuestionar la legitimidad del gobierno y deberá trasladar su ofensiva al terreno electoral y legislativo. Si, por el contrario, el tribunal acelera alguna de las acciones, el escenario de una cassación volvería al centro del debate y abriría una crisis política de consecuencias imprevisibles.
Qué sigue
Lula y Alckmin tienen cinco días para presentar su defensa en la acción del Novo notificada el 5 de noviembre. A partir de ahí, el expediente entrará en la fase de producción de pruebas, con la posibilidad de que el relator convoque a testigos y solicite informes a la Secretaría de Comunicación Social, la EBC y las centrales sindicales señaladas. El calendario del TSE no está definido, pero la salida de Cueva en diciembre de 2027 marca un límite temporal: cualquier decisión de fondo deberá producirse antes de esa fecha o quedar en manos de su sucesor. La oposición, mientras tanto, evalúa si mantiene la presión jurídica o la traslada al Congreso.
