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RUTA 27 · MEDIUM

Senadora ausente pide licencia de 35 días para cobrar dieta completa

Karina Ruiz Ruiz, que no se presenta al Senado desde hace 72 días y reside en Estados Unidos, se separa del cargo justo antes del receso para evitar más faltas y regresar con pago íntegro. El Senado le mantuvo la dieta pese a las inasistencias.

Ilustración editorial de Ruta 27 sobre Congreso y reglas electorales
Ilustración editorial de Ruta 27.
EN 30 SEGUNDOS

La senadora morenista Karina Ruiz Ruiz, ausente 72 días y residente en Estados Unidos, pidió licencia por 35 días para separarse del cargo antes del receso legislativo y regresar a cobrar su dieta íntegra desde el 16 de diciembre. El Senado le mantuvo pagos por 335 mil pesos pese a faltas que su propio reglamento obliga a sancionar. El caso exhibe la laxitud del control interno y complica el discu

La senadora morenista Karina Ruiz Ruiz solicitó licencia para separarse del cargo por 35 días, justo antes de que concluya el periodo ordinario, con el fin de evitar más inasistencias injustificadas y regresar a cobrar su dieta íntegra durante el receso legislativo a partir del 16 de diciembre. La solicitud ocurre después de 72 días sin presentarse a trabajar y de que el Senado le mantuviera el pago de su dieta mensual, por un monto acumulado de 335 mil pesos, pese a que su propio Reglamento obliga a dar de baja a los legisladores con diez ausencias continuas.

El caso combina una anomalía migratoria y una laxitud institucional. Ruiz Ruiz, primera senadora migrante en ocupar un escaño, reside en Estados Unidos y su permiso de residencia en ese país venció, por lo que no puede salir de territorio estadunidense sin perder la posibilidad de reingresar. Esa circunstancia no está contemplada entre las causales del artículo 62 del Reglamento del Senado para justificar ausencias, que sólo admite enfermedad, motivos de salud, periodos pre y post parto o encomiendas oficiales. El Senado justificó 12 inasistencias al pleno para evitar la obligación de darle de baja, pero a partir del 20 de octubre ya no pudo sostener el artificio y acumuló seis faltas continuas injustificadas: 20, 21, 27 y 28 de octubre, 3 y 4 de noviembre.

La licencia solicitada tiene un timing que la explica por sí sola: se pide cuando ya no hay forma de justificar más ausencias y se extiende sólo por los 35 días que restan al periodo ordinario, de modo que la legisladora pueda reincorporarse formalmente en el receso y cobrar sin faltar al pleno. La maniobra no resuelve el fondo del problema —la imposibilidad material de ejercer el cargo— sino que administra el calendario para proteger el ingreso y evitar la sanción reglamentaria.

El antecedente inmediato refuerza la lectura instrumental. En la última semana de septiembre, ante la urgencia de Morena por aprobar la reforma constitucional de nacionalidad única para candidatos a gobernadores y Presidencia, Ruiz Ruiz solicitó licencia para que su suplente votara y de inmediato informó que regresaba a su escaño. Es decir, la licencia ya había sido usada antes como herramienta operativa del grupo parlamentario, no como una decisión personal de separación del cargo.

La lectura política

El movimiento tiene una función práctica clara: preservar el escaño y el ingreso de una legisladora cuya situación migratoria le impide cumplir el trabajo presencial, sin que el Senado tenga que aplicar la baja que su Reglamento prevé. En términos formales no hay candidatura ni precandidatura de por medio; se trata de una licencia administrativa. Pero en la práctica funciona como un mecanismo de protección política que evita una vacante incómoda para Morena y una discusión pública sobre la disciplina interna del grupo parlamentario.

Los incentivos son distintos para cada actor. Para la senadora, la licencia conserva fuero, dieta y posición institucional. Para la bancada de Morena, evita una baja que reduciría su número en el pleno y abriría la puerta a que la oposición convirtiera el caso en un símbolo de la contradicción entre el discurso de austeridad y la protección de privilegios. Para el Senado como institución, la decisión de mantener pagos y justificar ausencias fuera del catálogo reglamentario erosiona la autoridad de su propio marco normativo y sienta un precedente de laxitud aplicable a cualquier legislador con una circunstancia personal no prevista.

La crítica opositora ya tomó forma. La priista Carolina Viggiano calificó el caso como "una contradicción absoluta" y señaló la paradoja de que Morena impulse una reforma de nacionalidad única mientras protege a una senadora que vive en Estados Unidos. Esa línea argumental tiene recorrido rumbo a 2027: el caso ofrece a la oposición un ejemplo concreto para disputar el relato morenista de ejemplaridad y para exigir criterios uniformes de asistencia y remuneración legislativa.

El límite de la lectura política es claro: no hay evidencia de que la licencia busque posicionar a Ruiz Ruiz para una candidatura futura ni de que exista una negociación sucesoria detrás. Lo que el expediente permite sostener es que la licencia opera como un blindaje administrativo y como una señal de que la disciplina interna de Morena en el Senado se aplica de manera selectiva.

Qué sigue

El Senado deberá resolver la solicitud de licencia en el pleno o en la Mesa Directiva, según el trámite aplicable, antes de que concluya el periodo ordinario. La pregunta verificable es si la licencia se aprueba sin cuestionamiento o si alguna fracción exige una revisión del criterio con que se justificaron las 12 inasistencias previas. También queda pendiente saber si la senadora se reincorpora formalmente el 16 de diciembre y si el Senado emite algún criterio público sobre el pago de dietas durante ausencias justificadas por licencia. El caso, además, deja abierta la discusión sobre si el Reglamento del Senado necesita una actualización para contemplar situaciones migratorias o de residencia en el extranjero, hoy ausentes del catálogo de causales.