RUTA 27 · MEDIUM
Senado abre la puerta a que la sociedad civil elija a la próxima presidenta del INE
Higinio Martínez propone que organizaciones civiles intervengan en la selección de la nueva titular del árbitro electoral, aunque la votación seguirá en la Cámara de Diputados.
El presidente del Senado, Higinio Martínez, propuso que la sociedad civil participe en la selección de la próxima presidenta del INE, luego del escándalo de corrupción que sacudió al organismo. La decisión final sigue en la Cámara de Diputados, pero el planteamiento reabre quién controla al árbitro electoral a un año de los comicios de 2027.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, propuso que la sociedad civil intervenga en la selección de la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), al sostener que la renovación de la dirigencia del árbitro no debería quedar exclusivamente en manos de los partidos y de la Cámara de Diputados. La declaración, hecha el 9 de noviembre de 2026, no cambia por sí sola el procedimiento legal, pero introduce una variable política en una decisión que ordena la elección federal de 2027.
La propuesta de Martínez llega en un momento en que el INE está bajo escrutinio por presuntas irregularidades administrativas y por el manejo de contrataciones, lo que ha erosionado la confianza de varios actores políticos en su conducción. El legislador vinculó su planteamiento con el combate a la corrupción y con la necesidad de que los nuevos funcionarios cumplan criterios de honestidad e integridad. "Yo diría así, los diputados perdieron la oportunidad de elegir a la presidenta... Corresponde ahora a la sociedad civil representada por ustedes", expresó, según la cobertura del hecho.
El propio Martínez reconoció el límite de su propuesta: la designación final deberá pasar por la Cámara de Diputados, instancia que tiene la facultad de votar a la nueva consejera presidenta. Es decir, no se trata de una reforma legal consumada ni de un cambio al procedimiento vigente, sino de un posicionamiento que busca modificar la manera en que se construye la propuesta de quién ocupará uno de los cargos más sensibles para la vida democrática del país.
La lectura política
En la práctica, la propuesta funciona como un movimiento para desplazar el costo político de la designación hacia la sociedad civil, en un contexto donde el INE llega desgastado a la antesala de 2027. Si la elección de la nueva presidenta se percibe como un reparto entre partidos, el desgaste lo absorben los legisladores; si se presenta como una decisión con participación ciudadana, el costo se distribuye y el árbitro puede recuperar legitimidad ante los ojos del electorado.
El incentivo de Martínez no es menor. Como presidente del Senado y figura de Morena, ha impulsado un paquete de reformas anticorrupción que incluye la eliminación del fuero constitucional, y ha citado los escándalos del INE como argumento. Ese paquete y esta propuesta se refuerzan mutuamente: colocan a Morena en la posición de quien exige transparencia en el árbitro electoral, sin asumir el control directo de su dirigencia. Es una señal hacia aliados y adversarios: el partido en el poder no quiere aparecer como el que impone a la próxima presidenta del INE, pero tampoco quiere quedar fuera de la conversación sobre quién la elige.
El equilibrio interno también cuenta. Martínez ha llamado a mantener la calma ante las inconformidades por las definiciones de candidaturas de Morena rumbo a 2027 y ha reconocido que esas disputas generan inconformidad entre aspirantes y aliados. La propuesta sobre el INE le permite proyectar un perfil institucional y de combate a la corrupción en un momento en que su partido enfrenta tensiones internas por la repartición de candidaturas. No es una candidatura formal ni una precandidatura, pero sí un posicionamiento que ordena su perfil público.
El límite legal es claro: la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen que la Cámara de Diputados elige a los consejeros del INE mediante votación calificada, a partir de propuestas de la Junta de Coordinación Política. Ninguna organización civil tiene hoy facultad formal para intervenir en esa votación, por lo que la propuesta de Martínez requiere una reforma legal o, al menos, un acuerdo político que la haga operativa. Sin ese cambio, la participación ciudadana quedaría en el terreno de la consulta informal o del acompañamiento, no en la decisión vinculante.
Qué sigue
La ruta verificable pasa por la Cámara de Diputados, que deberá procesar la renovación de la presidencia del INE conforme al procedimiento vigente. No hay fecha confirmada en la evidencia disponible para la votación, pero el calendario electoral de 2027 presiona: el árbitro debe estar consolidado antes del arranque formal del proceso. Si la propuesta de Martínez prospera como reforma, requeriría dictamen, votación en ambas cámaras y publicación; si se queda como declaración, su efecto será medir lealtades y posicionar el tema en la agenda. La pregunta que queda abierta es si la sociedad civil tendrá un papel vinculante o solo simbólico en la decisión más importante del árbitro electoral rumbo a 2027.