Sheinbaum amplía el control político sobre Talleres Gráficos del INE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció en su conferencia matutina que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentará mañana o la próxima semana una iniciativa para fortalecer Talleres Gráficos del INE. El paquete contempla modificaciones al Consejo de Administración para ampliarlo e incorporar a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y a la Consejería Jurídica, además de sumar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Tecnológico de Monterrey y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) como observadores.

El anuncio no es menor por el lugar que ocupa la institución: Talleres Gráficos del Instituto Nacional Electoral (INE) imprime boletas, actas, credenciales y documentación del proceso electoral. Tocar su gobierno corporativo es tocar la cadena de producción material de la elección de 2027.

La iniciativa traslada al órgano que imprime boletas una discusión que hasta ahora se libraba en el terreno de los contratos y el gasto del INE. En los últimos días Sheinbaum exigió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR) revisen contrataciones del instituto por más de 2 mil millones de pesos, pidió a los consejeros electorales reducir salarios y dejar de definir si procede encarcelar a Guadalupe Taddei por presuntas irregularidades.

El diseño anunciado tiene tres piezas. La primera es técnica: se fortalece el área operativa del taller. La segunda es de gobierno: el Consejo de Administración se amplía con dependencias del Ejecutivo, entre ellas la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Consejería Jurídica. La tercera es simbólica: las tres universidades más visibles del país entran como observadoras, no como integrantes con voto.

La incorporación de la Secretaría Anticorrupción y la Consejería Jurídica al Consejo de Administración es el cambio con mayor consecuencia práctica, porque coloca a dos áreas del Ejecutivo federal dentro del órgano que gobierna al taller. Las universidades, en cambio, entran como observadoras: dan legitimidad pública y cubren el flanco de la objeción sobre control partidista, pero no alteran por sí solas las mayorías de decisión.

La lectura política

En la práctica, la iniciativa funciona como una pieza más de la ofensiva del Ejecutivo sobre el INE en el arranque del ciclo electoral de 2027. No es una candidatura ni una precandidatura: no hay actor postulándose a nada. Es un movimiento de reordenamiento institucional que busca cambiar quién vigila y quién decide en una de las áreas más sensibles del árbitro.

El incentivo es claro. El gobierno federal ha construido un relato de opacidad y sobrecosto en el INE, y ahora traslada ese relato a una reforma concreta. Ganar presencia en el Consejo de Administración del taller le da margen de maniobra sobre contratos, proveedores y tiempos de producción. Para los partidos opositores, el costo es doble: deben discutir la letra de una reforma técnica mientras el debate público ya está encuadrado como combate a la corrupción.

El precedente verificable es la propia secuencia de esta semana: primero la exigencia de investigar contratos, después la demanda de reducir salarios y ahora la propuesta de reordenar el taller. La reforma electoral de fondo —eliminar plurinominales, reducir financiamiento— Sheinbaum la ha colocado después de los comicios de 2027. La del taller llega antes.

La señal a aliados y adversarios también importa. Para el movimiento gubernamental, la iniciativa demuestra que la presión sobre el INE no se queda en declaraciones. Para la oposición, confirma que el árbitro seguirá siendo objeto de disputa hasta la boleta. Falta un elemento para sostener una lectura más fuerte: no se conoce todavía el texto, el alcance exacto de las facultades del nuevo Consejo ni si la reforma requiere cambios legales o sólo administrativos.

Qué sigue

El paso inmediato es la presentación de la iniciativa por Rosa Icela Rodríguez, anunciada para mañana o la próxima semana, sin fecha cerrada. Después deberá conocerse el texto, la vía legislativa o administrativa, el número exacto de integrantes del nuevo Consejo y la formalización del carácter de las universidades como observadoras, con o sin voz. La discusión llega en plena precampaña y con el caso Taddei abierto en la FGR, lo que garantiza que el tema se mezcle con la contienda.